Mano dura, pero con sentido

La crisis producto de la nueva matanza en la cárcel de Turi y de los amotinamientos en otros centros penitenciarias del país sirvió de escenario de estreno para nuevas autoridades y una nueva política. En sus declaraciones al respecto, el presidente Guillermo Lasso destacó la rapidez de la reacción de las fuerzas del Estado durante los incidentes y enfatizó la severidad y la prontitud con la que se habían adoptado medidas punitivas contra los presuntos cabecillas. El ministro de la reinaugurada cartera de Interior, el general (sp) Patricio Carrillo, mantuvo mucha visibilidad durante la jornada, intentando proyectar energía y determinación, y llegó incluso a enviar advertencias públicas a los reos.

La discusión posterior, en esta ocasión, no ha girado alrededor de comisiones de negociación, reformas legales ni de preocupaciones humanitarias. El discurso oficial enfatiza que la oposición política impide combatir la pobreza germen del crimen, recalca el supuesto carácter y origen internacional de la violencia que enfrentamos, destaca la antigüedad y complejidad del problema, y advierte que es consecuencia —¿acaso inevitable?— de las incautaciones de droga. Es como si el régimen le hubiese apostado a la fuerza y quiere invitar a la población a resignarse a la violencia.

La lucha contra el crimen siempre despierta una gran respuesta emocional entre la población; es peligroso que, en un momento de tanta insatisfacción y tantos frentes abiertos, el régimen encuentre en la narrativa de una “guerra” la forma de conquistar popularidad, tal y como se ha visto en otros países de la región. Todas las actuaciones deben ser en estricto cumplimiento de la ley y en función de una estrategia coherente.

FRASES DEL DÍA

«La verdad no pierde por niña, ni la mentira gana por anciana.”

Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), escritora española

«No se puede medir el mal que resulta de la censura, porque es imposible determinar dónde termina.

Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo inglés

Líder sarayaku Patricia Gualinga gana el premio Olof Palme

La ecuatoriana Patricia Gualinga, líder del pueblo Kichwa de Sarayaku, en una imagen de archivo.

El reconocimiento premia el liderazgo de Gualinga en la lucha para mejorar las condiciones de vida de los indígenas.

COPENHAGUE. La ecuatoriana Patricia Gualinga, líder del pueblo Kichwa de Sarayaku, fue distinguida este lunes (24 de enero de 2022) con el premio Olof Palme de derechos humanos por su «valiente liderazgo» en la lucha por mejorar las condiciones de vida indígenas.

La Fundación para la Memoria de Olof Palme ha destacado también su compromiso con los derechos de la naturaleza y por la supervivencia del Amazonas.

«En un tiempo en que la diversidad biológica está amenazada y el cambio climático requiere grandes transformaciones, los pueblos indígenas son especialmente vulnerables. A través de su relación con la naturaleza, Gualinga muestra el camino a una sociedad sostenible y a vivir con la naturaleza, no contra ella», consta en el fallo.

La fundación sueca resalta que la voz de Gualinga tiene un valor «incalculable» en la «catastrófica» situación ecológica en la que se encuentra el mundo.

La Fundación para la Memoria de Olof Palme fue creada en 1986 por la familia del popular primer ministro, asesinado ese mismo año, y la dirección del Partido Socialdemócrata Sueco para promover el entendimiento entre las naciones y la seguridad internacional.

Entre los premiados con este galardón, instituido en 1987, figuran Amnistía Internacional, la dirigente palestina Hanan Ashraui, la opositora birmana Aung San Suu Kyi, Nobel de la Paz en 1991; y el ex secretario general de la ONU Kofi Annan.

La cuantía del premio, que se entregará el próximo día 30, asciende a 100.000 dólares (88.143 euros). EFE

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Cinco millonarias sentencias contra Ecuador en 2021

BÚSQUEDA. Zoila Chimbo es madre de Luis Guachalá, desaparecido en 2014. Ella inició acciones legales internacionales al no tener respuesta en el país.

