Cada año, las estadísticas de niñas embarazadas que arroja el país nos recuerdan que estamos ante una nación de cómplices. Apenas en 2022, se registraron 3.386 embarazos en ecuatorianas de entre 10 y 14 años. Tanto la ley como el sentido común dictan que una niña de esa edad no está en capacidad de otorgar su consentimiento y que, por lo tanto, un caso de esa índole equivale a violación. Una niña embarazada constituye la evidencia inocultable de un delito, pero existe una gritante impunidad — la cantidad de presos por todo tipo de crímenes sexuales en el país apenas sobrepasa los 3.500— que se asienta en autoridades locales, personal del sistema educativo y comunidades que prefieren mirar a otro lado. En la mayoría de los casos, esta tragedia es además producto de incesto y de violencia sexual intrafamiliar prolongada que perviven por la tolerancia del entorno.
En el grupo adyacente la situación tampoco es halagüeña. Hay más de 50 mil adolescentes —de entre 14 y 18 años— embarazadas y 80% de estos casos son producto de abuso. Según las últimas cifras, 12% de las ecuatorianas de entre 10 y 19 años ha estado embarazada al menos una vez y más del 15% de nacimientos del país se deben a madres menores de edad.
Esto no va a cambiar mientras no se supere el machismo mal disfrazado de moralidad que sigue obstruyendo el desarrollo de la educación sexual en el país. Se requiere una enseñanza que enfatice la autonomía, el respeto, los límites y el consentimiento, en la que las niñas aprendan a reconocer y denunciar, para paliar esta situación que, al final de cuentas, conlleva una pérdida insalvable de vidas y potencial humano para el país.