Hasta el momento se han presentado tres solicitudes de ‘Amicus Curiae’, un escrito y una solicitud como “terceros interesados”, para exponer sus posiciones de rechazo u observaciones a las preguntas propuestas por el Gobierno.
La propuesta de consulta popular presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, será analizada por tres jueces de la Corte Constitucional (CC), quienes realizarán el control previo de los cuestionamientos en materia de seguridad, generación de empleo, minería, funcionamiento de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Noboa envió el 09 de enero de 2024 un primer paquete de preguntas identificadas por la Corte Constitucional como el caso 1-24-CP y que será sustanciado por la jueza Hilda Teresa Nuques Martínez. Ese primer bloque contenía 11 preguntas sobre seguridad, funcionamiento de la justicia y generación de empleo, a través de la reapertura de los casinos.
Un segundo bloque fue entregado el 9 de enero, con interrogantes en temas diversos, entre las que destacan reformas de carácter constitucional y tres cambios a normas legales.
La jueza Karla Elizabeth Andrade Quintero fue la designada para revisar este grupo de preguntas. Tras una primera revisión, la magistrada recomendó que las interrogantes que solo valoran cambios a las leyes sean evaluados en otro expediente, propuesta que fue aceptada y aprobada el 17 de enero.
De esta manera, la consulta popular se encuentra en tres causas: la 1-24-CP del 02 de enero, la 1-24-RC del 09 de enero y la recientemente abierta 2-24-CP, que deberá ser sorteada para designar al juez que la sustancie.
Rechazos y recomendaciones
En el marco de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc), al menos cinco profesionales y representantes de distintos sectores de la sociedad han presentado escritos para que la CC pueda decidir sobre la pertinencia o no de las preguntas presidenciales.
En cuanto a la causa 1-24-CP, en la que se revisan las 11 primeras preguntas, en tres de los escritos presentados manifiestan su rechazo al contenido de la propuesta presidencial, sobre todo al cuestionamiento para la reapertura de los casinos y centros de juegos de azar. Otro analiza la existencia de leyes que regulan las 10 de las 11 primeras preguntas y califica de “vergonzosa” a la propuesta presidencial.
Este primer bloque de preguntas también ha sido el más cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil y la academia, que han manifestado que los temas a consultar no dan soluciones reales al problema de la inseguridad y el país gastaría $60 millones en una consulta “inoficiosa”.
El 16 de enero, la jueza Hilda Teresa Nuques envió un escrito al presidente Noboa en el que le concedió 24 horas para ratificar las preguntas de su propuesta. El mandatario respondió en el tiempo estipulado, ratificando la redacción y pertinencia de las 10 preguntas, mientras desestimó insistir en la pregunta sobre la reapertura de los casinos, al considerar que “el debate ciudadano relacionado a esta temática no es oportuno en estos momentos”.
Segundo bloque dividido
El escrito sobre la ampliación de las preguntas para la consulta popular presentado el 9 de enero fue dividido para ser estudiado en dos causas. La jueza Karla Elizabeth Andrade Quintero calificó las preguntas en dos categorías.
La primera categoría tendría que ver con las preguntas que desarrollan una revisión y modificación constitucional en las que estarían las preguntas 1, 2, 4, 6, 7 y 9 y una segunda categoría de preguntas en las que se consulta sobre reformas legales, estas serían las preguntas 3, 5 y 8.
Dentro del informe presentado por Andrade, se señala que revisar estas tres preguntas requiere un tratamiento distinto, por lo que su recomendación a la CC es abrir una causa aparte para hacer el control constitucional a estas preguntas que pasarían ser una consulta popular, hecho que fue ratificado con la aprobación de nueve jueces, por lo que en este momento la causa 2-24-CP espera por el resultado del nuevo sorteo para definir al juez de la causa.
En esta causa, hasta el momento solo se ha registrado un recurso de ‘Amicus Curiae’ por parte de la ciudadana Ivonne Ramos, quien entregó cuatro tomos de una investigación sobre la utilidad pública y estratégica de la minería desarrollada por el Grupo de Utilidad Pública en América Latina.
En su escrito, Ramos desarrolla su preocupación por los alcances de la pregunta tres, que busca revisar y consultar a la población sobre la necesidad de erradicar a la minería ilegal, así como la revisión de las concesiones mineras y garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos minerales y el combate del crimen organizado.
Esta será una de las preguntas que pasará a la nueva causa.
Los otros cuestionamientos propuestos por el presidente están ligados a las FF.AA. y la Policía Nacional, la pregunta 5 consulta sobre la posibilidad de permitir que el presidente pueda conceder indultos a los funcionarios que sean imputados en delitos relacionados al uso de la fuerza pública y la pregunta 8 busca que los funcionarios sean juzgados por jueces especializados en materia militar y policial. (ILS)
Datos erróneos
Aunque el presidente Daniel Noboa desestimó proseguir con el proceso de la pregunta sobre los casinos, el abogado Jorge Barquerizo, así como los litigantes Juan Francisco Guerra y Emilio Suárez Salazar, enviaron escritos para rechazar y observar las justificaciones ofrecidas por el presidente en su pregunta para reabrir los casinos y actividades de azar en el país.
Una de las mayores críticas y en la que coinciden ambos escritos es sobre la utilización de información errónea en la justificación del anexo presentado a la Corte Constitucional.
A lo largo de la justificación se señala que en el momento de la eliminación de las actividades de los casinos en Ecuador en el pasado, se generó la pérdida de 250.000 plazas de trabajo, dato que es errado.
Baquerizo detalla que entre las páginas 105 y 106 de la solicitud de control constitucional presentada por el presidente de la República, “se aduce que después del año 2011 se perdieron 250.000 plazas de empleo, las cuales se encontraban establecidas en las 160 salas de juego a nivel nacional”.
Barquerizo y los abogados Guerra y Suárez advierten que la cita presidencial se refiere a un artículo de ‘Bloomberg Línea’, en el que se apunta que la cantidad de empleos perdidos fue de 25.000, además que el artículo no señala el origen de las cifras y la atribuye a una fuente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juegos.
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