12 casos más están pendientes por resolver en el extranjero; las sentencias pueden demorar décadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió cinco sentencias en contra del Estado ecuatoriano este 2021. La suma total a pagar es de $1,6 millones por reparación a las víctimas y por costos procesales, entre otros rubros.

En los cinco casos hubo un denominador común: tuvieron que pasar décadas para ser resueltos por la justicia internacional, ya que en el país no fueron atendidos de forma correcta, según los fallos internacionales.

Las sentencias en este año superan en número a todos los periodos anteriores, según los registros de la Corte-IDH desde 1996. En 2011 el país también afrontó cuatro procesos en contra.

El Estado se prepara para desembolsar, en total, $1.627.000. Para cubrir las sanciones en cuatro casos, Ecuador usará dineros de las arcas fiscales, mientras que para el último caso, el de Emilio Palacio, la Procuraduría prevé impulsar una acción de repetición (vigente desde la Constitución de 2008); es decir que las autoridades políticas, judiciales o de orden público que provocaron la violación de derechos humanos paguen por sus acciones y omisiones.

Para la jurista y especialista en derechos humanos, Cristina Izurieta, el Estado debe garantizar en la justicia interna una atención oportuna para evitar abusos y dar “una respuesta eficaz” a expedientes que se abren en el país. También debe mejorar los marcos jurídicos y el accionar de todos los miembros que forman parte del sistema de justicia. “Caso contrario, seguirán fallando en contra de Ecuador internacionalmente”. De hecho, ya existen 12 demandas adicionales que se ventilan en la Corte-IDH.

Un escritor desaparecido

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en octubre de 2021 al Estado por la desaparición forzada del escritor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito, en 1990.

El caso ocurrió en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales, en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos “Alfaro Vive Carajo” y “Montoneras Patria Libre”.

La sentencia señala violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.

Juicio. El marino Vicente Grijalva fue dado de baja y estuvo en prisión por denunciar casos de abusos contra civiles.
Juicio. El marino Vicente Grijalva fue dado de baja y estuvo en prisión por denunciar casos de abusos contra civiles.

Un marino que denunció abusos

El Estado fue declarado responsable de vulnerar los derechos de Vicente Grijalva Bueno, exmiembro de la Fuerza Naval del Ecuador. Cuando estaba en servicio, por el cargo que ocupaba llegó a conocer sobre detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y, además, sobre tres personas que fueron asesinadas por miembros de la Marina.

Grijalva denunció esos hechos a su superior en diciembre de 1991. Después fue enviado a otros cargos e investigado. Incluso fue sancionada por la justicia militar y lo dieron de baja.

Policías arrestados ilegalmente

Los oficiales de Policía Jorge Villaroel, Mario Cevallos, Jorge Coloma, Fernando López, Amílcar Ascázubi y Alfonso Vinueza fueron detenidos arbitrariamente, según la Corte. El caso se inicia en 2001, cuando la Contraloría emitió un informe respecto a supuestas irregularidades en operaciones administrativas y financieras de la Comandancia de Policía.

Se abrió una investigación penal por el delito de peculado y falsedad en instrumentos privados que provocó que los generales y coroneles mencionados estén entre seis y ocho meses en prisión. La Corte determinó que su encarcelamiento resultó ilegal y arbitrario “en vulneración de la libertad personal, así como violatoria del principio de presunción de inocencia”.

 Desaparecido en un hospital psiquiátrico

Luis Eduardo Guachalá Chimbo fue reportado como desaparecido el 18 de enero de 2004, tras ser internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara en Quito. Zoila Chimbo, su madre, contó a LA HORA que acudió al centro de salud para ver a su hijo al día siguiente, y allí un enfermero le indicó que “se había escapado del hospital” y que eso era “su problema”. Además de buscarlo, inició un proceso para que la Policía y la Fiscalía lo busquen. Las investigaciones fueron incluso archivadas, pero el caso fue obligado a reabrirse por orden judicial.  La Corte ordenó al Estado a cumplir con 14 medidas de reparación entre las que están: investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de este caso de violación a los derechos humanos.

