El abogado Salim Zaidán renunció a la postulación para renovar la Corte Constitucional. Él tenía dos impugnaciones ciudadanas.
Una vez terminado el tiempo para presentar las impugnaciones ciudadanas en contra de los aspirantes a renovar la Corte Constitucional, la Comisión Calificadora señaló que existen cuatro señalamientos en contra de tres candidatos.
Dos estaban dirigidas en contra de Salim Zaidán, que formaba parte de la terna enviada por el Legislativo. Él renunció este miércoles 29 de diciembre de 2021 al proceso de selección.
En una carta indicó que advierte “escasa voluntad política para conformar una Corte Constitucional que garantice derechos respetando competencias y procedimientos. Lo señalado se aprecia en la conformación de ternas, en la insistencia de presentar candidatos que no cumplían el más elemental requisito de la experiencia profesional”.
También alegó que colectivos han recurrido al “escándalo y a acusaciones ligeras” en las impugnaciones. Dijo, que incluso que en los señalamientos se han inmiscuido hasta con familiares. “Lo que sí no permitiré es que expongan a mi hija en una impugnación. Requiero a las comisionadas y comisionados que se haga respetar el interés superior y derechos de mi hija”. Esto por su posición de defender la coparentalidad.
Qué bajeza meter a una niña para atacar a su padre.
Ahí sí señoras, no son feministas, son malas personas. Revisense. Ni se tomen el nombre de la lucha de las mujeres para esas miserias. ????????♀️
Mi solidaridad @SalimZaidan. https://t.co/WGcowO7uLA— ???? Lorena Grillo ???????? (@LawLoreG) December 29, 2021
Las otras impugnaciones fueron presentadas en contra de Bárbara Terán, que integra la terna de la Presidencia y Jorge Sosa, de la Función de Transparencia.
La presidenta de la Comisión Calificadora, Vanessa Aguirre, indicó que se continuará con el proceso con los ocho candidatos que quedan, tras la renuncia de Zaidán.
Ella lamentó que el abogado no haya hecho uso de su derecho a la defensa para así poder responder a las impugnaciones. El resto de impugnados tendrá cinco días para contestar por escrito los señalamientos y se defenderán en una audiencia pública. (DPV)
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