Desde el 9 de enero, tras decretarse el estado de excepción, las muertes violentas pasaron de 28 a 6 cada día. Es el mejor índice registrado en Ecuador, tomando en cuenta que desde 2019 se han decretado 42 estados de excepción.
Un total de 42 estados de excepción se han decretado desde 2019. Solo en el Gobierno de Guillermo Lasso se declararon 15, pero las cifras de muertes violentas tenían una reducción mínima. Además, cuando terminaba la vigencia de esas medidas, las calles y cárceles volvían a ser inseguras. De hecho, 2023 fue el año con más muertes violentas, lo que puso a Ecuador como el país con mayor tasa de homicidios de la región.
A menos de 100 días de su mandato, el presidente de la República, Daniel Noboa, también decretó el estado de excepción, pero también declaró un conflicto interno y, desde el 9 de enero, según la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, las muertes violentas en el país presentan una drástica reducción, pues pasaron de 28 a 6 diarias.
El estado de excepción y la declaratoria de un conflicto interno permite que las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional realicen operativos en las calles y en las cárceles.
Por primera vez, el Ejército ecuatoriano ha hecho ingresos a las cárceles donde han cortado las líneas de internet, solo en la cárcel de Cotopaxi, el 25 de enero de 2024, cortaron 800 metros de cable UTP, que era utilizado para redes de telecomunicaciones.
Además, con la ayuda de georadares, que funcionan mediante ondas electromagnéticas, lograron ubicar túneles subterráneos en cárceles como la del Turi (Azuay).
El estado de excepción concluye el 8 de marzo de 2024 y la ley faculta al Presidente a extenderlo por 30 días más. Fuentes del Ministerio del Interior detallan que se dará la prórroga. Sin embargo, la pregunta es ¿qué pasará cuando el Ejército deje de estar en las calles y controlar las cárceles?
Reorganizar las cárceles
Diego Altamirano, máster en Ciencias Políticas y Seguridad Pública, dice que el Gobierno debe aprovechar la baja cifra de muertes violentas y – antes de que termine el estado de excepción– trasladar a los cabecillas de bandas a una sola cárcel, independientemente del grupo terrorista al que pertenezcan. “Ahora que las Fuerzas Armadas tienen un gran control de la seguridad, es momento de desarmar por completo a quienes dan las órdenes y reclutan muchachos en la cárcel”, señala.
Para él, es momento de poner a funcionar en su totalidad a la única cárcel de máxima seguridad que tiene el país: La Roca. “Tiene una capacidad de al menos 100 presos, ahí deben estar los considerados cabecillas u objetivos de alto valor. Cuando golpeas a las cabezas las estructuras tardan en actuar, incluso, se crean conflictos a la interna”, resalta Altamirano.
“Ningún conflicto se resuelve solo con decretos”, dijo Palencia en una entrevista televisiva en la que destacó que “los procesos son muy organizados, pero que hay gran relevancia en el acuerdo histórico” que hubo en Perú, donde se marcó una agenda de seguridad en la región, que vaya más allá de las fronteras.
No descuidar ‘la raíz’
Las cárceles y las bandas narcodelictivas no son por sí solas las que generan la violencia que vive Ecuador.
Andrea Soria, socióloga, señala que si las necesidades básicas no son suplidas y sin sostenibilidad económica “no se puede salir adelante y vamos a seguir en círculos viciosos. El respaldo a la consulta popular será necesario”, agrega.
Todo decreto, dice Soria, es solo una medida temporal “y no aborda otros problemas de raíz que son la educación, la salud y fuentes de empleo, especialmente en zonas conflictivas”. (DLH)
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