Sentencia caso Universo

El 21 de diciembre de 2021 se conoció que la Corte IDH declaró la “responsabilidad internacional” del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad y otras vulneraciones en contra del periodista Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo, Nicolás Pérez LapenttiCésar Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Esto ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa y por una denuncia presentada por el propio Presidente por el artículo No a las mentiras. La reparación es la más costosa impuesta este año.

Mano dura

LUIS COELLO KUON YENG

La escalada delictiva que engulle a todo el país se ha masificado y se ha tornado más violenta, más visceral y más temeraria. La maldad no posee límites para estos delincuentes criminales a quienes les importa nada la vida de personas inocentes. Uno de los factores para que sean tan perversos es creerse inmunes y protegidos antes las leyes debido a la corrupción de ciertos jueces, que por dinero venden sus conciencias poniendo a la sociedad en una grave situación al tener que lidiar con malhechores en las calles.

Estamos en un sistema social carcomido por la ineficiencia de un Estado incapaz de crear oportunidades laborales y un sistema educativo capaz de formar ciudadanos, un sistema político corrupto y mezquino que solo ve sus intereses políticos para mantener una cuota de poder para sacar provecho para sí mismos, este sistema es tan ruin que toda iniciativa en pro de la sociedad es vista como mala, trucha, equivocada.

Un sistema judicial que se rinde ante el dinero y el poder importándole un pepino la seguridad de las personas. El sistema carcelario está atado de manos y sometido a mafias reguladas por personas que no tienen otra consigna que mantener un estado de coerción y de lucro bajo la fuerza y la intimidación, aparte de coimar a autoridades judiciales para que sirvan a sus intereses.

Necesitamos que el país inicie una política educativa que incentive valores sociales. A más de ajustar las leyes haciéndolas más duras y que los criminales estén bajo un sistema dentro de las prisiones, que no les permite comunicación alguna con el exterior y que deben permanecer dentro de sus celdas el mayor tiempo posible.

La Policía, ya lo anunció el presidente, debe tener una protección ante el ataque o el envestida peligrosa de delincuentes. No es posible que el uniformado que abate un delincuente sea luego judicializado. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de formular estrategias antidelincuenciales, los Derechos Humanos deben ser para todos, pero quien intimida con un arma blanca o un arma de fuego no puede tener más derechos que un ciudadano de bien.

Hace pocos días un par de extranjeros con cuchillo en mano intimidaron a un hombre por negarse a dejarse limpiar el parabrisas de su carro. En inverosímil que aún sigan libres, debieron ser presos y extraditados a su país de origen. Mano dura a la delincuencia.

dr.luiscoello@hotmail.com

Guillermo Lasso recibió a Carolina Llanos

El presidente junto con su esposa recibió a Galo Lara, Carolina Llanos y sus hijos

En la cita participaron también el exasambleísta Galo Lara y sus hijos. Lasso el expresó su solidaridad por la persecución de la que fueron objeto.

En el Palacio de Gobierno se cumplió una reunión entre el presidente de la República, Guillermo Lasso, su esposa María de Lourdes con el exasambleísta, Galo Lara, su esposa, Carolina Llanos,  y sus hijos, en un acto de desagravio, luego que a Llanos le declararan inocente de los cargos de asesinato en el denominado caso Quinsaloma.

Según palabras de Lara, durante la reunión el Mandatario les expresó su solidaridad por la persecución de la que fueron objeto y que les ocasionó que estén detenidos por varios años.

