Ana Changuín Vélez
Para que existan cambios que mejoren la vida de los ciudadanos, no solo es necesario la formulación de políticas públicas. También es fundamental contar con un sistema de evaluación que permita analizar, comprender y si se requiere, replantear la intervención que realizan los gobernantes. Una herramienta que aporte a la toma de decisiones basada en evidencia y no en percepciones, con efectos directos en la eficacia y eficiencia en la actuación gubernamental.
La Constitución de la República del Ecuador recoge en algunos fragmentos la evaluación como método. El artículo 85 dispone que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos. Así mismo, señala que cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas vulneren o amenacen derechos constitucionales, la política deberá reformularse con medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. En línea similar, los artículos 140 y 227 determinan que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; y, que dentro de las atribuciones de la Función Ejecutiva consta la evaluación de las políticas públicas nacionales.
No obstante, estudios indican que en Ecuador aún son escasos los procesos de evaluación para medir la eficiencia del gasto público que señalen con claridad la necesidad de continuar, modificar o incluso suspender una política pública en marcha. Por ejemplo, si indagamos en procesos de ‘evaluación’ en las instituciones, se refieren al desempeño de su personal, y el ‘monitoreo’ a la ejecución y seguimiento de procesos administrativos. No sobre proyectos y políticas públicas en marcha.
Experiencias internacionales nos muestran que la evaluación de proyectos funciona e impacta positivamente la vida de los ciudadanos. Brasil, Colombia, México y España cuentan con leyes que disponen la evaluación de las políticas o programas gubernamentales, y establecen un organismo responsable de evaluar.
Un caso de avanzada es México, con la Ley General de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Una institución fuerte y transversal que pone a disposición cifras e informes completos sobre la efectividad de los programas sociales. España también cuenta con el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas, una instancia adscrita al Ministerio de Hacienda que coordina permanentemente con los departamentos ministeriales.
En Ecuador todavía queda un amplio camino por recorrer. No hay legislación concreta que desarrolle e institucionalice la evaluación y tampoco hay cultura generalizada sobre la importancia de evaluar. Hoy más que nunca es necesario contar con un compromiso ético que brinde certezas a la ciudadanía sobre la correcta utilización de los recursos públicos y particularmente, sobre los proyectos que de verdad funcionan.