El nuevo inquilino de Carondelet deberá lidiar con un continente partido en tres bloques, con ideologías e intereses diferentes.
Quien resulte electo como presidente de Ecuador, durante el balotaje del 15 de octubre de 2023, sea Luisa González de la Revolución Ciudadana (RC) o Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional (ADN), se enfrentará a un complicado escenario en América Latina.
Las ideologías e intereses distintos se imponen a pesar de los llamados a la unidad por parte de mandatarios como Luiz Inácio Lula Da Silva de Brasil, quien busca retomar el liderazgo de las izquierdas y relanzar la debilitada Unión de Naciones del Suramericanas (Unasur).
En mayo, consciente de la debilidad y las grandes diferencias en el continente, Lula Da Silva reunió a las 12 naciones que conformaron la Unasur para tratar de reflotarla, aunque señaló que esta vez sería una instancia “sin ideologías”. Lo dijo en un intento de atraer a Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay, países que abandonaron el grupo cuando sus gobiernos cambiaron de tendencia ideológica.
A esto se suman las diferencias que se registran entre los países de Centroamérica, más preocupados por la presión migratoria y las solicitudes del Gobierno de Estados Unidos para impedir el paso por esas naciones de los migrantes que cruzan por la selva del Darién para alcanzar el sueño americano.
En la actualidad, son los ciudadanos venezolanos y los ecuatorianos quienes más se arriesgan a cruzar la selva, según las cifras aportadas por el Gobierno de Panamá hasta el mes de julio, cerca de 248 mil migrantes habían superado de forma irregular la selva, de esos 136.650 eran venezolanos y 34.357 ecuatorianos.
Tres bloques
Al revisar las tendencias ideológicas que se encuentran representadas en los gobiernos de América Latina, se observan tres bloques importantes y que deberán ser tomados en cuenta por ambos candidatos para tratar de establecer los nexos que permitan superar las dificultades que se presentan en el país.
Un primer bloque se proyecta con gobernantes que van del centro a la derecha, entre los que se encuentran Luis Lacalle Pou de Uruguay, el recién juramentado Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Chaves de Costa Rica y Aurentino Cortizo de Panamá. Administraciones que han mostrado apego a las normas internacionales y denunciando en diversas oportunidades al régimen de Venezuela por la falta de libertades y violaciones a los derechos humanos.
Un gobierno que podría ubicarse en un sector independiente, pero que ha comenzado a generar influencia en la región, es El Salvador, cuyo mandatario Nayib Bukele, a pesar de las críticas a sus políticas de seguridad, se ha convertido en un referente, es por eso que cerca de un 58,59% de los ecuatorianos destaca la labor de control de la inseguridad del presidente centroamericano.
El segundo grupo presente en el continente podría catalogarse como gobiernos alineados a la izquierda, pero críticos con el régimen de Nicolás Maduro. Entre estos se pueden ubicar las administraciones de Gabriel Boric en Chile, la cuestionada presidenta Dina Boluarte en Perú, quien llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo por el Congreso y el electo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien sin tomar el poder ya ha denunciado «un golpe de Estado» para evitar que asuma la Presidencia.
En el tercer bloque están los gobiernos que comulgan con la ideología del Socialismo del Siglo XXI, encabezada por Lula Da Silva de Brasil, Alejandro Fernández de Argentina, Daniel Ortega de Nicaragua, Gustavo Petro de Colombia, el régimen de Cuba dirigido por Miguel Díaz Canel, Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro de Honduras y Nicolás Maduro de Venezuela.
Poder y corrupción
El tercer bloque presenta mayores fricciones e inestabilidad política producto de las reclamaciones sociales, la crisis económica y las vulneraciones a la libertad de sus ciudadanos.
Nicaragua, desde el regreso al poder de Daniel Ortega, por ejemplo, es un país que está sumido en un intenso resquebrajamiento de las libertades políticas y sociales. Además de detener y arrestar a opositores, el mandatario también ha encarcelado a sacerdotes y obispos. 93 de dichos presos políticos fueron sacados del país al exilio.
El obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel por el supuesto delito de “traición a la patria”, recibió el “beneficio” de la excarcelación, pero al negarse a salir exiliado fue puesto nuevamente tras las rejas.
También llama la atención lo sucedido al escritor Sergio Ramírez, a quien el régimen de Ortega le quitó la nacionalidad, perdiendo así sus derechos. Esto ocurrió pese a que fue vicepresidente de esa nación entre 1985-1990, junto al propio Ortega.
Otra nación en efervescencia tras la llegada de un representante del Socialismo del Siglo XXI al poder es Colombia. Gustavo Petro, con tan solo un año en el poder, ha detonado importantes protestas populares en rechazo a su modelo de gobierno y ha sido ligado a hechos de corrupción.
El más sonado es el financiamiento de su campaña presidencial con dinero del narcotráfico. En este caso su hijo, Nicolás Petro, es acusado de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. (ILS)
Argentina y Venezuela en crisis
Los gobiernos con mayores problemas en la región son: Argentina y Venezuela. En el primero, sin embargo, se vislumbra un cambio pues Alejandro Fernández ya declinó su opción a reelegirse y se perfila una victoria del libertario, Javier Milei, tras su triunfo en las elecciones parlamentarias del 13 de agosto.
El modelo de Fernández ha incrementado la inflación del país al punto de llevarla a 98% según el FMI. Esto ha motivado una de las ofertas electorales de Milei, que es la propuesta de dolarización de la economía junto a la eliminación del Banco Central.
El caso venezolano sigue siendo de alarma, el país con la mayor reserva petrolera del mundo sigue encabezando la cifras de inflación de América Latina con un +399% según el FMI. Además de la crisis de inseguridad que se mantiene con una tasa de homicidios de 40,4 por cada 100 mil habitantes según los estudios de InSight Crime.org.
La migración venezolana que en 2019 fue catalogada como un problema en el continente se ubica en este momento en 7,5 millones de venezolanos que han abandonado su país y aunque su destino ha cambiado, siguen recorriendo las carreteras de Centroamérica en búsqueda de una mejor calidad de vida.