En tanto, que Carolina Llanos habría relatado todos los ‘atropellos’ de la cual había sido objeto por las autoridades de justicia de turno, ‘en una clara violación a los derechos humanos de ella y de su familia’. «Hace 10 años, mientras era paseada esposada por los pasillos de la Corte, en las mismas oficinas se ordenada sentenciar a inocentes”, relató Llanos al presidente Lasso.

Carondelet fue centro de espionaje y persecución durante el autoritarismo. Desde esta casa, cuando estaba instalado el mal, nos persiguieron hasta la muerte misma. Esta casa, ahora que el bien se ha instalado aquí, nos abre sus puertas en señal de reivindicación moral. Esta es la casa del pueblo y no la de una organización criminal”,  señaló Lara durante su intervención. (RR)

 

 

La UE prolonga otro año sanciones contra Nicaragua

La Comisión Europea considera que el gobierno de Daniel Ortega en lugar de mejorar ha empeorado su manejo de derechos humanos.

El organismo comunitario aplica las sanciones contra personas y empresas para no afectar a los ciudadanos ni al país centroamericano en general.

Redacción BRUSELAS

La Unión Europea (UE) prolongó ayer otro año más las sanciones impuestas a personalidades y empresas de Nicaragua por considerarlas relacionadas con el deterioro de la situación política y social en el país.

El Consejo de la UE (institución en la que están representados los gobiernos de los Veintisiete) informó en un comunicado que ha extendido el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2022.

Este régimen de sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes lleven a cabo “políticas o actividades que socavan la democracia y el Estado de derecho”.

Actualmente, las sanciones de la UE que se aplican a 14 personas están diseñadas “para no perjudicar a la población civil o a la economía del país”, puntualizó el Consejo.

Esas personas han visto congelados sus activos y no pueden acceder a fondos en la UE y no pueden viajar a territorio comunitario. EFE

La Asamblea demora el trámite de la Ley de Uso progresivo de la fuerza; policías, desprotegidos

HECHO. Policías han sido acusados de mal uso de las armas de dotación

La delincuencia avanza, pero no el trámite de ley para permitir a los policías el uso de la fuerza cuando estén en peligro.

Nuevamente entra en debate el uso progresivo de la fuerza por parte de miembros de la Policía Nacional. La discusión surge sobre si los policías tienen garantías para actuar en contra de la delincuencia, o si sus actuaciones son sancionadas cuando hieren o matan a un delincuente por defender a la población.

El debate vuelve a la palestra luego de que el 11 de junio del 2021, el cabo segundo de la Policía, Santiago Olmedo, interviniera en un robo a mano armada, en una de las calles de Riobamba, y donde tuvo que usar su arma de dotación para proteger a quien estaba siendo asaltado. Durante los hechos dos de los delincuentes fueron abatidos, uno en el lugar y otro falleció en el hospital, como lo reseñó LA HORA.

Defensa en libertad

Desde el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional se buscó dar a los elementos policiales la confianza de que están respaldados en su accionar contra la delincuencia, siempre que el mismo esté apegado a las normas legales y constitucionales.  Es así, que se incluyeron reformas al Código Orgánico Integral  Penal (COIP) y que fueron aprobadas en diciembre del 2019 por la Asamblea Nacional.

Así lo recuerda el exasambleísta Henry Cucalón, quien formó parte de la Comisión de Justicia que tramitó las reformas. indicó que entre los cambios están justamente que los policías podrán defenderse en libertad,  con medidas sustitutivas y no habrá prisión preventiva. Además, se incluyó  que el uso progresivo o racional de la fuerza del personal policial se aplicará observando los siguientes principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Análisis del caso

Por su parte, la expresidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, dijo a este Diario, que está bien que se lleve adelante una investigación para determinar si el policía actuó con dolo.

 “Si existía peligro contra la vida de una persona y el policía actuó en defensa, lo que opera es lo que se denomina una causa de exclusión de la antijuridicidad, es decir, el policía no respondería por existir una justificación a la lesión de un bien jurídico, que en este caso es la vida”, explicó.

