Chavismo se apropia de sede de diario

La justicia chavista condenó al rotativo a pagar $13 millones a Diosdado Cabello por supuesto daño moral.

El número 2 del régimen, Diosdado Cabello, recibió el edificio y lotes aledaños de El Nacional tras un irregular remate debido a una condena judicial.

Redacción CARACAS

La Justicia venezolana entregó al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la sede del diario venezolano El Nacional, cuyo embargo notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras una demanda del político.

«En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos (…), le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida a Diosdado Cabello«, publicó El Nacional.

Cabello denunció al diario por replicar una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por EE.UU. por presuntos nexos con el narcotráfico, y el TSJ dictó una sentencia por la que el rotativo venezolano debía pagar a Cabello 237.000 petros (criptomoneda promovida por el Gobierno venezolano) al valor de cambio del día, lo que suponía 13’369.170 dólares. (EFE)

Perenco exige pago de Ecuador ante tribunal en EE.UU.

La petrolera francesa le ganó un laudo arbitral al país por una disputa originada en 2007.

El país debía pagar una indemnización de más de $400 millones en agosto de 2021, pero hasta el momento no ha hecho ningún desembolso.

En junio de 2021, se anunciaba que el Comité de Arbitraje del Banco Mundial fallaba de manera definitiva en contra del Ecuador, y a favor de la petrolera francesa Perenco, dentro una disputa legal originada en 2007.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, con relación al reparto de los excedentes por el aumento del precio de crudo, provocó que la empresa extranjera alegara acciones confiscatorias por parte del Estado ecuatoriano.

Hace siete meses, el fallo definitivo obligaba al país a pagar una indemnización de más de $400 millones. Sin embargo, ese pago no se ha hecho efectivo hasta la fecha.

En ese contexto, Perenco pidió, ante un tribunal de justicia de Estados Unidos, que se ejecute el laudo arbitral que ya ganó en contra de Ecuador “y no se utilicen las reclamaciones fiscales para reducir la indemnización de más $400 millones”.

En julio de 2021, el Gobierno ecuatoriano, a través de la Procuraduría, pidió una prórroga para el pago, que en un inicio debía darse hasta el 9 de agosto del año pasado. Esa prórroga debía servir para negociar un descuento en el valor de la indemnización.

Según las autoridades nacionales, el monto adeudado se podía reducir si se lo cruzaba con obligaciones tributarias pendientes que tenía la petrolera francesa dentro del país. Para eso, Ecuador presentó un pedido ante un tribunal del distrito de Columbia, en suelo estadounidense.

Sin embargo, ahora Perenco considera que ya ha pasado demasiado tiempo y que debe recibir la indemnización completa, sin ningún tipo de rebajas. La empresa asegura que no dispone de activos suficientes para cubrir esos impuestos pendientes.

Todavía no hay una respuesta oficial del Gobierno ecuatoriano sobre la nueva acción legal de la petrolera francesa.

Durante los últimos 14 años, sobre todo en la década correísta, varias petroleras demandaron al país por incumplimiento de contratos. Entre ellas están Repsol, Perenco, Burlington, Murphy, City Oriente.

En algunos casos, como Burlington, se tuvieron que pagar indemnizaciones; en otros, el país reconoció las pérdidas de las empresas por los cambios contractuales inconsultos. Solo Repsol retiró las demandas y se quedó operando luego de llegar a acuerdos. (JS)

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17 sentenciados por el caso Sobornos incumplen el pago de la indemnización

Placa instalada en el Palacio de Gobierno que recuerda la corrupción cometida en el Caso Sobornos.

Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, ya salió en libertad. Su abogado indicó que no puede pagar la indemnización porque su sueldo se lo impide.

Solo tres de los 20 sentenciados por corrupción en el caso Sobornos 2012-2016 han cumplido con los pagos ordenados por la justicia ecuatoriana como parte de la sentencia. El monto total que ha logrado recuperar la Procuraduría General del Estado es de apenas $1,9 millones de un total de $14,7 millones. Es decir, solo se ha recaudado el 13%.

Era septiembre de 2020 y 20 personas fueron sentenciadas en última instancia por cohecho. En el grupo estaban el expresidente de la República, Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, exministros, funcionarios y empresarios.

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dispuso el pago como medida de reparación al Estado. Los autores y coautores del delito debían pagar, cada uno,  $778.224, mientras que los cómplices $368.632.

