Durante la pandemia, un total de 300 niñas y adolescentes dieron a luz en Tungurahua. Esta cifra fue expuesta por Maritza Gamboa, presidenta del colectivo Ana de Peralta, quienes realizaron un levantamiento de información propia.
Para la activista, el conocer el número de menores madres no es suficiente para el establecimiento de políticas públicas que ayuden en la aplicación adecuada de las estrategias, prevención e intervención ante las problemáticas en torno a la violencia sexual como tal.
“Tenemos datos estadísticos que mujeres de entre 10 y 17 años tuvieron partos, estamos en esa investigación porque durante ese tiempo estábamos encerrados, entonces quién fue el padre de esa criatura, fue producto de una violación, o de una violación por incesto, de eso no tenemos nada”, dijo Gamboa.
Tungurahua es la cuarta provincia con mayor número de niñas y adolescentes víctimas de violación incestuosa.
Para la representante del colectivo, la ausencia de información desagregada en estos casos es indispensable. “Queremos saber cuántas niñas y adolescentes que son madres también son estudiantes, si es la primera vez que dan a luz, si son reincidentes, si su embarazo fue concebido por estupro, violación, incesto, esta información no la tiene detallada ni la Fiscalía, ni el Consejo de la Judicatura, ni la Sala de Primera Acogida”, mencionó.
En el artículo 26 de la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que determina los derechos sexuales y reproductivos, en su inciso G establece diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres, que actualicen permanentemente o alimenten un Registro Único de Violencia (RUV) contra las Mujeres.
Necesidad
A partir del 29 de noviembre de 2022, esta herramienta habría entrado en vigencia, según se informó desde el Gobierno Nacional, para que este sistema funcione por primera vez en el país siendo responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos.
Se supone que esta plataforma en su primera fase incluiría el historial de las mujeres, de cualquier edad, que hayan sido víctimas de todo tipo de violencia en donde el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, los Ministerio de Educación, Inclusión Económica, del Interior, Salud Pública, Policía Nacional, ECU 911 y Secretaría de Derechos Humanos deba transmitir los casos receptados a este RUV.
43 CASOS De violación incestuosa, en niñas y adolescentes, se contabilizaron en 2022 en Tungurahua.
Estadísticas que, a decir de Cecilia Mena, presidenta de Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo, son insumos para la elaboración de políticas públicas. “Me parece que es lógico que, con estos datos pormenorizados para especificar las problemáticas”, dijo.
Mena fue enfática en que cualquier dependencia, sea esta Salud, Educación u otras que conozcan de un delito sexual deben reportarlo y poner en consideración de las autoridades competentes “están en la obligación”, agregó. (MAG)
NOTA RELATIVA
Qué dice la ley
En la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres está constante el Registro Único de Violencia (RUV) el mismo que debería alimentar con información al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que desarrollaba, hasta finales de 2022, el Ministerio del Interior con el fin de prevenir femicidios, según datos de la página del Gobierno Nacional.
Desde la Junta Cantonal
Diana Villalba, coordinadora de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Ambato aseguró que alimentar como herramienta al Registro Único de Violencia (RUV), “nos permitirá determinar sectores, edades, verificar si se ha dado un seguimiento y cumplimiento que es indispensable”, indicó la funcionaria, pues de esta manera, incluso los planes de acción e intervención serán específicos a los territorios donde se detecten en mayor número estos temas, entre otros detalles.