En enero del próximo año se presentará una Ley de Inversiones para apuntalar esos procesos. La meta es que se firmen contratos por al menos $3.000 millones en los siguientes 12 meses.
Luego del Ecuador Open for Business el Gobierno logró concretar la firma de contratos por $900 millones (sobre todo en el sector minero), dentro de su portafolio de $30.000 millones en proyectos para los próximos cinco años.
Según Roberto Salas, secretario técnico de Alianzas Público-Privadas (APP), para 2022 se espera que se firmen acuerdos por al menos $3.000 millones más.
En otras palabras, las autoridades proyectan un crecimiento de alrededor de 233% en las concesiones y delegaciones de administración al sector privado durante los siguientes 12 meses. “Los $3.000 millones firmados pueden representar entre $1.500 a $2.000 millones en flujo de ingresos inmediatos para el Gobierno”, dijo
Seguridad jurídica atraerá inversiones
Salas explicó que uno de los pilares para que las APPs despeguen definitivamente en Ecuador es el fortalecimiento del esquema de seguridad jurídica de los contratos.
“Queremos pasar de atraer inversionistas por incentivos tributarios (menos cobro de impuestos) a más bien convencerlos por procesos de estructuración robustos y la confianza de que no se harán cambios inconsultos”, puntualizó.
Andrés Villalba, abogado corporativo, comentó que ese enfoque es el correcto porque los capitales para obras y proyectos productivos buscan, más que rebajas en pagos de impuestos, que se respeten las reglas de juego establecidas desde el principio, y, además, que existan mecanismos eficientes de solución de conflictos.
“En la reforma tributaria aprobada a finales de noviembre de 2021, el Gobierno de Lasso ya dio pasos concretos como la reducción de algunas de las excesivas exenciones de impuestos que se establecieron en la administración de Lenín Moreno. Esas exenciones no dieron los resultados esperados en la atracción de inversiones”, acotó Villalba.
Flexibilidad para lograr acuerdos
El funcionario Roberto Salas añadió que los contratos que se van a firmar tienen plazos mínimos de 15 años, pero incluso pueden ser de hasta 50 años. Por eso se necesita un esquema legal fuerte, pero flexible para evitar conflictos muy caros de resolver en el futuro.
“En el largo plazo lo normal es que existan cambios. Por eso se necesita flexibilidad para adaptarse a esos cambios del futuro que hoy no conocemos. Además, se deben fortalecer las vías efectivas de resolución de diferencias antes de tener que ir a una corte”, afirmó.
Pagos millonarios del Estado
En los últimos 14 años, la mala gestión de los conflictos con los inversionistas privados ha provocado que el Estado ecuatoriano se vea obligado a pagar millonarias indemnizaciones. Uno de los últimos casos es la indemnización en firme que se debe desembolsar a la petrolera Perenco.
Otro paso fundamental para generar confianza se dio en junio de 2021, cuando el actual Gobierno volvió a inscribir a Ecuador como miembro de la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Tres hitos de las APPs en 2022
Salas aseguró que el primer hito para impulsar las APPs será la concreción de una nueva ley de inversiones, la cual irá de la mano de un reglamento y guías técnicas para todo tipo de gestión delegada o concesión.
Por su parte, Francisco Briones, subsecretario general del gabinete de la Presidencia de la República, confirmó que esa nueva ley se enviará a la Asamblea durante la primera quincena de enero 2022.
El segundo hito importante será el inicio del funcionamiento del Comité Interinstitucional de APPs. Este comité estará conformado por cuatro ministros; y la secretaría técnica generará los insumos y la coordinación necesaria para la firma de los contratos.
Finalmente, el tercer hito será la elaboración del primer plan plurianual de inversiones en infraestructura.
“Esto es súper importante porque sería la primera vez que todo el Gobierno Central incluya en una misma plataforma todos los proyectos que requiere hacer en por lo menos los próximos cinco años”, dijo Salas
El objetivo final es que se establezcan las prioridades y el sacrificio fiscal que se requiere. La caída de la inversión pública, desde 2016, se debe en gran parte a que no se hizo nada de eso, a pesar de tener caras dependencias públicas como Senplades. (JS)
Destino de los recursos
- El 71% de los $30.000 millones en proyectos públicos, que buscan gestión privada, se concentra en los sectores de:
Hidrocarburos
Energía
Minería
Infraestructura
Secretaría técnica de APPs ya está operativa
Roberto Salas, secretario técnico de APPs, aseguró que la dependencia a su cargo está en funcionamiento desde el primer día que se firmó el decreto de su creación. (23 de noviembre de 2021).
Alrededor de seis personas han ido apuntalando el trabajo en estas últimas semanas. Se han definido tres subsecretarías: normativas; análisis económico y financiero y protección de la inversión, que se involucra en resolver conflictos antes de que generen problemas.
Salas recalcó que el portafolio de proyectos presentado en el Ecuador Open for Business es solo un punto de partida; y todas las semanas se están recibiendo nuevas propuestas.
“Habrá proyectos que comiencen a estructurarse y luego no encuentren la forma de viabilizarse. Por lo tanto, es importante ir mejorando el portafolio todas las semanas y meses”, concluyó.
Entre las concesiones que se pueden concretar, el gobierno de Guillermo Lasso incluyó tres en el presupuesto de 2022: Refinería de Esmeraldas, Termogas Machala, Sopladora y Terminal Marítimo Monteverde; además de la venta del Banco del Pacífico.
Sin embargo, también están en carpeta proyectos de “alto impacto” sobre todo en temas de recuperación de hospitales, deportes, vivienda y medioambiente.
En este último aspecto se incluye una iniciativa de tratamientos de agua para Quito.