Participación Número Monto a pagar c/u
Autores mediatos 2 778.224
Coautores 7 778.224
Autor directo 9 778.224
Cómplices 2 368.632

Más de dos años después, solo tres empresarios han cumplido con esta parte de la sentencia, según con información proporcionada por la Procuraduría:

Víctor Fontana con $ 778.224

Teodoro Calle con $ 778.224

Alberto Hidalgo con $368 632

Todavía falta por recaudar $12,8 millones de otras 17 personas no han cumplido con el pago de las indemnizaciones. Este Diario buscó conversar con el actual asambleísta Fausto Jarrín, quien defendió a Correa en el caso Sobornos. El objetivo era conocer si el exmandatario, quien actualmente está prófugo de la justicia, está dispuesto a pagar el monto que le corresponde. No hubo respuesta.

Dentro del listado de personas que faltan por pagar las indemnizaciones se encuentra la exministra de Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte. Su abogado, Diego Correa, informó que el Estado “tendrá que agotar todos los medios” para cobrar. Eso implica acciones administrativas desde la Procuraduría.

Salió de prisión, pero sin pagar indemnización

Laura Terán, quien fue asistente de Pamela Martínez, exasesora de Correa, ya salió de la cárcel. Ella cumplió siete meses de prisión como cómplice en este entramado de corrupción. No ha pagado los $368 632 que le corresponden. Su abogado Luis Muñoz habló ayer con LA HORA. Indicó que “no ha podido cancelar, porque su sueldo le impide”. Gana cerca de $400 como secretaria. “Eso fue parte de nuestra argumentación respecto de la reparación integral que se le fijó. A ella también le congelaron todas las cuentas”, contó el representante de Terán.

El abogado indicó que en este caso y en el del resto de sentenciados el pago dependerá de las acciones que realice la Procuraduría. “Esto puede durar años y durante ese tiempo puede declararse la insolvencia a todos, incluso a Laura. Se trató de llegar a una fórmula de pago, pero cómo se puede lograr determinar que pague todo si ella gana 400 mensuales”.

 La Procuraduría embargó las cuentas

Las cuentas bancarias de 17 sentenciados por cohecho fueron embargadas por la Procuraduría desde el 12 de noviembre último. La entidad confirmó ayer que hace un barrido para conocer el saldo. Esta acción se ejecutó meses después luego de que lo dispusiera el Tribunal de Ejecución de la sentencia conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas.

La idea es que el dinero de las cuentas de los sentenciados se transfiera a la cuenta de la Judicatura. Posteriormente deberán ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional. Hasta ayer la Procuraduría no indicó cuánto ha sido recuperado tras el embargo.

Además, la Procuraduría ya solicitó al mismo Tribunal de Ejecución que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los 17 condenados.  En caso de que no cumplan con los pagos, se puede declarar la insolvencia.

“Para impulsar estos procesos, en agosto del 2020, la Procuraduría conformó la Unidad de Recuperación de Activos cuyo objetivo es ejercer el patrocinio de Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos penales por corrupción que involucran a exservidores públicos”, indicó esa entidad.

Millones deben recuperar el Estado en otros casos

Los casos de corrupción demoran en procesarse. El cobro avanza lentamente.

En el caso de María Sol Larrea, en el que se debe recuperar $ 3,6 millones por diferentes expedientes, solo se ha recaudado medio millón de dólares tras la incautación de joyas y el 50% de derechos y acciones de un departamento en el sector de Quito Tenis, ocho terrenos ubicados en el cantón El Empalme y un consultorio en Quito.

En otro caso, el de Petroecuador, se debe recuperar $12,6 millones y la Procuraduría ha obtenido $120.000 por bienes de Álex Bravo, exgerente de la estatal petrolera, en Quito y Esmeraldas. Ahí constan, por ejemplo, el 50% de derechos y acciones de una vivienda de dos pisos en el barrio La Concordia de la parroquia Simón Plata de la provincia verde.

Cinco millonarias sentencias contra Ecuador en 2021

BÚSQUEDA. Zoila Chimbo es madre de Luis Guachalá, desaparecido en 2014. Ella inició acciones legales internacionales al no tener respuesta en el país.

12 casos más están pendientes por resolver en el extranjero; las sentencias pueden demorar décadas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió cinco sentencias en contra del Estado ecuatoriano este 2021. La suma total a pagar es de $1,6 millones por reparación a las víctimas y por costos procesales, entre otros rubros.

