Audiencia contra Jacobo Bucaram y siete más no se reinstaló

En Guayaquil se debía reinstalar la audiencia por posible delincuencia organizada. Foto: Fiscalía.

Diligencia se aplazó porque abogada defensora presentó un certificado COVID-19 positivo; el caso inició en marzo de 2020.

La Fiscalía informó este lunes 24 de enero de 2022 que la audiencia de juicio contra Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del IESS; Jacobo Bucaram y otros seis procesados por el supuesto delito de delincuencia organizada no se reinstaló en Guayaquil. La diligencia se aplazó porque una abogada, de uno de los procesados, presentó un certificado positivo de COVID-19.

Las autoridades investigan el posible delito de delincuencia organizada por la presunta adjudicación irregular de contratos, a través de la figura de convenios de pago en los que, además, existirían sobreprecios en hospitales del Seguro Social en Guayaquil.

La investigación fue abierta en marzo de 2020, en relación con la emergencia sanitaria declarada por la pandemia. La defensa de Paúl Granda insistió este lunes 24 de enero, por escrito, que se definan con claridad fechas para que termine el juicio ya que «no existe prueba alguna para inculparlo». Víctor Granda, su abogado, señaló que el expresidente del IESS no era competente para firmar contratos que correspondían a las administraciones hospitalarias.

Este Diario conversó con Paúl Granda el 14 de enero último, y manifestó que es inocente.

La Corte Nacional le concedió un habeas corpus que establece que no hubo los elementos suficientes para vincularlo a juicio y menos para retenerlo en su domicilio. Por eso le concedió el cambio de medidas para que se defienda en libertad.

La Fiscalía plantea que hubo una estructura delincuencial para favorecer contratos en casas de salud del IESS. Granda dice que todo se dio antes de que asumiera la presidencia de la institución en diciembre de 2018. Considera que además, negaron su fuero de Corte Nacional, lo que anularía todo lo actuado y que él no fue el responsable de suscribir ningún contrato. (DPV)

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Tres juicios polémicos que están estancados en las cortes

Alexandra Ocles es investigada por un supuesto tráfico de influencias

Los procesos penales contra Alexandra Ocles, Paúl Granda y  María Alejandra Vicuña llevan años sin resolverse.

(Nota actualizada: 14 de enero de 2022, a las 11:30)

Las investigaciones llevan años. Los casos involucran a personas que ocuparon altos cargos públicos. Al inicio, cuando la Fiscalía abrió cada proceso, todo fue rápido. Se ordenaron diligencias, allanamientos, pericias y audiencias. Luego, ese ritmo bajó y todavía no existen sentencias ejecutoriadas.

LA HORA recogió tres hechos que generaron la intervención de la justicia y una amplia cobertura en medios, pero que continúan en la impunidad. El penalista y catedrático Iván Bahamonde señaló que la dilatación de los procesos genera “sospechas” en la actuación de la Fiscalía y los jueces.

Alexandra Ocles

El caso estalló en mayo de 2020. Una publicación periodística reveló que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) firmó un contrato para adquirir 7.000 kits alimenticios que costaban $86 y compraron en $150.

En el caso está procesada Alexandra Ocles, extitular del SNGR. Su abogado, Guido Prado, señaló que ya han sido convocados a audiencia de juicio para este año.

En noviembre último se registró el primer problema. La jueza nacional Daniella Camacho se declaró “no competente” para seguir conociendo el caso, debido a Ocles no tenía fuero de corte, como sí lo poseen los Ministros de Estado. Se envió el proceso a un juez ordinario de Guayas.

La exfuncionaria fue llamada a juicio recién en julio de 2021. Desde ese día, no se ha instalado. Existe una convocatoria para iniciar con esta etapa para el lunes 18 de enero, a las 09:00, sin embargo, se prevé su suspensión. “La Fiscalía ya pidió el diferimiento”, indicó Prado.

La Fiscalía acusó a Ocles y a otras siete personas de tráfico de influencias. Un delito que se sanciona con prisión de tres a cinco años, según el art. 285 del Código Penal vigente (Coip). Su abogado insiste en la inocencia y señala que todo inició por “mala información periodística”. También señaló que el informe de Contraloría, que concluía un sobreprecio de cerca del 30% en la fallida adquisición de los kits, es erróneo y se basa en información de redes sociales. Espera que la justicia ya instale el juicio para “demostrar su inocencia”.

