El presidente de la Cámara Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, indicó que la acción jurídica va en rechazo a las modificaciones inconstitucionales de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCQ), Miguel Ángel González, explicó a LA HORA que la demanda presentada por la organización en contra de la ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica por inconstitucionalidad.
Durante una entrevista concedida a LA HORA, González dejó claro que “la razón fundamental de la demanda es defender la seguridad jurídica en el país”.
Apuntó que todos los ecuatorianos se encuentran apoyando la lucha contra el crimen organizado y las bandas criminales “en un solo puño para recuperar la paz”, pero señaló que la economía “también es una prioridad y para que mejore la economía es importante la seguridad jurídica”.
Para González fortalecer la seguridad jurídica en el Ecuador debe comenzar con «reglas claras y que estas reglas se respeten”.
Precisó que la demanda “no es por la conveniencia, es por la inconstitucionalidad, por la forma como fueron hechos y aprobados esos impuestos”.
Rodríguez recordó que la Asamblea Nacional no tiene competencia para la creación de tributos, más allá que en la CCG considere que los impuestos se convertirán en un duro golpe para la economía.
Explicó que la dentro del proyecto de Ley enviado por el presidente de desarrollaban las razones para el incremento del IVA en el marco de la lucha contra la delincuencia, y luego de recibida la ley, “la asamblea recibe y genera impuestos cuando no es su potestad, allí hay un vicio de inconstitucionalidad”, recalcó.
El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil indicó que la demanda no es una acción “en contra de nadie, esto es oposición al gobierno. Esto nos corresponde como sector empresarial para defender a nuestro gremio”, sentenció.
Para González el incremento del IVA podría desarrollarse de forma temporal para cubrir los gastos en materia del conflicto armado interno, para lo que propuso una creación de un mecanismo de transparencia que permita a la ciudadanía saber que este dinero que se pagará es “dirigido a la seguridad”. (ILS)