En los cinco casos hubo un denominador común: tuvieron que pasar décadas para ser resueltos por la justicia internacional, ya que en el país no fueron atendidos de forma correcta, según los fallos internacionales.

Las sentencias en este año superan en número a todos los periodos anteriores, según los registros de la Corte-IDH desde 1996. En 2011 el país también afrontó cuatro procesos en contra.

El Estado se prepara para desembolsar, en total, $1.627.000. Para cubrir las sanciones en cuatro casos, Ecuador usará dineros de las arcas fiscales, mientras que para el último caso, el de Emilio Palacio, la Procuraduría prevé impulsar una acción de repetición (vigente desde la Constitución de 2008); es decir que las autoridades políticas, judiciales o de orden público que provocaron la violación de derechos humanos paguen por sus acciones y omisiones.

Para la jurista y especialista en derechos humanos, Cristina Izurieta, el Estado debe garantizar en la justicia interna una atención oportuna para evitar abusos y dar “una respuesta eficaz” a expedientes que se abren en el país. También debe mejorar los marcos jurídicos y el accionar de todos los miembros que forman parte del sistema de justicia. “Caso contrario, seguirán fallando en contra de Ecuador internacionalmente”. De hecho, ya existen 12 demandas adicionales que se ventilan en la Corte-IDH.

Un escritor desaparecido

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en octubre de 2021 al Estado por la desaparición forzada del escritor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito, en 1990.

El caso ocurrió en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales, en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos “Alfaro Vive Carajo” y “Montoneras Patria Libre”.

La sentencia señala violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial.

Juicio. El marino Vicente Grijalva fue dado de baja y estuvo en prisión por denunciar casos de abusos contra civiles.
Juicio. El marino Vicente Grijalva fue dado de baja y estuvo en prisión por denunciar casos de abusos contra civiles.

Un marino que denunció abusos

El Estado fue declarado responsable de vulnerar los derechos de Vicente Grijalva Bueno, exmiembro de la Fuerza Naval del Ecuador. Cuando estaba en servicio, por el cargo que ocupaba llegó a conocer sobre detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, y, además, sobre tres personas que fueron asesinadas por miembros de la Marina.

Grijalva denunció esos hechos a su superior en diciembre de 1991. Después fue enviado a otros cargos e investigado. Incluso fue sancionada por la justicia militar y lo dieron de baja.

Policías arrestados ilegalmente

Los oficiales de Policía Jorge Villaroel, Mario Cevallos, Jorge Coloma, Fernando López, Amílcar Ascázubi y Alfonso Vinueza fueron detenidos arbitrariamente, según la Corte. El caso se inicia en 2001, cuando la Contraloría emitió un informe respecto a supuestas irregularidades en operaciones administrativas y financieras de la Comandancia de Policía.

Se abrió una investigación penal por el delito de peculado y falsedad en instrumentos privados que provocó que los generales y coroneles mencionados estén entre seis y ocho meses en prisión. La Corte determinó que su encarcelamiento resultó ilegal y arbitrario “en vulneración de la libertad personal, así como violatoria del principio de presunción de inocencia”.

 Desaparecido en un hospital psiquiátrico

Luis Eduardo Guachalá Chimbo fue reportado como desaparecido el 18 de enero de 2004, tras ser internado en el hospital psiquiátrico Julio Endara en Quito. Zoila Chimbo, su madre, contó a LA HORA que acudió al centro de salud para ver a su hijo al día siguiente, y allí un enfermero le indicó que “se había escapado del hospital” y que eso era “su problema”. Además de buscarlo, inició un proceso para que la Policía y la Fiscalía lo busquen. Las investigaciones fueron incluso archivadas, pero el caso fue obligado a reabrirse por orden judicial.  La Corte ordenó al Estado a cumplir con 14 medidas de reparación entre las que están: investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de este caso de violación a los derechos humanos.

Sentencia caso Universo

El 21 de diciembre de 2021 se conoció que la Corte IDH declaró la “responsabilidad internacional” del Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la libertad de expresión, el principio de legalidad y otras vulneraciones en contra del periodista Emilio Palacio y los directivos de diario El Universo, Nicolás Pérez LapenttiCésar Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Esto ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa y por una denuncia presentada por el propio Presidente por el artículo No a las mentiras. La reparación es la más costosa impuesta este año.

