Desde la matanza del 28 de septiembre de 2021, cerca de 3.000 militares y policías han realizado requisas en las cárceles del país.
Un día antes de que autoridades del Gobierno Nacional afirmen que la situación en las cárceles está bajo control, se registraron incendios, fugas, disparos y reos en techos enviando mensajes.
La ministra ecuatoriana de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró este 3 de octubre de 2021 que las fuerzas del orden tienen el control de las cárceles del país, en una de las cuales el pasado 28 de septiembre ocurrió una masacre que dejó 119 presos fallecidos, aparentemente por disputas entre bandas.
«Al momento los centros de privación de libertad se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas«, dijo Vela, en una declaración transmitida por redes sociales.
Añadió que es la primera vez desde 2019 -cuando ocurrió la primera crisis carcelaria- que las dos instituciones trabajan de manera conjunta, que están actuando sobre la base del estado de excepción decretado por el presidente, Guillermo Lasso, el 29 de septiembre de 2021.
«Para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones», expuso.
Piden apoyo de la justicia
Vela subrayó que el Gobierno no tolerará que el crimen organizado trasnacional controle las cárceles y las calles del país, pero dijo que requieren la decidida intervención del sistema nacional de justicia para la aplicación de la ley, pidiendo que se investigue y sancione a todos los responsables de la masacre de la penitenciaría del Litoral.
Para ello, avanzó que la Policía entregará toda la información a los fiscales para que se inicien los procesos penales en contra de los autores de estos hechos. «Vamos a utilizar todas las opciones que nos da la ley para enfrentar a las organizaciones criminales”.
En las celadas hay de todo
Al referirse a las acciones de control desplegadas desde el 28 de septiembre, día de la masacre, la comandante general de la Policía, Tannya Varela, indicó que el trabajo policial ha tenido un solo objetivo: recobrar el control dentro de la penitenciaría del Litoral y mantener el orden dentro de todos los centros carcelarios del país.
«Sobre la base del estado de excepción, que permite a la Policía y las Fuerzas Armadas estar al interior de la penitenciaría, se ha logrado controlar la violencia«, anotó. Además, detalló que en la intervención se decomisaron 13 armas, de las cuales 6 son fusiles y 7 son pistolas; 1.136 municiones de diferente calibre, 250 armas blancas, 5 granadas, 60 celulares y 6 kilos de droga.
Sin topar los últimos disturbios y fuga
En sus declaraciones emitidas este 3 de octubre de 2021 por las redes sociales gubernamentales, las autoridades no se refirieron a los disturbios que se presentaron el fin de semana, donde reos quemaron los techos de la cárcel del Guayas, mientras en Quito se fugaron cuatro presos.
Tampoco dijeron nada sobre lo sucedido el sábado 2 de octubre de 2021, cuando cerca de 1.000 militares y policías ingresaron a los centros de detención de Guayas y fueron recibidos con disparos.
24 horas sin comida
El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el 2 de octubre de 2021 se suspendió la alimentación de los presos en la penitenciaría del Guayas, hasta establecer el orden, por lo que no hubo desayuno, almuerzo, ni cena.
Esta medida se tomó ya que no existían las medidas de seguridad óptimas para el personal de la empresa proveedora de alimentos ni para los privados de libertad.
Al siguiente día, desde el SNAI comunicaron que se normalizó la entrega de alimentos, con menús que incluían porciones dobles para los presos.
101 cuerpos identificados
Durante el fin de semana después de la masacre, el departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional informó que 101 cuerpos habían sido identificados, de los cuales 45 se entregaron a los familiares, para su inhumación.
Durante los disturbios del 28 de septiembre de 2021 hubo decapitados, mutilados y muertos por quemaduras, por lo que la identificación de cuerpos se hizo, en ciertos casos, con estudios antropológicos y toma de muestras de ADN a familiares, por parte de Criminalística.
Además, la espera fue larga y tortuosa para los allegados de las víctimas, quienes pasaron más de tres días sin poder identificar a sus difuntos en la morgue municipal de Guayaquil.
«Que nos ayuden con un listado de los vivos, que no nos tengan así como nos tienen a todos con esta incertidumbre, que no sabemos ni qué hacer. No sabemos qué pasa con ellos, si están vivos o muertos. ¡No sabemos nada!», se quejaba Katty Banchón, a las puertas de la morgue, ante Efe.
Billy Navarrete, del Comité de Derechos Humanos de Guayas, denunció que el descontrol fue absoluto: «Hemos venido de la penitenciaría en la mañana y la versión oficial señala que ellos no controlan el número ni la identidad de quiénes habitaban los pabellones. Eso es gravísimo porque cómo se garantiza un proceso de rehabilitación si no sabes las personas que habitan los pabellones».