Expresidentes Guillermo Lasso e Iván Duque participaron en la presentación del Índice de la Burocracia 2023

Guillermo Lasso e Iván Duque conversaron con estudiantes de la Universidad de Florida. Foto: Guillermo Lasso

Según un estudio de la Adam Smith Center de la Universidad de Florida, Ecuador se encuentra entre los países de América Latina donde se requiere menos tiempo para tramitar la apertura de una empresa.

El expresidente de la República, Guillermo Lasso participó en un seminario con estudiantes del Adam Smith Center de la Universidad de la Florida, en el que conversó sobre las acciones necesarias para la recuperación plena de las democracias en América Latina.

Lasso también participó junto al expresidente Iván Duque de Colombia en la presentación del Informe de la Burocracia 2023, que fue desarrollado por el Adam Smith Center y en el que Ecuador se ubicó entre los mejor calificados del continente.

El estudio revisa las cargas que se requieren en un país del continente para poder abrir una pequeña empresa, índice que compara los mecanismos de 17 naciones iberoamericanas.

Según el Adam Smith Center las pequeñas empresas “representan casi la totalidad del tejido empresarial latinoamericano y generan el 60 por ciento del empleo”.

Ecuador se encuentra ubicado entre los países mejor valorados junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay.

Señala que en Ecuador “se invierten 806 horas en los trámites de apertura de una pequeña empresa, cuando el promedio es de 2.666 en la región; mientras que los trámites burocráticos para mantenerlas en funcionamiento, en promedio, es de 901.9 horas, pero en Ecuador son 443 horas”.

Lasso precisó que en su gobierno se desarrolló una política “de contratación de nuevo personal en los servicios de atención a la población relacionados con tres derechos esenciales: a la salud, a la educación y a la vida”.

Bajo ese criterio se contrataron más médicos y personal de salud (11.354), más maestros (4.127) y más policías (10.000).

Lasso calificó estas contrataciones como “la buena burocracia”, precisando que “es aquella que se contrata para mejorar los servicios que el Estado presta a la población en cuanto a la protección de sus derechos esenciales a una vida digna”.

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