12 casos más están pendientes por resolver en el extranjero; las sentencias pueden demorar décadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió cinco sentencias en contra del Estado ecuatoriano este 2021. La suma total a pagar es de $1,6 millones por reparación a las víctimas y por costos procesales, entre otros rubros.
En los cinco casos hubo un denominador común: tuvieron que pasar décadas para ser resueltos por la justicia internacional, ya que en el país no fueron atendidos de forma correcta, según los fallos internacionales.
Las sentencias en este año superan en número a todos los periodos anteriores, según los registros de la Corte-IDH desde 1996. En 2011 el país también afrontó cuatro procesos en contra.
El Estado se prepara para desembolsar, en total, $1.627.000. Para cubrir las sanciones en cuatro casos, Ecuador usará dineros de las arcas fiscales, mientras que para el último caso, el de Emilio Palacio, la Procuraduría prevé impulsar una acción de repetición (vigente desde la Constitución de 2008); es decir que las autoridades políticas, judiciales o de orden público que provocaron la violación de derechos humanos paguen por sus acciones y omisiones.
Para la jurista y especialista en derechos humanos, Cristina Izurieta, el Estado debe garantizar en la justicia interna una atención oportuna para evitar abusos y dar “una respuesta eficaz” a expedientes que se abren en el país. También debe mejorar los marcos jurídicos y el accionar de todos los miembros que forman parte del sistema de justicia. “Caso contrario, seguirán fallando en contra de Ecuador internacionalmente”. De hecho, ya existen 12 demandas adicionales que se ventilan en la Corte-IDH.
Un escritor desaparecido
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en octubre de 2021 al Estado por la desaparición forzada del escritor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito, en 1990.
El caso ocurrió en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales, en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos “Alfaro Vive Carajo” y “Montoneras Patria Libre”.
La sentencia señala violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.
Un marino que denunció abusos
El Estado fue declarado responsable de vulnerar los derechos de Vicente Grijalva Bueno, exmiembro de la Fuerza Naval del Ecuador. Cuando estaba en servicio, por el cargo que ocupaba llegó a conocer sobre detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y, además, sobre tres personas que fueron asesinadas por miembros de la Marina.
Grijalva denunció esos hechos a su superior en diciembre de 1991. Después fue enviado a otros cargos e investigado. Incluso fue sancionada por la justicia militar y lo dieron de baja.
Policías arrestados ilegalmente
Los oficiales de Policía Jorge Villaroel, Mario Cevallos, Jorge Coloma, Fernando López, Amílcar Ascázubi y Alfonso Vinueza fueron detenidos arbitrariamente, según la Corte. El caso se inicia en 2001, cuando la Contraloría emitió un informe respecto a supuestas irregularidades en operaciones administrativas y financieras de la Comandancia de Policía.
Se abrió una investigación penal por el delito de peculado y falsedad en instrumentos privados que provocó que los generales y coroneles mencionados estén entre seis y ocho meses en prisión. La Corte determinó que su encarcelamiento resultó ilegal y arbitrario “en vulneración de la libertad personal, así como violatoria del principio de presunción de inocencia”.
Desaparecido en un hospital psiquiátrico
Luis Eduardo Guachalá Chimbo fue reportado como desaparecido el 18 de enero de 2004, tras ser internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara en Quito. Zoila Chimbo, su madre, contó a LA HORA que acudió al centro de salud para ver a su hijo al día siguiente, y allí un enfermero le indicó que “se había escapado del hospital” y que eso era “su problema”. Además de buscarlo, inició un proceso para que la Policía y la Fiscalía lo busquen. Las investigaciones fueron incluso archivadas, pero el caso fue obligado a reabrirse por orden judicial. La Corte ordenó al Estado a cumplir con 14 medidas de reparación entre las que están: investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de este caso de violación a los derechos humanos.
Sentencia caso Universo
El 21 de diciembre de 2021 se conoció que la Corte IDH declaró la “responsabilidad internacional” del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad y otras vulneraciones en contra del periodista Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo, Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Esto ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa y por una denuncia presentada por el propio Presidente por el artículo No a las mentiras. La reparación es la más costosa impuesta este año.