Se desvinculó a 990 funcionarios con contratos ocasionales, pero el plan de recorte del gasto público genera dudas

Se eliminaron 160 contratos ocasionales en el Gobierno Nacional y en el IESS se habla de 830. El presupuesto para 2024 se debe presentar hasta el 20 de febrero.

El pago por contratos de servicios ocasionales, dentro del Gobierno Central, significa un monto anual de $1.160 millones, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.

“Se han desvinculado, hasta el día de hoy (8 de febrero de 2024),160 personas con contratos ocasionales que concluyeron el 31 de diciembre”, aseguró la ministra en una entrevista pública.

En noviembre de 2023, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Ministerio de Trabajo que se den por concluidos todos los contratos ocasionales que terminaban el 31 de diciembre de 2023, con la excepción de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas.

Núñez asegura que no se ha establecido una política de despidos intempestivos; pero que sí se va a optimizar el gasto.

“Todo se hará con la menor afectación en materia contractual y, en segundo lugar, si toca asumir la responsabilidad económica, el Gobierno lo realizará”, puntualizó.

El 20 de febrero vence el plazo para que el Gobierno envíe el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2024 a la Asamblea.

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, ha dicho que se recortará al menos $1.000 millones en el gasto público, pero solo existen anuncios aislados y no se sabe nada concreto.

El anuncio de Núñez apunta a un recorte mínimo en el tema de los contratos ocasionales, con un ahorro máximo de un poco más de $2 millones al año.

Un estudio del Colegio de Economía de la Universidad San Francisco (USFQ) determinó que existen más 80.000 contratos ocasionales, nombramientos provisionales y nombramientos permanentes, y que, de manera focalizada, se podría recortar el 30%, con un ahorro de $442,7 millones. Esto junto a otras medidas de reducción del gasto.

Pero, como pasa con los subsidios a los combustibles, que cuestan más de $3.200 millones al año, el país todavía está a ciegas sobre si realmente existe un plan para reducir los contratos ocasionales e implementar otras medidas de ajuste fiscal.

En el otro extremo está, por ejemplo, el caso de Argentina. Hace pocos días, el presidente Javier Milei anunció que, en un poco más de dos meses de mandato, ya ha desvinculado a 50.000 burócratas en el sector público.

El ajuste en el IESS

Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha reconocido que en esa institución se tiene un número excesivo de empleados.

“Hay alrededor de 34.000 funcionarios en la seguridad social. Es un número demasiado alto. Debería operar con menos personas. Solo en el Carlos Andrade Marín se tiene 3.900 funcionarios. Es demasiado”, ha dicho.

De acuerdo con Peña, se han hecho unas primeras evaluaciones y se han detectado médicos, enfermeras y funcionarios administrativos que estaban, por algún motivo, “calentando el puesto” y no tenían ninguna incidencia en el nivel de eficiencia de atención

“En términos generales, debemos haber prescindido de unos 830 contratos ocasionales desde el mes de diciembre del año pasado; y no ha pasado nada, no se ha afectado el servicio”, aseguró Peña el 14 de febrero de 2024.

Sin embargo, si se revisa la página de transparencia del IESS, entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024, la nómina total se había reducido de 34.821 a 34.656 funcionarios; es decir, 165 personas menos.

El gasto anual de la burocracia del IESS, que es un ente autónomo del Gobierno Central, suma más de $663 millones.

En el mejor de los casos, si es cierto el recorte del que habla Peña, y se suma con lo anunciado por la ministra Núñez, hasta el momento se habría restado el 1% de todos los contratos ocasionales en el sector público.

 ¿Qué presupuesto se presentará?

En enero de 2024, el gasto total en sueldos de la burocracia, dentro del Gobierno Central, aumentó de $677 millones a $692 millones, en comparación con enero de 2023.

Así, a pesar de los anuncios de optimización, se pagó $15 millones más en nómina.

Por su parte, las transferencias al IESS subieron de $104 millones a $199 millones ($95 millones más); mientras los intereses de deuda pasaron de $338 millones a $392 millones ($54 millones más).

Esos tres rubros son precisamente los que más crecieron el año pasado y complicaron la crisis fiscal.

Por eso, de acuerdo con Eduardo Rivas, economista, la gran pregunta es si el Gobierno realmente tiene un plan para al menos evitar que sigan creciendo esos gastos.

Solo en enero se pasó de un superávit de $276 millones en 2023 a un déficit de -$95 millones en 2024.

Según un último análisis de Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, en el mejor de los casos, y sin cambios estructurales, este año se cerrará con -$5.456 millones de déficit fiscal (más gastos que ingresos).

Además, el nivel de atrasos podría sumar alrededor de $3.541 millones. Incluso, se prevé un gasto en sueldos de $10.491 millones, es decir, $361 millones más que en 2023.

En otras palabras, un escenario completamente opuesto a los anuncios oficiales. (JS)