Clero francés venderá bienes para pagar a víctimas de abuso

En la foto, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort (c.).

La Conferencia Episcopal Francesa no descartó pedir préstamos para indemnizar a las víctimas. No se conoce los montos individuales ni la cantidad global.

PARÍS. La Iglesia Católica de Francia concluyó este lunes (8 de noviembre de 2021) la asamblea plenaria de su Conferencia Episcopal con un «mea culpa» por los casos de abusos sexuales denunciados, que desembocó en la presentación de un plan de reformas por el que prevén iniciar la venta de algunos bienes para indemnizar a las víctimas.

Su encuentro había comenzado el martes pasado en Lourdes (sur de Francia) con la presión de dar respuesta a las decenas de miles de abusos registrados desde 1950, que según una comisión independiente superan las 216.000 y llegan a las 330.000 si se incluyen los perpetrados por laicos que trabajaban en ámbitos religiosos.

«Hemos dejado desarrollarse un sistema eclesiástico que, lejos de aportar vida y fomentar la libertad espiritual, daña, pisotea y sacude a seres humanos y a sus derechos más elementales», dijo en el discurso de clausura el presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort.

Admitida el pasado viernes la responsabilidad institucional de la Iglesia en lo sucedido, este lunes, en la clausura de la asamblea, fue el momento de anunciar medidas concretas para repararlo y evitar que se repita.

Indemnizaciones con fondos propios

Los obispos ya habían empezado a transferir de forma voluntaria parte de sus cotizaciones al fondo de indemnización operativo desde principios de octubre, pero la magnitud del problema les hizo hoy admitir que necesitan recurrir a otras fuentes.

No precisaron la cuantía global estimada, pero apuntaron que venderán bienes, que solicitarán un préstamo en caso de que sea necesario y que, aunque utilizarán sus propias reservas y no usarán las donaciones dadas por los fieles para otras misiones, sí están abiertos a contribuciones privadas.

La Conferencia decidió además pedir ayuda al pPapa para que les envíe un equipo con el que analizar la protección de los menores y pusieron a una jurista al frente de la nueva Instancia Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación.

La necesaria revisión del sistema pasará bajo la lupa de nueve grupos de trabajo, compuestos por laicos y religiosos, que se centrarán en las causas de las violencias sexuales, la formación de los futuros sacerdotes o su acompañamiento a lo largo de su misión.

El encuentro solicitó, además, la verificación sistemática de los antecedentes judiciales de todo agente pastoral, la participación de «al menos» una mujer en el consejo de cada seminario o la creación de un tribunal penal canónico que entrará en funciones en abril de 2022.

«Se ha cometido mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que lo han sufrido y a nuestra Iglesia«, añadió ante la prensa De Moulins-Beaufort.

La Conferencia admitió en este encuentro que sus miembros no tienen formación «ni como investigadores ni como fiscales ni jueces de instrucción», por lo que dijeron ponerse al servicio «de los servicios judiciales y policiales» del país.

En esa línea, y conscientes de que en el pasado algunas veces se ha priorizado gestionar los casos de abuso de forma interna, los obispos se comprometieron a pedir, cada uno en su diócesis, la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales.

La asamblea plenaria de marzo ya había subrayado ante la sociedad civil su responsabilidad y había pedido perdón, pero en esta de noviembre era consciente de que debía ir más lejos para estar a la altura de las expectativas y subrayar su voluntad de cambio.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase), encargado por la propia Conferencia Episcopal y difundido en octubre, había revelado, según su presidente, Jean-Marc Sauvé, un panorama «aterrador» que no era solo cosa del pasado.

Voluntad de renovación

«El conjunto de resoluciones que hemos votado constituye un vasto programa de renovación de nuestras prácticas de gobernanza», apuntó De Moulins-Beaufort este lunes, avanzando que una asamblea extraordinaria en junio evaluará los primeros avances.

La cita de ahora contó con el testimonio y la colaboración de algunas víctimas, ante las que se aseguró que «no se dejará a ninguna de lado».

«Hemos reconocido la dimensión sistémica», concluyó el presidente de la Conferencia Episcopal, recalcando que ese «contexto global» facilitó que los casos de abuso no fueran detectados o que cuando sí se vieron no «fueran combatidos como debieran». EFE

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Víctimas de accidente de tránsito reclaman indemnización

ACTIVIDAD. El plantón se lo realizó en las afueras del Palacio de Justicia.

