A pesar de la carga que soportan las unidades de transporte, las reformas a la Ley de Tránsito redujeron de dos a una sus revisiones técnicas anuales.
Desde el 10 de agosto de 2021 están vigentes las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entre las reformas consta la reducción de dos a una por año las revisiones técnicas vehiculares (RTV) a las que deben ser sometidos los vehículos de transporte público y comercial.
Esto se establece en el artículo 206. Ahí se señala que «los vehículos que presten el servicio de transporte público y comercial, se sujetarán a una revisión técnica vehicular que será requisito previo al otorgamiento de la matrícula respectiva».
Carlos Páez, ex secretario de Movilidad en la administración de Augusto Barrera y exconcejal de Quito en la administración de Mauricio Rodas, recordó que la implementación de la RTV responde a la garantía que debe tener la ciudadanía que los vehículos que comparte la vía «circulan en condiciones mecánicas adecuadas» y generan menos contaminación, garantizando el derecho a «respirar un aire puro».
Menciona que el promedio de circulación de un vehículo particular está en 15 mil kilómetros al año y el de uso comercial como taxis, camionetas, busetas o buses recorren hasta 80 mil kilómetros al año. «Técnicamente está demostrado que mientras más kilómetros recorra un vehículo, debe tener un mantenimiento más frecuente», acota.
Sobre el justificativo que la RTV ocasiona gastos adicionales a los dueños de vehículos de servicio comercial, Páez mencionó que no debe ver visto como un «gasto», sino como una «garantía» de que estos vehículos mecánicamente están aptos para brindar un servicio público y que cumplen todas las especificaciones para el cuidado ambiental. «No es un gasto, es un requisito fundamental para que circulen los vehículos en la ciudad de Quito», sostuvo.
El costo de la RTV es de $28,88 para el proceso de revisión y de $5 adicionales por el sticker que valida que el proceso fue pasado satisfactoriamente. El mantenimiento de este tipo de vehículos equivale en promedio a $80 y es recomendable que se los ejecute mensualmente.
Respecto al argumento que ir a la RTV significa la pérdida de un día de trabajo, la exautoridad indicó que eso se solventa con el sistema en línea de asignación de cupos a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Ahí se entrega al usuario el día, la hora y el lugar al que debe asistir, reduciendo el tiempo de espera para cumplir con este proceso.
Explicó que esta medida evidentemente tiene fines políticos, que buscan ganarse la simpatía y afianzar los lazos de confianza que existe entre la actual administración municipal con el gremio de los transportistas de la capital ecuatoriana. Recordó que esta decisión no es nueva puesto que en la administración de Mauricio Rodas se intentó tomar la misma decisión, pero esta no prosperó.
«Técnicamente no hay argumentos y económicamente es absolutamente deleznable y contradictorio (…); lo que queda es reconocer que la motivación es de carácter político», dijo.
Fernando Morales, concejal de Quito, dejó en claro que este tema no pasó por el pleno del Concejo Metropolitano puesto que es una disposición que viene de una ley que jerárquicamente es superior a las ordenanzas que se expiden en el Cabildo. Cree que esta reformatoria fue tomada «a la ligera«.
A su criterio, esto pone «en riesgo el bienestar» de los ecuatorianos. Considera que no se trata del número de RTV que un vehículo de uso comercial deba pasar, sino que tienen que ser realizadas con «absoluto apego a las normas técnicas» y dejando de lado la improvisación. «Como Concejo Metropolitano tenemos que respetar la jerarquía de la ley y lo que nos compete», finaliza. (AS)
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