Criterios con los que coincide el abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, Ramiro Román. Cree que en el caso del policía, la investigación debe darse sobre la base de los hechos suscitados y estableciendo si su accionar estuvo enmarcado dentro de los parámetros establecidos para el uso progresivo de la fuerza.

“En el derecho penal hay un principio universal que es la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. La Fiscalía y los jueces deben analizar pormenorizadamente los hechos y tomar una resolución. No es de asustarse porque se haya abierto una investigación, es un procedimiento reglado por ley”, sostuvo el jurista.

Una ley en trámite

El 13 de abril de 2021, el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez y la comandante general de la Policía, Tannya Varela, presentaron el proyecto de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Cuenta con 50 artículos, dos disposiciones generales y tres transitorias.

“Nuestro objetivo es entregar a la Policía una ley que genere certezas en momentos de incertidumbre, cuando se debe emplear el uso progresivo de la fuerza. Certezas para el policía, para que tenga una norma que regule su actuación; certezas para los ciudadanos y también para los jueces, cuando tengan que analizarla”, dijo Martínez en abril de 2021.

El objetivo de la Ley  es “regular el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza como facultad privativa del Estado, para su ejercicio a través de la Policía Nacional”.

La propuesta

Entre los artículos propuestos se justifica la utilización de fuerza letal ante una amenaza. “Es la utilización de fuerza letal o de armas de fuego con munición letal, a efecto de neutralizar la actuación antijurídica violenta o agresión letal de una o varias personas, en salvaguarda de la vida de la o del servidor o de un tercero”.

Además, establece los niveles del uso “legal, proporcional, adecuado y necesario de la Fuerza”, por parte de la Policía, pero ante multitudes. En el último grado se prevé el uso de municiones reales.

El presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, dio a conocer que hasta diciembre de 2021 estará listo el informe para primer debate del proyecto de Uso Progresivo de la Fuerza. (RR)

Casos de policías en el que se ha usado la fuerza

Lo que ocurre con  Santiago Olmedo, cabo segundo de la Policía, no es el único que se ha suscitado en el país. El 19 de noviembre de 2003 se produjo un asalto en una farmacia en el norte de Guayaquil. Hubo un enfrentamiento entre policías y delincuentes. Ocho de estos últimos fallecieron.   continuó luego de que cambió de nombre por ‘Las Dolores’, que hace referencia a las tres mujeres que denunciaron la desaparición y asesinato se sus esposos por parte de miembros policiales. Los gendarmes  fueron sentenciados en noviembre de 2014.

El 23 de agosto del 2018, en un enfrentamiento con pobladores del Valle del Chota, en el control de Mascarilla,  provincia de Imbabura, un Policía del GOE disparó a un hombre, quien falleció. Luego de cuatro meses en la cárcel, el policía quedó en libertad.

El 28 de noviembre del 2018, en el sector del Quicentro Sur en Quito, cuatro individuos que portaban un arma de fuego y tres cuchillos asaltaron un vehículo de transporte público. Este hecho fue repelido por un sargento de la Policía, que hirió a uno de ellos en el pecho con su arma de fuego. El policía, tras seguir el procedimiento de Ley, quedó en libertad.

 

 

 

 

Exsecretario del CPCCS es el Defensor del Pueblo encargado

La presidenta Sofía Almeida defendió la designación del Defensor del Pueblo encargado.

Los consejeros de minoría denunciaron que Córdova es persona cercana a la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida.  

En una sesión polémica, la noche del sábado 18 de septiembre de 2021, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró  a César Marcel Córdova Valverde como Defensor del Pueblo encargado, hasta que el mismo Consejo nombre, mediante concurso de oposición y méritos, al titular de la Defensoría del Pueblo.

Córdova se desempeñó como secretario del CPCCS durante ocho meses, y presentó su renuncia el 12 de julio pasado. El nombramiento se aprobó con los votos de los consejeros: Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.

