El Estado necesitará de más de $7.000 millones anuales para sostener el pago de pensiones y la salud de los jubilados.
En 24 años, es decir en 2045, el peso del sistema de pensiones llegará a representar el 80% del gasto social. Eso significa que se deberá invertir alrededor de $7.700 millones al año para su sostenimiento, lo que incluye el pago de pensiones y la atención de salud de jubilados.
Ecuador es la cuarta economía de la región que más recursos necesitará para mantener su sistema de pensiones en los próximos años. Solo Costa Rica (más de $9.000 millones al año); Venezuela (más de $8.900 millones al año) y Chile ($8.600 millones al año) tienen una presión de gasto más grande.
Según el estudio «Cuando tengamos setenta y cuatro años», elaborado por el Banco Mundial (BM), actualmente el país tiene una media de edad de 30 años, lo que quiere decir que hay más personas en edad de trabajo activo que jubilados.
Sin embargo, en poco tiempo ese «bono demográfico» se va a revertir y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tendrá más problemas de los que ya tiene para cumplir con sus obligaciones.
En 2020 ya se registró un déficit de $1.895 millones, no solo debido al impacto de la pandemia; sino también a la ineficiencia y los gastos sin financiamiento.
Así, mientras se recibieron $2.429 millones de aportes de afiliados activos; por el otro lado se tuvo que desembolsar casi $4.000 millones en prestaciones.
Desde el año pasado, el aporte del 40% desde el Estado ya no alcanza para cubrir ese hueco. Además, la crisis fiscal ha provocado que tanto el anterior como el actual Gobierno acumulen pagos atrasados al IESS por más de $1.000 millones.
Hasta finales de 2021 se espera un déficit mayor a los $2.300 millones. Esa cifra se disparará en 2045 con un gasto incremental de más de $7.000 millones, debido a que se tendrán 2 afiliados para cada jubilado, y no los cinco de la actualidad.
Sistema ineficiente
Hugo Villacrés, economista y expresidente del Consejo Directivo del IESS, explicó que el fondo de pensiones favorece a 500.000 personas, lo que representa a menos del 25% de los adultos mayores.
El país destina cada vez más recursos para proteger a un pequeño porcentaje de la población. Además, esa desigualdad corre el riesgo de hacerse más grande debido a que la mayoría de los ecuatorianos en edad de trabajar (más del 64%) está en el subempleo y la informalidad, con lo que no solo no aportan al IESS, sino que tampoco tendrán acceso a una pensión en el futuro.
De acuerdo con el estudio del BM, a pesar de tener un gasto similar al de países vecinos como Colombia y Perú, los resultados en Ecuador son menores en términos de calidad de servicios, crecimiento económico y ahorro.
En otras palabras, un poco más de 3 millones de afiliados activos destinan parte de sus ingresos mensuales a un sistema que tiene pérdidas por todos lados.
En primer lugar, el manejo político ha provocado la reducción de más de $9.000 millones de patrimonio. En segundo lugar, la mala gestión provoca pérdidas en la compra de medicina y cobertura de servicios no financiados (hijos de afiliados y enfermedades catastróficas) por más de $300 millones al año. (JS)
Menos afiliados que en 2018
La pandemia de la Covid-19 dio como resultado que Ecuador haya retrocedido cuatro años en su sistema de pensiones. Actualmente, se registran 3’217.240 afiliados, lo que representa 104.130 menos de los que se tenían en 2018.
Durante este año, apenas se han recuperado 21.000 afiliados del sector privado, pero se han perdido casi 8.000 adicionales en el sector público. La situación es más complicada debido a que ha habido un aumento importante de los aportantes independientes, voluntarios y no remunerados del hogar.
En total, todas esas categorías han contribuido con 50.002 nuevos afiliados. Sin embargo, Norma Rosero, economista, explicó que tienen una base de aportación menor porque en su mayoría son trabajadores informales, subempleados y amas de casa.
“Se necesita urgentemente un cambio en las reglas laborales para que el empleo formal crezca. Esa es la mejor manera de fortalecer al IESS y crear una clase media con capacidad de consumo y ahorro”, acotó.
Sin reforma a la vista
A pesar de que el exministro de Economía, Mauricio Pozo, entregó un informe donde se detalla la crisis de la seguridad social y la urgencia de cambios, el actual Gobierno no da pista de acciones en ese sentido.
Actualmente, el nuevo presidente del Directorio del IESS, Jorge Madera, está entrampado en un engorroso proceso de depuración de personal y hay varias áreas que no tienen cabeza. Eso ha provocado que ni siquiera haya sido posible sentarse con el Ministerio de Economía para acordar un plan para cubrir los pagos atrasados y la deuda histórica en el fondo de salud.
Entre esos dos temas, el Estado debe pagar casi $5.000 millones, lo que representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), o casi dos años de aportaciones de todos los afiliados activos.