Se resolvió que deben ser divididos los gastos de reparación, entre el chofer quien se encuentra prófugo y la cooperativa de transporte.

Familiares de las nueve personas fallecidas y 27 heridos, en el accidente de tránsito que se suscitó en marzo de 2020, en la vía Valle Hermoso- Cristóbal Colón, realizaron ayer, martes 5 de octubre, un plantón en la parte exterior del Palacio de Justicia, pidiendo que se de paso a la indemnización por los daños causados. 

En diciembre de 2020 se realizó la audiencia de formulación de cargos , durante el procedimiento se dictó orden de prisión en contra de Oliver A., quien conducía la unidad de transporte de la cooperativa Santo Domingo

Jonathan Garzón, Abogado defensor de la cooperativa de transporte, refirió que dentro del proceso existe un sentenciado que es el conductor de la unidad accidentada, quien aceptó la responsabilidad a través de un procedimiento abreviado.

Pero la jueza de primer nivel expuso en su sentencia, que en caso  que el chofer no pague la reparación integral, debe cancelar la cooperativa.

Pero según la ley, establece que la responsabilidad del propietario del vehículo y la cooperativa son solidarias, es decir es una responsabilidad subsidiaria que no prevé al reglamento jurídico, según explicó Garzón.

El juez resolvió que deberán ser divididos los gastos de reparación entre el chofer quien se encuentra prófugo y la cooperativa de transporte. En este caso serían 18.000 por persona fallecida,  con respecto a los heridos son valores según las lesiones que hayan tenido.

Sin embargo, Garzón afirmó que la cooperativa ya ha solucionado con familiares de cuatro personas fallecidas y 15 heridos, quienes han llegado a un acuerdo anteriormente.

Situación

Miguel Yaguana de 75 años de edad, perdió su brazo izquierdo y tiene una lesión en su pierna derecha, quedando discapacitado para cumplir con su trabajo.

Recordó el momento del accidente, indicando que fue una pesadilla, había tantas personas pidiendo ayuda y otras fallecidas, quienes viajaban en una unidad de la cooperativa de transportes Santo Domingo.

Luiza Peñaloza, familiar de uno de los afectados, manifestó que ya se ha dado largas al juicio que colocaron en contra del chofer y la cooperativa de transporte, suspendiéndose cada vez y no hay audiencias. 

“Pedimos justicia, ya que hay personas fallecidas y lesionadas de por vida, esperamos que no se siga alargando el juicio y se de una ayuda a nuestros familiares que están sin poder trabajar”, refirió Peñaloza. (IJ)

El dato
Algunos de los familiares de los fallecidos en el accidente, piden un valor más alto de lo ofrecido.

¿Qué tan caro es indemnizar por despido intempestivo?

El costo de contratación y despido de trabajadores está en el corazón de la Ley de Oportunidades.

El costo en Ecuador es mayor que en sus vecinos más próximos de Perú, Colombia y Bolivia. El proceso de liquidar una empresa es tortuoso en el país.

El tema de la indemnización por despido intempestivo está en el centro del debate público en estos días. Sector políticos, sociales y ciudadanía en general cuestionan que en el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades se reduzca el costo de ese beneficio a la mitad.

Además, ha causado gran controversia el artículo 75 de esa propuesta, en donde se establece que, bajo la figura de despido justificado, el empleador no solo no tenga que pagar indemnización, sino que puede exigir que el empleado despedido le pague a él un mes de sueldo en compensación.

El Gobierno ha asegurado que estos cambios, que solo aplicarían a las nuevas contrataciones y de manera voluntaria, buscan reducir los costos, incentivar la contratación y el empleo, e impulsar la formalización.

Si se compara con los vecinos cercanos, Ecuador tiene el costo más alto por despido intempestivo. Así, por ejemplo, para un empleado con sueldo básico, ese beneficio representa una indemnización de $1.200 si se lo despide hasta el tercer año. En Colombia, el costo llega a $236; en Perú suma $388 y en Bolivia alcanza $261.

En el caso de un empleado de 15 años o más, la indemnización puede representar los $5.490 acá; el segundo país más caro es Perú, con un valor de $4.910.