María Alejandra Vicuña fue sentenciada, en apelación, por concusión
María Alejandra Vicuña fue sentenciada, en apelación, por concusión

 María Alejandra Vicuña

Un tribunal de apelación le impuso una condena de dos años de prisión a la exvicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, el 25 de enero de 2021. Un año después, sigue en libertad, sin pagar $173.180 y a la espera de que la Corte Nacional instale la audiencia de casación. Una vez cumplida esta diligencia, la sentencia será ejecutada.

Vicuña llegó a ocupar la Vicepresidencia desde octubre de 2017 hasta enero de 2018. Ese año fue acusada de concusión (pedir dinero) dentro del caso Diezmos. Todo inició con un reportaje que indicaba que había recibido “contribuciones” años atrás en su cuenta personal por parte de sus colaboradores, cuando ejercía como asambleísta del partido correísta Alianza País.

Juan Carlos Salazar, abogado de la exvicepresidenta, señala que están a la espera de la convocatoria de la Corte. Cree que el retraso de la diligencia se debe a una sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre el filtro de admisibilidad. Es decir, la CC declaró inconstitucional que casos elevados a la Alta Corte sean valorados previamente para ser aceptados.

Esto produjo que juicios anteriores que fueron inadmitidos ahora busquen ser tratados por los jueces nacionales.

El caso de Vicuña ha tenido más retrasos. En enero de 2019, el juez Iván Saquicela solicitó a la Asamblea que autorice enjuiciar a Vicuña, ya que los actos investigados se habrían cometido cuando fue legisladora. El Legislativo declaró la solicitud como improcedente y en mayo de ese año fue llamada a juicio.

Paúl Granda es procesado por supuesta delincuencia organizada.
Paúl Granda es procesado por supuesta delincuencia organizada.

 Paúl Granda

El expresidente del Consejo Directivo del Iess, Paúl Granda, brindó una entrevista a LA HORA. En ella indicó que “está preocupado” por la lentitud del proceso. “Soy el primero que busca que se acelere el juicio para demostrar que soy inocente”. Dice que ha estado 14 meses sin trabajo, permaneció cerca de un año con arresto domiciliario.

La Corte Nacional le concedió un habeas corpus que establece que no hubo los elementos suficientes para vincularlo a juicio y menos para retenerlo en su domicilio. Por eso le concedió el cambio de medidas para que se defienda en libertad.

Su caso “avanza lento” en la sala penal 4 de Guayas. Él fue vinculado en noviembre de 2020, a 22 días del cierre de la instrucción fiscal. El juez de Guayaquil, Ronald Guerrero, lo llamó a juicio el 17 de mayo de 2021 por un presunto delito de delincuencia organizada, junto con otros 16 procesados.

La audiencia de juicio se instaló en noviembre. Luego hubo dos sesiones más en las que hablaron seis testigos de Fiscalía. Faltan otros 143. Están convocados a una nueva audiencia el 24 de enero.

La Fiscalía plantea que hubo una estructura delincuencial para favorecer contratos en casas de salud del IESS. Granda dice que todo se dio antes de que asuma la presidencia de la institución en diciembre de 2018. Considera que además, negaron su fuero de Corte Nacional, lo que anularía todo lo actuado y que él no fue el responsable de suscribir ningún contrato.

El elemento de convicción de la Fiscalía en este caso, es que se Granda se reunió con Abdará Bucaram Pulley. El exdirectivo del IESS contó que sí se dio esa cita, pero no para hablar de contratos. “Dije que me reuní por la delegación del presidente (Lenín) Moreno para discutir el tema electoral en las elecciones del 2019. El Presidente me pidió que atendiera esta reunión. El propio Bucaram ha dicho que se ha reunido más de 10 veces con Lenín Moreno y eso no constituye un delito ¿Por qué conmigo sí?”

Cree que esto es parte de tener “un chivo expiatorio” para decir que se está investigando. Espera que todo se acelere para recuperar su vida.