El oficialismo podría abrir un espacio de negociación con los independientes en la Asamblea

DECISIONES. En la Asamblea Nacional se abrirán nuevos espacios de negociación política.
DECISIONES. En la Asamblea Nacional se abrirán nuevos espacios de negociación política.

Sin el correísmo como aliado, ADN enfoca sus esfuerzos en la consulta popular. De ganar el ‘Si’, el trámite debe regresar a la Asamblea.

Con la expulsión de asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), y la desvinculación de uno del Partido Social Cristiano (PSC), el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) podría fortalecerse en la Asamblea y para enfrentar las elecciones del 9 de febrero de 2025.

Abrir un espacio de negociación con los independientes sería una posibilidad para ADN frente a la crisis del correísmo, que dejó fuera a los legisladores Xavier Jurado (Guayas) y Milton Aguas (Galápagos), y la reciente desvinculación de Guido Vargas del PSC.

El oficialismo sabe que debe ganar espacio político y enfocar sus esfuerzos en la consulta popular, pues de ganar el Si, el trámite regresará al Parlamento.

Escenarios

Los excorreístas Xavier Jurado y Milton Aguas podrían tener mayor libertad de actuación en lo que resta del periodo legislativo.

Jurado dice que todavía no ha tomado la decisión de actuar como independiente o votar con la bancada oficialista. “Es una decisión que no he tomado, he sido reservado en mis declaraciones, voy a estar donde se solucionen los problemas que el país tiene en materia de seguridad, empleo, agricultura. Tengo que tomar decisiones acertadas y voy a estar con quienes quieran sacar al país adelante”, remarcó.

Rafael Dávila, que también actúa como independiente, cree que el Gobierno puede ir por una mayoría incondicional, porque el ambiente se presta, pero también puede seguir por solo y buscar el establecimiento de nuevas mayorías, como ya se han observado en algunas leyes, dijo.

Camilo Salinas (Construye) dejó entrever que, si de por medio no está el correísmo, el oficialismo tendría abierta la puerta para cualquier diálogo. “Se podría hablar de una nueva mayoría para aprobar leyes a favor de la lucha contra la impunidad”, destacó Salinas. (SC)

 En trámite verificación de supuesto incumplimiento

Tras la expulsión de Xavier Jurado y Milton Aguas, el correísmo podría sufrir otro golpe si en la Asamblea se verifica que Patricio Chávez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, tiene un impedimento para ejercer cargos públicos. El Parlamento, en un comunicado el 12 de abril de 2024, informó que  procederá conforme a lo que determina la Constitución y la Ley en este caso.

El 6 de abril de 2018, la Contraloría inició un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa del Ministerio de Finanzas, Banco Central y otras entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa entre el 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017.

Como resultado del informe, la Dirección Nacional de Predeterminación estableció la responsabilidad administrativa de multa y destitución de  Chávez  en su calidad de delegado ante el directorio de la Empresa Pública Petroecuador.

Según una información difundida por la Contraloría en sus redes sociales, en el periodo que va del 8 de diciembre 2015 al 21 de marzo de 2016 se  suscribió una resolución autorizando la operación de crédito entre el Banco Industrial y Comercial de China y Petroecuador por $970 millones con garantía soberana del Estado ecuatoriano. De acuerdo con el organismo del control, esta responsabilidad le correspondía al Ministerio de Finanzas.

 Con este informe, el 20 de septiembre de 2018, la dirección de Responsabilidades emitió la multa y destitución contra Chávez.

El 26 de julio de 2021, una dirección de la Contraloría, rechazó un recurso de revisión presentado por Chávez. El 7 de diciembre de 2022 presentó una impugnación  ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso y, el 27 de febrero de 2024, esta instancia negó su pedido.

El 28 de marzo presentó ante el Contencioso Administrativo un recurso de casación y, posteriormente, la Contraloría remitió la notificación al Ministerio de Trabajo.

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