Con estas medidas, el Ejecutivo proyecta recaudar $1.660 millones. Por su carácter de urgencia en materia económica, el proyecto deberá aprobarse hasta el 12 de febrero de 2024.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, presidida por la oficialista Valentina Centeno (ADN), no logró aprobar el informe para ponerlo a consideración, en primer debate en el pleno del Parlamento, del proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, remitida por el Ejecutivo el 12 de enero, y que busca elevar el IVA del 12 al 15%.
Centeno convocó a los comisionados a una sesión virtual hoy, 21 de enero de 2023, en cuya agenda estaba previsto conocer y aprobar el informe.
La sesión inició pasadas las 12:00, pero cerca de las 17:00, la titular de la Comisión la suspendió argumentando que en el documento se deberán incluir las observaciones efectuadas por varios asambleístas, entre ellos Jorge Acaiturri (PSC) y Blasco Luna (Revolución Ciudadana). La convocatoria a la sesión se dará en los próximos días.
Jorge Acaiturri dijo, en medio de la sesión, que aumentar el IVA no es la medida más adecuada, y planteó la necesidad de focalizar ordenada y planificadamente los subsidios sin afectar el bolsillo de los ecuatorianos. Sugirió como mecanismos “eficientes” de recaudación el cobro de una contribución a la banca, y al sector minero, pero no especificó en qué porcentajes.
Blasco Luna, vicepresidente de la Comisión, fue enfático al afirmar que votará en contra del informe, e insistió que una vez que el proyecto sea debatido en el Pleno del Legislativo presentará un informe de minoría. Luna planteo, por ejemplo, incrementar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 6% por los próximos dos años, y luego que regrese al 5%.
La propuesta que defiende el Ejecutivo, a través de sus representantes en la Asamblea, es aumentar el IVA de manera permanente del 12 al 13%, y dos puntos temporales (al 15%) hasta el 2026, lo cual permitirá recaudar 1.300 millones de dólares.
Además, que se incluya un impuesto único del 5% a las utilidades extraordinarias para aquellas empresas que al 2022 hubieren presentado un incremento de sus utilidades del 50% o más en comparación con las utilidades del período fiscal 2021.
Se excluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Esta contribución será por una sola vez y no será deducible del impuesto a la renta. La contribución se declarará y pagará hasta el 29 de febrero de 2024.
Valentina Centeno, dijo que, en los dos últimos años, los bancos han tenido utilidades “extraordinarias”, y que a pesar de que la recaudación no es significativa -incluso al hablar de un 25% de utilidades como un porcentaje alto- no es una recaudación significativa, aseguró.
“Este es el mensaje de cuál es la voluntad de este gobierno para que todos sumemos esfuerzos desde los distintos sectores para poder salir de esta crisis heredada de 2023 que cerró en 4.800 millones de dólares”, añadió.
“¡Imagínense ustedes (asambleístas), encontrar un Estado quebrado con una caja fiscal con menos de 200 millones y un déficit de 4.800 millones!”, expuso Centeno a sus colegas de la Comisión.
Los programas a financiar, con lo que se espera recaudar de aprobarse el proyecto, están entre otros, $1.300 millones para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas; además, $600 millones para la Policía Nacional.
Previo a conocer el informe para el primer debate del proyecto de ley, la Comisión abrió la fase de socialización, en la que Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador (CANAPE), pidió a los legisladores que en la iniciativa se incluya la focalización del IVA y grabar con el impuesto a las grandes industrias o a sectores donde se ha generado rentabilidad como la banca.
Planteó excluir del IVA al sector turístico. “El aumento del IVA va a complicar el escenario productivo del país; se deben plantear alternativas que permitan una mejor recaudación y optimización de recursos”,agregó.
Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Intra e Inter Provincial (Fenacotip), alertó que el aumento irá en detrimento del usuario del servicio de transporte público. Recordó que el ofrecimiento del gobierno anterior sobre la focalización de los subsidios quedó en papel.
Pabel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales (Conagopare), que reúne a más de 800 gobiernos parroquiales, dijo que la “situación es preocupante” porque un incremento del IVA no solo “dispararía” al sector del transporte, sino incluso al vendedor ambulante porque le tocaría aumentar el valor de sus insumos. “Se debería subsidiar el 25% de la deuda a la banca, y el resto se les debería cobrar; no se les puede perdonar toda la deuda perjudicando al Estado”, apuntó. (SC)
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