Este domingo 15 de octubre los 13,4 millones de votantes están llamados a asistir a los recintos electorales para elegir al nuevo presidente de Ecuador, entre Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional. El ganador completará el período de un año y seis meses que le restan al presidente Guillermo Lasso.
Los ecuatorianos nos preparamos para cerrar un ciclo intenso dentro de nuestra historia republicana, asistiremos por tercera vez en el año a las urnas electorales para ejercer nuestro derecho al voto y elegir de forma anticipada a quien ocupará la Presidencia de la República por un corto período de un año y seis meses aproximadamente.
El proceso que hoy vivimos no es un proceso normal, sino que es el resultado de una decisión política “inédita” en la historia del Ecuador, pues Guillermo Lasso pasará a la historia por ser el primer presidente que recorta su mandato y disuelve a la Asamblea Nacional, obligando al adelantó de los comicios.
La decisión tomada por el mandatario, es un hito. Y aunque algunos pueden señalar la medida como un acto desesperado para evitar la continuación del juicio político que pretendía adelantar el parlamento en su contra.
También se puede indicar que fue el resultado de un proceso de desestabilización que comenzó incluso antes de asumir la Presidencia en mayo del 2021.
La ingobernabilidad y la ruptura de acuerdos políticos han sido la característica principal de estos dos años y medio de gestión de Lasso.
Acuerdos rotos
Luego de imponerse con solvencia en la segunda vuelta al candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, el presidente electo Guillermo Lasso tuvo que tomar la primera de sus decisiones controversiales, además de ser está la que impidió al mandatario gozar de la ansiada gobernabilidad en el parlamento.
En ese momento, su aliado Jaime Nebot, anunció un acuerdo para cogobernar la Asamblea Nacional, entre el partido CREO, el PSC y UNES (alianza que defendía los colores del Correísmo).
Lasso en un acto de coherencia política, dijo, y sobre todo ante la presión social que rechazaba el acuerdo de gobernabilidad con el correísmo, declinó la propuesta y se apoyo en una alianza con los movimientos Pachakutik, Izquierda Democrática que permitió a la Asambleísta Guadalupe Llori, escalar a la presidencia del parlamento.
Está alianza tampoco le ofreció estabilidad al gobierno de Lasso, quien tuvo que observar como algunas de las leyes propuestas no recibían el aval del parlamento.
Nuevas mayorías y protestas populares
La debilidad de la mayoría provisional alcanzada por Lasso apenas pudo sobrevivir poco más de un año, 382 días después de su nombramiento, Llori fue destituida gracias al trabajo coordinado del PSC, Unes y las alas disidentes de Pachakutik e Izquierda Democrática.
Una comisión multipartidista decidió por unanimidad, emitir un informe que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori, hecho que se oficializó el 25 de mayo. Dando paso a la designación del exasambleista Virgilio Saquicela, cómo nuevo presidente del Parlamento.
Desde ese momento el control del parlamento por parte de UNES y el PSC se hizo evidente, generando un intento de destitución del presidente Lasso en el mes de junio del 2022.
En medio de las protestas y el paro indígena del 2022, la bancada del correísmo trató que en el parlamento se activará el artículo 130 numeral 2 de la Constitución, para lograr la destitución de Lasso por “grave crisis política y conmoción interna”, pero tan solo alcanzaron 84 de los 92 votos necesarios.
Las protestas encabezadas por Leónidas Iza de la Conaie, Gary Espinoza de Fenocin y Eustaquio Tuala de Feine, concluyeron tras 21 días de paro cuando se sentaron en una mesa de negociación que contó con la mediación de la Iglesia Católica.
Tras un largo proceso de discusiones se firmaron 218 acuerdos en diversas áreas para dar solución a las carencias y necesidades de los sectores sociales, acuerdos que ya en el mes de febrero de este año las organizaciones indígenas reclamaban por su incumplimiento.
Del Gran Padrino al juicio político
El 2023 comenzó para Guillermo Lasso con nuevos ataques, además de los contínuos llamados a comparecer a sus ministros ante el parlamento -14 juicios políticos a sus ministros-, la amenaza latente de movilizaciones por el incumplimiento de los acuerdos con los sectores sociales, el recrudecimiento de la violencia en las cárceles y en las calles, así como la aparición de denuncias por supuestas tramas de corrupción en las que se involucró a familiares del primer mandatario.
El 2023 para Guillermo Lasso podría compararse con una olla de presión, que fue calentándose hasta la aprobación de un informe para solicitar el juicio político al mandatario por su presunta relación con la llamada trama del “gran padrino”, investigación que había sido paralizada por la Fiscalía por no tener indicios suficientes.
Ya en mayo de este mismo año, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en una entrevista concedida a este Diario indicó que «la agenda estaba marcada. Una de las tantas cosas era censurar al presidente, pese a que ellos sabían que no tenían los votos, era generar un clima de ingobernabilidad, irracionalidad, de tumbar abajo todas las estructuras del Estado para favorecer la impunidad, porque eso era parte del plan de agradecimiento de este lacayo (Virgilio Saquicela)”.
En sus justificaciones, para el decreto de “Muerte Cruzada”, el Guillermo Lasso expresó, “no es posible avanzar, resolver el problema de las familias ecuatorianas, los desafíos que nos da la inseguridad y el terrorismo, hay una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización de la democracia y del Estado”.
Lasso también calificó el juicio en su contra como «infundado» y recordó que en la legislación ecuatoriana no existe el delito de peculado por omisión.
Ante todo este escenario, en horas de la mañana del 17 de mayo del 2023, el primer Mandatario dictaminó: “He decido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna con el Decreto 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos. Es una decisión democrática”.
De allí en adelante, la historia ha marcado un proceso comicial que ha venido superando los obstáculos de una organización expedita y con falta de normativas que le permitan ajustar los procedimientos a la realidad de una elección con menos tiempo desde su convocatoria hasta la posesión de los ganadores en sus respectivos cargos. (ILS)