Los consejeros de minoría, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, se abstuvieron de votar argumentando que Córdova no acredita trayectoria en derechos humanos, sino más en temas de aduanas. Ulloa fue más allá y dejó entrever que el Defensor del Pueblo encargado respondería a la Presidenta del CPCCS, Sofía Almeida.

“Como se conoce, la designación del secretario de un organismo se lo hace sobre la base de una terna que es enviada desde la Presidencia, porque se entiende que es una persona de entera confianza del presidente o presidenta”, señaló Ulloa, al tiempo de sostener la designación es ilegal porque el encargado no cumple con los requisitos que ordena la Constitución y la Ley.

De su parte, Almeida defendió la designación de Córdova, al señalar que sí registra un diplomado en materia de derechos humanos.

La Presidenta del Cpccs  señaló que fue “difícil tomar la decisión en tan corto tiempo” ya que recibieron varias hojas de vida. Apuntó que la ley de la Defensoría del Pueblo no establece un mecanismo para definir al encargado, una vez que Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

Aclaro que Córdova estará en el cargo, mientras el CPCCS lleve adelante un concurso de méritos y oposición para designar a un nuevo titular de la Defensoría.

De su parte, la consejera Ibeth Estupiñán, quien es parte de la mayoría,  aseveró que si no cumplían con la designación este 18 de septiembre, podían caer en incumplimiento de funciones, lo cual sería causal para un juicio político.

Mientras que el consejero Juan Javier Dávalos dijo que la intención del nombramiento fue «darle una salida institucional» a la crisis de la Defensoría del Pueblo, ante las disputas internas que se evidenciaron desde que Freddy Carrión fue detenido por un supuesto abuso sexual, el 17 de mayo pasado.

Previo a la designación, los consejeros de mayoría dieron por conocido un informe jurídico no vinculante, que recomendaba que el encargo se realice a personas que no hayan tenido afiliación política en los últimos 10 años y que no formen parte de la Defensoría del Pueblo.

Aspectos que para el consejero Francisco Bravo van en contra de la Constitución porque es discriminatorio ya que afecta  la participación de quienes habrían querido intervenir en la elección. Aspecto con el que coincidió la consejera María Fernanda Rivadeneira, quien advirtió que esta designación podrí traer consecuencias. (RR)

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Corporación de Derechos Humanos llega a Los Ríos

ACTO. Peter Aldaz es la primera persona con discapacidad en ser designada con el cargo de ayuda social, en la Corporación.

Babahoyo • La población riosense tendrá la oportunidad de pedir ayuda en cuanto a juicios y problemas legales de manera gratuita.

Con sedes en la región Sierra, Costa y Oriente del Ecuador, y en otros países, la Corporación Ecuatoriana Internacional y Pluricultural de los Derechos Humanos, decidió ubicar sus oficinas en la ciudad de Babahoyo.

Con la presencia de su presidente ejecutivo, Pedro Pazmiño, y el delegado de la Organización Internacional de los trabajadores, Alex Díaz, se entregó la credencial a quienes serán los representarán en esta provincia fluminense.

Diana Caicedo fue designada como embajadora provincial. Ella será la encargada de velar por los derechos de quienes más lo necesiten, pero de manera gratuita.

Por su parte, Wellington Flores, como delegado, será el responsable de dialogar con los diferentes entes reguladores y las dependencias gubernamentales.

Su representante comenta que en estos momentos están trabajando en las cárceles de todo el país, con las Personas Privadas de Libertad (PPL), que han sido abandonadas por no tener dinero para costear un abogado.

Las oficinas están ubicadas en la bahía comercial de Babahoyo. Como requisito los ciudadanos deberán llevar su cédula de identidad y los documentos del problema que tenga en ese momento. (CCV)

EL DATO
La Corporación cuenta con 69 sedes en todo el país, y 39 delegados en cada provincia.