En los informes entregados a la Comisión de Coordinación hay tres versiones del llamado tercer informe, “montados” y sin firma de responsabilidad.
Tal como fue prometido por la Comisión Coordinadora y el perito argentino Roberto Meza, tras una revisión de 15 días presentó un balance sobre el estado de la documentación entregada por las instituciones para la reelaboración del tercer informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela.
Meza llamó la atención sobre el estado de la documentación, indicando que faltan dos de los 10 elementos probatorios que fueron parte del tercer informe elaborado por su equipo en 2013 y precisó que tras la revisión de la documentación fueron encontradas tres versiones del llamado tercer informe.
En año 2013, Meza desarrolló la investigación y, según los lineamientos de su contratación, entregó tres informes a la Comisión Interinstitucional que investigaba el caso Gabela, un primer informe ligado a la metodología, el segundo desarrollando los motivos y en el tercer informe debían señalarse a los presuntos responsables del asesinato.
Informe manipulado
Durante el balance entregado por la Comisión Coordinadora y el perito a los medios de comunicación. Meza fue tajante al señalar que ninguna de las tres versiones encontradas en la documentación es el informe que él entregó a la Comisión Interinstitucional.
“Ese es un documento completamente redactado con hipótesis que no formaban parte del tercer informe, es un documento montado, manipulado y creado y que no tiene firma de responsabilidad”, puntualizó.
Meza indicó que fue sobre esos informes que la Comisión Interinstitucional desarrolló un documento final, en el que las conclusiones estaban orientadas a una hipótesis “alejada a lo que nosotros encontramos”, indicó Meza.
Agregó que a pesar de la manipulación de la documentación, con los elementos probatorios que se encuentran en el material recabado será posible realizar la reconstrucción del “tercer informe” y brindarle a los ecuatorianos los nombres y las hipótesis que llevaron al asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela.
Fiscalía y Contraloría deben responder
Los comisionados Arturo Moscoso y Jeannine Cruz mostraron su inconformidad ante la ausencia de respuestas por parte de la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado ante las disposiciones de la sentencia de la Corte Constitucional, que les obliga a investigar sobre la manipulación de la información en el caso Gabela.
De hecho, la sentencia establece que ambos organismos deben desarrollar investigaciones que permitan establecer medidas y sanciones a los responsables del manejo de la información del Comité Interinstitucional.
“Deberán entregar a este organismo un informe sobre las medidas y sanciones emprendidas en el plazo de cinco meses desde la notificación”, se determina en la sentencia.
“Es importante, no es nuestro papel como comisión, pero sí de los medios, determinar o investigar qué está haciendo la Fiscalía para establecer esas responsabilidades”, precisó el presidente de la Comisión, Arturo Moscoso.
Sin miedo
La comisionada Jeannine Cruz se refirió a las amenazas que ha recibido e indicó que las investigaciones seguirán adelante.
Cruz destacó que luego de 13 años, son más de 17 personas amenazadas por exigir respuestas en el caso Gabela. Recordó que tanto la viuda del general, Patricia Ochoa, como su abogado y periodistas que han investigado el hecho han sido intimidados o amenazados.
“Este es un caso muy delicado, porque se mantuvo un blindaje desde el Estado para que no se conozca la verdad”, recalcó.
Cruz destacó que su única misión “es apoyar la verdad y que el Estado pueda reparar a la familia del general Gabela”.
Caso Dhruv
Durante la rueda de prensa y dentro de la manipulación que se pudo evidenciar en las tres versiones del “tercer informe”, el objetivo era desviar la información y presentarlo como un caso de delincuencia y no por su vinculación a la compra de los helicópteros Dhruv.
El general Gabela hizo señalamientos importantes sobre la adquisición de las aeronaves, al considerarlas obsoletas y una mala inversión para el país.
El caso, actualmente, sigue su curso en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y hasta el momento 18 personas han sido señaladas por el presunto delito de peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv adquiridos a la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
La operación se realizó durante el régimen de Rafael Correa por un monto superior a los $45 millones; y entre los procesados se encuentran los exministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, y el excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Rodrigo Bohórquez.
El 19 de mayo de 2023 se debía reinstalar la audiencia en el caso pero tuvo que ser suspendida porque la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, se reportó enferma. Se espera que la reinstalación de la audiencia se lleve a cabo la próxima semana. (ILS)
Corte Constitucional concede prórroga
Este jueves 1 de junio, la Comisión Coordinadora para el caso Gabela recibió la respuesta de la Corte Constitucional a su solicitud de una prórroga para el cumplimiento del derecho a la información a la familia del general Gabela.
La CC realizó un balance de los avances sobre la sentencia y determinó el cumplimiento integral de parte de las disposiciones y la reparación de algunos aspectos no cumplidos de forma correcta.
Sobre la petición de la Comisión Coordinadora, la CC decidió “ampliar por el plazo de 90 días desde la notificación del presente auto para que la Comisión entregue el tercer producto en los términos establecidos en la sentencia”.
El presidente de la Comisión, Arturo Moscoso, había señalado a LA HORA que esperaban tener una respuesta positiva de la CC. “El interés y el espíritu de la sentencia lo que busca es proteger el derecho a la información que tiene la familia del general Gabela”, apuntó.
“No tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros desarrollamos (sobre las versiones del tercer informe del caso Gabela)”.
Roberto Meza, perito argentino.