Lo ocurrido en la Penitenciaría del Litoral, una vez más, dejó ver las falencias en el sistema carcelario del país. Pero, también evidenció la forma en la que se trata a los detenidos y a sus familias.
Para analizar este tema, LA HORA habló con Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Circularon videos en los se daban a conocer -a gritos- los nombres de los fallecidos. ¿Las autoridades cómo debían proceder con las familias ante una tragedia como esta?
El contexto no da para tomar medidas integrales, porque no hay una política integral penitenciaria. Nos reunimos con criminalística y dice que si tuvieran una lista sería más fácil identificar los cuerpos y dar a información a los familiares
¿Qué pasó con el ofrecimiento del presidente, Guillermo Lasso, de entregar información a las familias de los detenidos en la Penitenciaría del Litoral?
Activamos el mecanismo de seguimiento de apoyo, luego de que el Presidente mencionó que se crearon puntos de información para las familias. El jueves 30 de septiembre de 2021 encontramos a 300 personas, aproximadamente, dentro del coliseo del parque Samanes (Guayaquil) y no vimos la información que el Estado ofreció a las familias. La expectativa por saber si estaban vivos o muertos no se cumplió. Este contexto lo que hace es extender y ahondar la situación de incertidumbre y angustia. Fue un escenario revictimizante.
En una segunda visita (1 de octubre) ya solo había 11 familias, porque sabían que no les iban a proporcionar información.
¿Qué más ocurrió en sus recorridos?
En una visita a la Penitenciaría encontramos a una persona del alto mando, que por temas de confidencialidad no puedo revelar su nombre, y comentó que no había control dentro de los pabellones. Se pasaban de un lugar a otro. Eso concuerda con la falta de una lista de personas, porque no saben lo que ocurría al interior de las cárceles.
Eso preocupa. ¿Cómo se habla de rehabilitación, cuando ni siquiera sabes en qué pabellones se encuentran? El Estado lo que está haciendo es olvidarse de sus obligaciones con respecto a las personas privadas de libertad (PPL).
El discurso de ajuste de cuentas entre bandas se ha naturalizado. ¿Podría ser apropósito, para evitar una crítica de la sociedad ante la falta de acción de los gobiernos para atender una problemática como esta?
Por supuesto. No desmentimos que existan flujos y dinámicas de violencia dentro de la cárcel, pero estos han sobrevivido por la falta de participación integral del Estado. Y aquí cito uno de los testimonios de uno de los encargados de la Penitenciaría: ‘no tenemos el control de los pabellones, no sabemos quiénes se encuentran en cada pabellón’. Así, cómo se pueden encargar de la rehabilitación social, cómo le vas a dar información a los familiares del estado de quienes están adentro. Es más fácil decir que la culpa es de los carteles de México, que decir: ‘no tuve una política penitenciaria integral, no tengo el control de las cárceles’.
Ese ha sido el discurso en estos casos
De acuerdo al presidente Lasso, esto es un conflicto entre mafias, y no es que no hayan existido, pero este discurso es una cortina de humo para deslindarse de la obligación que tiene el Estado con lo que ocurre en las cárceles. Si este flujo de violencia se transforma en un conflicto es responsabilidad directa del Estado.
La Corte Constitucional emitió un auto resolutivo respecto a la crisis carcelaria y mencionó que no eran suficientes las acciones y las políticas que ha tomado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y que es preocupante también que esta política pública no cuente con enfoque de derechos humanos, que no haya sido invitada la sociedad civil y la Academia para construir esta política pública. Se necesita un enfoque de derechos humanos direccionado a la rehabilitación. Esta dinámica de construir más cárceles, para que estén encerrados, y lejanas a sus familias o de las comunidades, ahonda en el tema de la crisis.
¿El Presidente tomará en consideración este pronunciamiento de la Corte y tratará de mejorar las condiciones en las que viven?
Esperemos que sí. No estamos sometidos a la voluntad negativa o positiva, en este caso, del Presidente. Es un mandato constitucional, inclusive se encuentra dentro del Plan Nacional de Desarrollo y uno de sus objetivos es reducir el hacinamiento carcelario, mejorar las condiciones de vida, entre otras cosas.
Pero, hay un problema, que sí es responsabilidad directa del presidente Lasso y es delegar a una persona dentro del directorio, donde se decide la política penitenciaria y esa persona no hay. La Corte le recuerda al Presidente su obligación de delegar a alguien.
¿Qué perfil debe tener?
Experta en personas privadas de libertad, no en cárceles, ya que la palabra cárcel ni siquiera está en la Constitución. Tener especialidad en el tema, conocimiento sobre qué significa la rehabilitación social, enfoque de derechos humanos, entender cuáles son las condiciones de vida dentro de las cárceles para ejecutar una política penitenciaria correcta.
La Policía hace su trabajo de seguridad, los militares hacen su trabajo de extender la protección y el delegado del Presidente debe concentrarse en las personas privadas de libertad.
En redes sociales se desencadenaron una serie de comentarios a favor de lo sucedido al interior de la cárcel. ¿Cómo socialmente se llega a tener tan poca empatía con el otro, a pesar de haber sido una de las peores matanzas carcelarias en la región?
Cuando el Estado se encuentra en una posición en la que, a cada rato, se vulneran derechos humanos, funciona bastante esta corriente comunicacional de ver a un enemigo dentro de la misma sociedad. Es decir, el culpable no es el Estado, que debe garantizar la seguridad, sino las personas que cometieron delitos y, por ende, vale lo que les ocurre y esto es reproducido desde los espacios de poder.
Esto no solo rompe con la cultura de paz que señala la Constitución, sino que también es preocupante sobre qué clase de sociedad estamos creando. Puedes tener tus reparos en una situación particular con algún privado de libertad, pero romper esta línea de empatía con familiares, que están pendientes por saber qué ocurre, es complicado. Ahí podríamos apuntar -no solo nosotros como organismo de derechos humanos- también a los medios de comunicación para sensibilizar a la gente sobre lo que ocurre.
¿Qué pasa con aquellos que tienen prisión preventiva o no tienen sentencia?
La mayoría de casos que acabamos de recopilar son de jóvenes entre 22 y 23 años, que están dentro de la cárcel por tenencia de armas o drogas, sin ningún otro antecedente y en la mayoría de casos siempre se observan irregularidades. Por eso, no se puede asegurar que todas las personas que están ahí pasan por un proceso justo. Y aquellas que cometieron un delito se encuentran en la obligación de insertarse y rehabilitarse, pero resulta que van a la cárcel y la única opción que tienen es entrar a una mafia o mueren. Vivir en la cárcel es igual de caro que vivir afuera, ya que no solo pagas por la comida, sino para que puedas vivir.
¿Qué hacer para mejorar esta situación, considerando que los decretos de emergencia no funcionan?
Se debe tomar en cuenta lo que señala la Corte. Primero, el directorio que se encarga de aprobar la política penitenciaria debe sesionar, pero para hacerlo debe tener el delegado de Presidencia. Luego ir viendo de qué forma es viable transformar las cárceles para que puedan ayudar a reinsertar a la persona privada de libertad. Existen grupos específicos que se especializan en PPLs. (MR)