El proceso de cierre es tortuoso

En promedio, la liquidación definitiva de un negocio que quebró, o tuvo que cerrar, puede tomar hasta siete (7) años en Ecuador. El proceso es engorroso y genera costos adicionales para el emprendedor o empresario.

El pasado 27 de septiembre 2021, Benjamín Chávez, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha (Capeipi), informó que 188 empresas asociadas ha esa agremiación quebraron en el último año y ahora arrastran una deuda de $32 millones por despidos intempestivos.

Roberto Vélez, economista, explicó que el artículo 75 de la Ley de Oportunidades ha generado rechazo porque se pretendería castigar dos veces al empleado. Una con la pérdida de su empleo; y la otra con el pago de compensación a su empleador.

«Eso tiene sentido; pero si analizamos la situación por un momento, lo mismo se podría decir del emprendedor o empresario. Su negocio quiebra y a la par tiene que pagar compensación a sus ex colaboradores. Ese también es un doble castigo», acotó.

Durante una entrevista en Teleamazonas, Vicente Albornoz, decano de Economía de la UDLA, comentó que la idea detrás de ese pago al empleador, siempre y cuando se cumplan las causales de despido justificado, es un mecanismo de incentivar a la formalización de los negocios.

En Ecuador, el proceso de visto bueno para despedir a un colaborar puede demorar semanas, e incluso meses si escala hasta el juicio laboral. Los costos pueden incluso superar el mismo pago de la indemnización.

¿La indemnización por despido intempestivo existen en todo el mundo?

La Organización Internacional del Trabajo (2014) establece que alrededor del 40% de los trabajadores a escala mundial acceden a beneficios como la indemnización por despido.

En Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores pueden ser despedidos sin advertencia, causa justificada o preaviso. Las pocas excepciones se dan en temas de discriminación o represalias, o si los empleados están protegidos por un contrato.

Pero del mismo modo a como los trabajadores pueden ser despedidos sin previo aviso, ellos pueden llegar un día a la oficina y decirle a su superior que lo dejan y comenzar a trabajar en otro lugar inmediatamente.

En Europa existe un total de 11 países que tiene costo cero al momento de despedir:  Suiza, Noruega, Islandia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia,  Bélgica , Malta, Holanda  y Rumanía.

En el otro extremo están economías como las de Irlanda. Reino Unido, España e Italia, las cuales sí tienen mecanismo de indemnización y periodos largos de preaviso antes del despido.

En Brasil no se requiere una causa justificada de despido, pero hay leyes estrictas sobre la cantidad de dinero que el empleador tiene que dar a cualquier persona que echa.

Allí, la indemnización es de un mes de salario, a lo que se suma tiempo de vacaciones y una multa basada en el tiempo de servicio. No obstante, si el patrón puede demostrar ciertos motivos de despido, como un robo, queda exonerado del pago extra.

Por su parte, en China no solo que hay fuertes pagos por despidos, sino que los tribunales públicos puede bloquear una desvinculación e incluso obligar que el trabajador sea reincorporado. (JS)

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Deuda con Perenco equivale a 3 meses de aporte estatal al IESS

Presidente Lasso tiene dos opciones para renegociar el pago.

La petrolera ganó un litigio contra Ecuador y espera el pago de $412 millones en 60 días. El Gobierno tendría dos opciones para renegociar ese compromiso.

Para su primer mes como presidente Guillermo Lasso necesitará por lo menos $1.600 millones para obligaciones y gastos. De ese total, alrededor de $400 millones se deben cubrir con deuda o con atrasos.

En otras palabras, cada mes ya se tiene un alto déficit que genera problemas para gestionar el sector público. Además, también faltan recursos para cubrir el presupuesto hasta fin de año

Así, por ejemplo, según declaraciones de la ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño, se está buscando $223 millones de financiamiento para los pagos de los bonos y ayudas sociales de noviembre y diciembre.

En este contexto, el pasado 1 de junio 2021 se confirmó que Ecuador perdió en última instancia un laudo de más de 10 años con la petrolera Perenco. El resultado es que tendría 60 días para pagar una indemnización de $412 millones.

Ese monto equivale a casi el 65% de lo que se gasta en un mes de sueldo de todo el sector público; o tres meses del aporte del 40% para el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

¿Cómo pagamos la indemnización?

Según un comunicado oficial, el Gobierno aseguró que cumplirá con el pago y se
mantendrá en contacto con Perenco «para encontrar alternativas de solución».

Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, explicó que se tiene dos opciones. En primer lugar, negociar un diferimiento a 10 o 12 meses. Es decir, se pagarían entre $34 millones y $40 millones mensuales.

» Aunque Perenco asegura que Ecuador se comprometió a cubrir la indemnización en 60 días, las autoridades deben explicar que eso fue en el anterior Gobierno; y que en la nueva administración se pagará de acuerdo a las posibilidades reales del país», dijo.

En segundo lugar, aunque mucho más difícil de concretar, está la opción del diferimiento de las entregas de petróleo a China y se utilice esos cargamentos para pagar a Perenco. Sin embargo, para eso se necesita una negociación previa con las empresas del país asiático.

¿Es viable el recurso de repetición?

En la respuesta oficial del Gobierno de Lasso se asegura que «solicitará a
las autoridades competentes el inicio de las acciones de repetición contra los
servidores y autoridades públicas responsables».

En otras palabras, se presentarán los procesos penales para cobrarles a los funcionarios que fueron parte de las decisiones que provocaron la demanda de Perenco.

A criterio de Reyes, los juicios de repetición son importantes para crear un precedente; y dar un mensaje de seguridad jurídica de cara a la atracción de nuevas inversiones. Pero esos procesos pueden demorar años; y la posibilidad es mínima si se quiere recuperar un gran porcentaje del perjuicio al Estado.

Así, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado presentó tres demanda de repetición en el 2016: caso ex Tribunal Constitucional, ex Corte Suprema y Sarayacu. Los procesos siguen en trámite y su resolución todavía está lejos. (JS)

 

Petrolera Perenco reclama $412 millones a Ecuador

La compañía francesa tuvo participación en los bloques 7 y 21

El Comité de Arbitraje del Banco Mundial estableció el monto como indemnización. La compañía francesa reclama al nuevo Gobierno el cumplimiento del laudo.

La petrolera Perenco anunció que ha obtenido «una victoria sustancial y definitiva» en su disputa jurídica internacional contra Ecuador.

El desacuerdo data de octubre 2007, cuando el Gobierno de Rafael Correa emitió el decreto 662. Este incrementó las ganancias del Estado sobre el excedente entre el precio del barril de petróleo establecido en los contratos y el precio real de mercado.

Así, el 99% de los excedentes pasó a las arcas del país y las petroleras reciben desde entonces el 1%. Esto constituyó, según la compañía francesa, una expropiación de su inversión y vulneró el estándar de trato justo y equitativo.

En septiembre de 2019, Perenco obtuvo un laudo final que reivindicó sus derechos al concederle una indemnización de $448 millones por sus reclamaciones principales más los intereses posteriores al Laudo y casi el 80% de sus costas.

El 28 de mayo de 2021, un comité constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Comité CIAD/) rechazó los intentos de Ecuador de anular la totalidad del Laudo.

Y en un fallo de última instancia, quedó sentada la indemnización en $412 millones a favor de Perenco.

De acuerdo a un comunicado de la petrolera francesa, Ecuador se comprometió a pagar el monto en un plazo de 60 días a partir de la oficialización de la decisión del Comité CIADI.

Ese compromiso lo habría adquirido Ecuador en abril de 2020, a través del Ministro de Economía y el Procurador General del Estado.

«Perenco confía en que el nuevo Gobierno de Ecuador honre sus obligaciones internacionales, su compromiso con el Estado de Derecho, y sus promesas a los inversores extranjeros, cumpliendo prontamente con la indemnización debida bajo el Laudo». Así lo aseguró Mark W. Friedman, Codirector del Grupo de Resolución de Disputas Internacionales de Debevoise & Plimpton y abogado principal de Perenco.

A través de un comunicado, el Gobierno de Guillermo Lasso aseguró que «respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso».

Además, las autoridades nacionales anunciaron que se mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución.

«El Gobierno del Encuentro, siempre en favor de los intereses nacionales, solicitará a
las autoridades competentes el inicio de las acciones de repetición contra los
servidores y autoridades públicas responsables», dice la reacción oficial.  (JS)

 

DATO.- Otras petroleras que ganaron demandas contra Ecuador son Burlington ($379,80 millones) y Murphy III ($26,7 millones). Repsol, aunque inició un laudo, luego retiró su reclamo.