¿Qué impugnaron a los candidatos a la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional se halla en un proceso de renovación parcial de sus miembros.
La Corte Constitucional se halla en un proceso de renovación parcial de sus miembros.

Mujeres recordaron un caso de violencia psicológica de un candidato y que otro apenas se puso al día en el pago de pensiones un mes antes de iniciar el proceso.

La Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional calificó cuatro impugnaciones en contra de tres candidatos. Salim Zaidán, abogado que enfrentaba dos señalamientos, renunció al proceso.

La abogada Rocío Delgado Vásconez presentó una impugnación en contra de Bárbara Terán, quien integra la terna que envió el Ejecutivo para renovar la Corte. Ella señala que la postulante tiene “falta de probidad e idoneidad en las funciones a ella encomendadas por sus poderantes en algunos trámites realizados bajo su patrocinio”.

De hecho, habla de que no actuó con probidad en tres procesos como abogada en libre ejercicio. Uno tenía que ver con un visto bueno a un trabajador; otro sobre una solicitud de copias de una demanda no calificada y el último sobre el  uso indebido de documentos personales no públicos.

Salim Zaidán

Las dos impugnaciones realizadas por separado en contra del abogado Salim Zaidán, delegado por la Asamblea, las presentaron por supuesta falta de probidad. María Gracia Vaca presentó un señalamiento en el que indicó que Zaidán había ejercido violencia psicológica en contra de su compañera en 2013 y que “no ha cumplido con las medidas de rehabilitación impuestas” entonces.

En sus documentos que presentó ante Vanessa Aguirre, presidenta de la Comisión Calificadora, se incluyen capturas de chats de mujeres que criticaron un post que él realizó al no poder ver a su hija luego de manejar 12 horas desde Quito a Loja. En otras publicaciones, adjuntadas en el expediente contra Zaidán, otras mujeres lo llaman misógino. También hay capturas de pantalla de sus tuit en los que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres para la tenencia de los hijos.

“Mantener la preferencia a favor de madre para custodia de hijos es avalar la preasignación de roles, madre cuidadora, padre proveedor”, dice uno de los chat.

En la segunda impugnación en contra de Zaidán, la persona que presentó esta queja fue Sylvia Fernanda Bonilla. También hace referencia al caso de violencia psicológica y además advierte que el abogado tendría “carencia de ética pluralista que promueva la diferencia de opiniones por cuanto él ha proferido declaraciones en descrédito de las organizaciones y activistas feministas”.

Zaidán se refirió a parte de estas impugnaciones en su carta en la que dio a conocer que retiraba su candidatura. “Las impugnaciones debían estar relacionadas con la falta de probidad, llama la atención que se califiquen impugnaciones poco serias basadas en la libre opinión expresada en redes sociales, con simples capturas de pantalla”

“Por otro lado, comprenderán los ciudadanos y los comisionados que la causa de la corresponsabilidad parental por los derechos de los niños que he promovido ha provocado reacciones en ciertas activistas que recurren con frecuencia al escándalo y a acusaciones ligeras. Supuestos colectivos como las “Cholas valientes” dan cuenta del nivel al que llegan con su odio y fanatismo. No sorprende. Lo que sí no permitiré es que expongan a mi hija en una impugnación. Requiero a las comisionadas y comisionados se haga respetar el interés superior y derechos de mi hija”, indicó.

Jorge Sosa Meza

La activista Natalia Elena Roca presentó sus observaciones en contra del delegado por la Función de Transparencia, Jorge Sosa Meza. Ahí indicó que es necesario que el candidato no haya pertenecido en los últimos 10 años a la directiva de ningún partido o movimiento político y citó a la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional.

La accionante señaló que de acuerdo con la revisión de documentos disponibles en la página de la Función de Transparencia, el candidato no acredita formalmente que cumpla con ese requisito. “Presenta una certificación del CNE del 22 de noviembre en la que se señala que no es afiliado o adherente a un partido político”, indica la misiva.

Roca sostiene que Sosa ha participado activamente en la política nacional e indica que fue candidato a asambleísta por el distrito 2 en Guayas en 2017, por el movimiento Fuerza Ecuador.

Además, dice que recién se puso al día en sus pensiones alimenticias adeudadas desde el 5 de octubre de 2018 hasta el 27 de octubre de 2021, un mes antes de haber sido postulado.

Los impugnados deberán presentar sus pruebas de descargo en cuatro días y, además, deberán estar presentes en una audiencia como parte del proceso de selección. (DPV)

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