Guillermo Lasso, presidente de la República, elevará a decreto ejecutivo la Política Pública Anticorrupción.
La prevención de la corrupción y la transparencia en el gasto público, son los elementos sobre los que se asienta la Política Pública Nacional Anticorrupción desarrollada en la gestión de Ana Belén Cordero, secretaria Anticorrupción desde junio de 2023.
Se trata de una normativa que, será elevada a decreto ejecutivo, y al que deberán acogerse todas las instituciones del sector público; gobierno central, función Legislativa, Consejo de Participación Ciudadana, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entre otros.
“El documento de Política Pública Anticorrupción está en manos del presidente Guillermo Lasso, y está por ser elevado a decreto ejecutivo, y que podría ser utilizado por el próximo gobierno, o en caso de que lo considere, lo mejore”, dijo Cordero.
Parte de la Política Pública incluye un curso de Ética e Integridad Pública que fue impartido a 13 mil funcionarios de entidades como la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), Registro Civil, ministerios de Estado, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Petroecuador, y otros.
Este es un proceso en el que personal de la Secretaría Anticorrupción colaboran con funcionarios del sector público a identificar cuellos de botella para determinar presuntos riesgos de corrupción.
Por ejemplo, dijo Ana Belén Cordero, hay sectores donde hay mayor peligro no solo por la cantidad de presupuesto que ejecutan, sino por los procesos engorrosos que se pueden promover. “Cuando hay más burocracia, los procesos se prestan para que haya actos de corrupción”, dijo la secretaria Anticorrupción.
La secretaria identificó como “vulnerables” a los sectores estratégicos como los relacionados con la energía, el IESS, y ministerio de Salud.
Ana Belén Cordero sugirió también al próximo gobierno que revise la gestión y el rendimiento económico de ciertas empresas públicas, “y si vale la pena que el Estado siga subvencionándolas, y en el caso que haya algunas que no salen a flote, financieramente hablando, considerar la posibilidad de entrar en un proceso forzoso de liquidación”, apuntó Cordero
Entre otras mencionó la Empresa de Correos o Servicios Postales del Ecuador o la Empresa Pública del Agua; y eventualmente revisar sus activos y pasivos y ver si se justifica seguirlas manteniendo. (SC)
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