En cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, la Fiscal Diana Salazar informó sobre los avances de la investigación para determinar responsabilidades de funcionarios que permitieron la desaparición del informe entregado por el perito Roberto Meza.
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, entregó este 17 de julio de 2023 un balance sobre las actuaciones realizadas por su despacho para dar cumplimiento a las medidas de reparación a la familia del general Jorge Gabela ordenadas por la Corte Constitucional (CC).
En marzo de 2023, la CC en su sentencia 2366-18-EP/23 dictaminó que fueron vulnerados los derechos de información de la Familia Gabela por parte del Estado ecuatoriano, en relación a las solicitudes de información sobre el caso del asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en Guayaquil en diciembre de 2010, durante el mandato del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa.
La máxima instancia de la Justicia, además de reconocer la vulneración de los derechos, ordenó medidas de reparación a las instituciones del Estado, entre ellas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Contraloría General del Estado, las cuales debía responder sobre las responsabilidades de quienes permitieron la desaparición del llamado ‘Tercer Producto’ del caso Gabela.
La medida de reparación establece que la FGE y la Contraloría “realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras correspondientes a los exfuncionarios que en su momento fueron responsables del manejo del informe del Comité Interinstitucional, de conformidad con el párrafo 101 de esta sentencia. Para tal efecto, deberán entregar a este Organismo un informe sobre las medidas y sanciones emprendidas en el plazo de cinco meses desde la notificación de esta sentencia.”.
Este plazo vence este, 18 de julio de 2023 y ambas instituciones presentaron los informes correspondientes al cumplimiento de las medidas.
Investigación en curso
En el caso de la FGE, Salazar remitió un balance completo de las actuaciones que viene desarrollando el organismo para determinar las responsabilidades de los exfuncionarios que pudieron estar involucrados en la desaparición del informe.
La Fiscal detalló en su escrito, consignado la tarde del 17 de julio, que desde el pasado 13 de marzo fue abierta una investigación por parte de la Fiscalía Nº3 de la Unidad de Fuero de Corte Nacional por el presunto delito de peculado, según lo previsto en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Dentro de las acciones llevadas adelante por este despacho se cuentan 23 impulsos fiscales y 164 diligencias.
En el informe de Fiscalía se especifican que esas 164 diligencias corresponden a: 26 versiones receptadas, cuatro autorizaciones judiciales obtenidas, 4 cadenas de custodia relacionadas en las que se cuenta con evidencias documentales digitales de audio y video, asimismo se han realizado cinco audiencias privadas.
Agrega que al momento el expediente de la investigación cuenta con 2.968 fojas, distribuidos en 30 cuerpos.
Se han realizado 12 pericias, 162 requerimientos a instituciones públicas, dos requerimientos a instituciones privadas y se han dispuesto 10 versiones.
Aunque no se detalla en el informe, el perito Roberto Meza, se ha presentado en dos ocasiones a rendir declaraciones ante la FGE. La primera el 6 de junio, cuando apenas tenía días de haber llegado al país y la segunda una ampliación realizada el 14 de julio, luego de presentar la reelaboración del Tercer Informe a la familia Gabela y a la Defensoría del Pueblo.
El caso todavía se encuentra en investigación por lo que se mantiene en reserva.
Contraloría también respondió
La Contraloría, el pasado 2 de junio, entregó a la CC un informe en el que señala que este organismo realizó dos investigaciones relacionadas al ‘Tercer Informe’ sobre el asesinato del general Gabela.
La primera investigación fue realizada en 2016 por la Dirección de Auditoría de Administración Central y que se encuentra en el exámen DAAC-0129-2016, en el que se revisó el proceso de contratación y ejecución del contrato de Roberto Meza para la investigación del asesinato del general Gabela, contrato suscrito por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos por el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 diciembre de 2013.
Dentro de las conclusiones de esta investigación la Contraloría “se verificó la entrega de los productos I; II e informe final”.
La Contraloría en 2016 recomendó a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga Rocha, que “se verifique que los productos e informes entregados y las conclusiones a las que llegaron los consultores”.
Por otro lado, en 2019, la Contraloría realizó un segundo examen por parte de la Dirección de Nacional de Auditoría de Administración Central, identificado como DNA1-0024-2019, en el que se revisó el manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa Santos.
La Contraloría concluyó, en ese momento, recomendar al Secretario de Derechos Humanos, Marlo Pacífico Brito Fuentes, supervisar al “personal encargado de la recepción, registro, despacho y custodia de la documentación física y digital”.
Ambos exámenes fueron remitidos ante la Corte Constitucional dando cumplimiento a las disposiciones de la sentencia 2366-18-EP/23. (ILS)