La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Acción Democrática Nacional y algunos independientes, aprobaron una Resolución que no tiene efecto jurídico.
La decisión de una mayoría en la Asamblea Nacional de abandonar su intención de censurar a Guillermo Lasso, expresidente de la República, dentro del juicio político por el presunto delito de peculado, detiene los efectos de una decisión que eventualmente podría haber adoptado la Corte Constitucional (CC).
Este 30 de noviembre de 2023, dos días después de que se reinició el debate en el marco de la interpelación, el Parlamento retrocedió. Fue Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana (RC), la entonces acusadora del exjefe de Estado quien mocionó la aprobación en el Pleno de la Asamblea de una resolución de cinco puntos, entre los cuales se incluyó declarar al exmandatario como responsable político de peculado en la renovación de contratos entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, y remitir el expediente de la investigación a la Fiscalía General del Estado (FGE), y a la Contraloría para las respectivas investigaciones. La resolución también deberá ser notificada al Registro Oficial para su publicación.
La iniciativa de Veloz contó con el respaldo de 116 legisladores (RC, Partido Social Cristiano (PSC), Acción Democrática Nacional (ADN) y un sector de independientes.
La decisión se produjo horas después de que Lasso pidió a los jueces de la CC iniciar la fase de seguimiento al dictamen del 29 de marzo de 2023 y que establezca si la Asamblea y, en particular, Henry Kronfle, su presidente, incumplió el dictamen al efectuar la convocatoria 872 del Pleno de la Asamblea y pretender dar continuidad al enjuiciamiento político en una calidad que ya no ostentó desde el 23 de noviembre de 2023”.
Lasso buscaba que la CC realice una interpretación del artículo 129 de la Constitución de que un presidente no puede ser objeto de censura y destitución, si ya no está en funciones.
Con la decisión de la Asamblea, al parecer, la CC ya no tendría herramientas para sancionar a los legisladores, pues la resolución, aunque tiene base política, carece del efecto jurídico vinculante que evitaría cualquier prohibición de ejercer cargo público.
“Es una resolución común, como cuando se llamaba la atención al entonces presidente Lenín Moreno por no atender los problemas de inseguridad; pero esto es muy distinto a una resolución de enjuiciamiento político”, afirmó el abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).
Dijo que, con esta decisión, el capítulo del juicio político en contra de Lasso en la Asamblea está cerrado. “Con la decisión de los legisladores de no censurar a Lasso, también se salvaron de una posible sanción de la Corte”, señaló.
Sin embargo, Juan Fernando Flores, exjefe de bloque de CREO en la Asamblea, dijo que el trámite en la Corte Constitucional “debe seguir hasta que finalice el proceso, sí o sí”, aseguró.
Mientras tanto, fuentes de la Corte, manifestaron que solo si se llega a verificar un presunto incumplimiento del dictamen, podrían analizarse sanciones como ocurrió con el caso de Alembert Vera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que fue destituido a inicios de octubre por incumplir un dictamen de la Corte de mayo de 2019.
Sofía Espín (RC) defendió la decisión de señalar a Lasso como responsable político de peculado. “Hay una censura simbólica, es una resolución muy fuerte”, comentó.
Lucia Posso (Avanza), reconoció que no había argumento legal para resolver una censura. (SC)
PSC: ‘No puede ser objeto de censura’
En medio del debate que se dio previamente en la Asamblea antes de la aprobación de la resolución, Gabriela Molina (RC), defendió el juicio contra Lasso y anticipó que su bancada presentará una moción de censura en contra del exmandatario.
La postura del PSC fue que es constitucional que el Legislativo continúe conociendo el caso del enjuiciamiento. Sin embargo, aclararon que de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución no puede ser objeto de censura y destitución porque ya no está en funciones.
El PSC consideró que el Pleno podía pronunciarse por la vía de una resolución en la que se deje constancia que Lasso es responsable político de los cargos que se le imputaron y que el enjuiciamiento se sustanció cumpliendo las formalidades de fondo y forma que determina la norma, incluyendo el pronunciamiento de la CC.
De la investigación por presunto peculado se desprende -según el PSC- el cometimiento de presuntas infracciones penales, por lo que recomendó su envío para conocimiento y resolución de la Fiscalía General del Estado.
El asambleísta Pedro Velasco (Independiente) en su intervención, dijo que no procede un enjuiciamiento político a quienes fueron cesados en sus funciones, y Rafael Dávila (Actuemos) opinó que el juicio debe ser archivado.
Fernando Jaramillo (Construye), consideró que el tratamiento del juicio a Lasso es infructuoso porque los ecuatorianos requieren que el Parlamento legisle por la seguridad y la generación de empleo. “Por las circunstancias que atraviesa el país, no es oportuno continuar con el juicio; el tema de Lasso debió tratarse al término del periodo legislativo”.