En el mismo dictamen, los jueces declararon la inconstitucionalidad de la movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; sin perjuicio de la posibilidad que tiene el presidente Daniel Noboa, de ordenar la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas en el marco del régimen jurídico ordinario.
La Corte Constitucional (CC) emitió hoy, 2 de mayo de 2024, dictamen favorable sobre la constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción por la causal de grave conmoción interna por la emergencia en el sector eléctrico contenida en el decreto ejecutivo 229, y su reforma a través del decreto 230. Asimismo, de la medida para la disposición de fondos públicos para atender el estado de excepción.
Sin embargo, en el mismo dictamen, los jueces declararon la inconstitucionalidad de la movilización e intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; sin perjuicio de la posibilidad que tiene el presidente Daniel Noboa, de ordenar la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas en el marco del régimen jurídico ordinario.
Los magistrados pidieron al jefe de Estado que, una vez que concluya el estado de excepción, remita a la Corte Constitucional un informe respectivo, conforme lo establecido en el artículo 166 de la Constitución.
Les recordó, además, la obligación establecida en el último inciso del artículo 166 de la Constitución que dispone “las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”.
“Los servidores públicos encargados de ejecutar los fondos públicos para atender la declaratoria del estado de excepción y la ejecución, (tienen) la obligación de actuar de manera diligente y en observancia de los principios constitucionales y legales que rigen la administración pública, so pena de determinación de responsabilidades civiles, administrativas y penales”, agrega el texto del dictamen.
Los jueces llamaron la atención al presidente de la República por no aportar información suficiente destinada a justificar la declaratoria del estado de excepción y por la falta de justificación del ámbito territorial y de la temporalidad de la declaratoria de estado de excepción. (SC)
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