Diligencia se aplazó porque abogada defensora presentó un certificado COVID-19 positivo; el caso inició en marzo de 2020.
La Fiscalía informó este lunes 24 de enero de 2022 que la audiencia de juicio contra Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS; Jacobo Bucaram y otros seis procesados por el supuesto delito de delincuencia organizada no se reinstaló en Guayaquil. La diligencia se aplazó porque una abogada, de uno de los procesados, presentó un certificado positivo de COVID-19.
Las autoridades investigan el posible delito de delincuencia organizada por la presunta adjudicación irregular de contratos, a través de la figura de convenios de pago en los que, además, existirían sobreprecios en hospitales del Seguro Social en Guayaquil.
#AHORA | #Guayas: audiencia de juicio contra Paúl G., Jacobo B. y 6 personas más, por presunta delincuencia organizada en convenios de pago en el Hospital del #IESS, no se reinstaló por pedido de la abogada de uno de los procesados (presentó certificado de Covid-19). pic.twitter.com/uu7QHL2Jvz
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 24, 2022
La investigación fue abierta en marzo de 2020, en relación con la emergencia sanitaria declarada por la pandemia. La defensa de Paúl Granda insistió este lunes 24 de enero, por escrito, que se definan con claridad fechas para que termine el juicio ya que «no existe prueba alguna para inculparlo». Víctor Granda, su abogado, señaló que el expresidente del IESS no era competente para firmar contratos que correspondían a las administraciones hospitalarias.
Este Diario conversó con Paúl Granda el 14 de enero último, y manifestó que es inocente.
La Corte Nacional le concedió un habeas corpus que establece que no hubo los elementos suficientes para vincularlo a juicio y menos para retenerlo en su domicilio. Por eso le concedió el cambio de medidas para que se defienda en libertad.
La Fiscalía plantea que hubo una estructura delincuencial para favorecer contratos en casas de salud del IESS. Granda dice que todo se dio antes de que asumiera la presidencia de la institución en diciembre de 2018. Considera que además, negaron su fuero de Corte Nacional, lo que anularía todo lo actuado y que él no fue el responsable de suscribir ningún contrato. (DPV)
TE PUEDE INTERESAR:
Impuesto de la Prefectura encarecerá 50% matriculación vehicular en Pichincha
¿Cada cuánto tiempo debes cambiar tu mascarilla?
Aumento del pago del impuesto a la renta promedia 255% este 2022