Este es el papel que deberá cumplir la Asamblea si se aprueban las seis preguntas de reforma parcial y consulta popular

DECISIONES. Seis preguntas irán a conocimiento de la Asamblea en caso de ser aprobadas.
DECISIONES. Seis preguntas irán a conocimiento de la Asamblea en caso de ser aprobadas.

Si se aprueba la reforma al artículo 158 de la Constitución, el Parlamento tendrá 200 días para establecer el marco normativo para que los militares puedan realizar el trabajo complementario con la Policía. La campaña por la consulta inició el domingo 7 de abril y concluirá el jueves 18.

Un total de 1,3 millones de ecuatorianos están convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para pronunciarse el  21 de abril de 2024 en el  referéndum (reforma parcial a un texto constitucional que, previamente pasó por la Asamblea Nacional) y una consulta popular.

La reforma parcial viene de un pedido que propuso el expresidente Guillermo Lasso el 7 de diciembre de 2022. El trámite pasó por la Asamblea y luego por la Corte Constitucional. La campaña por el referéndum y la consulta, inició el domingo 7 de abril y concluirá el jueves 18.(SC)

Reforma parcial al artículo 158 de la Constitución

Pregunta 1

¿Está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución?

El primer efecto de la pregunta, en caso de aprobarse, será realizar la modificación para que las FF.AA. tengan funciones complementarias a la Policía.

La Asamblea tendrá un plazo de 200 días para establecer el marco normativo con el cual los militares podrán realizar el trabajo complementario. El abogado Luis García, ex asesor en la Corte Constitucional (CC), explicó que el contenido de estos límites y la forma de actuación le corresponderá desarrollar al Legislativo.

En este plazo también deberá asignar al Defensor del Pueblo para que entregue informes de la labor que ejecutan los militares para evitar vulneraciones o que haya un uso excesivo de la fuerza.

De aprobarse la pregunta, le corresponderá al Consejo Nacional Electoral (CNE), oficiar al Registro Oficial para que se publique la modificación reformatoria al artículo 158 de la Constitución.

Consulta popular 

Pregunta 2.

 ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, ¿reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP)?

De aprobarse, este tema deberá pasar por la Asamblea Nacional. ¿Cuál será el procedimiento? Luis García, explica que el presidente de la República, Daniel Noboa, tendrá la prerrogativa para, en un plazo de 5 días, remitir al Parlamento un proyecto de ley a la reforma al COIP que contempla el endurecimiento de penas. La Asamblea tendrá 60 días para conocer y resolver.

Para García, en la disminución de la criminalidad, un eje rector debería ser fortalecer la política pública y la presencia del Estado en los sectores más vulnerables del país.

Pregunta 3.

¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en delitos como el financiamiento del terrorismo, secuestro extorsivo, producción de sustancias sujetas a fiscalización, uso de armas de fuego, testaferrismo, reformando el COIP? El tratamiento de esta pregunta es similar a la interrogante  2: Cinco días de plazo al Ejecutivo para que envíe un proyecto de ley y 60 días para que la Asamblea apruebe la reforma legal.

En el COIP vigente se establecen cumplimientos alternativos a las penas, es decir, los privados de la libertad pueden acceder a regímenes especiales como la disminución de penas cuando han cumplido el 80% de la condena. La reforma que plantearía el Ejecutivo sería que los internos no puedan acceder a este beneficio, especialmente los vinculados a delitos relacionados con crímenes transnacionales.

Pregunta 4.

¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el COIP? Esta pregunta, de aprobarse, deberá tener el mismo tratamiento en la Asamblea relacionado con los plazos..

Para Luis García, lo estipulado en la pregunta debe servir como un instrumento que lo tenga a la mano la Policía, la Fiscalía, etc., para que el sistema normativo sea más eficiente en término de poder mitigar la criminalidad

 Pregunta 5. 

¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el COIP?

La pregunta tiene el mismo tratamiento (plazos) en la Asamblea en caso de aprobarse. El material no tendrá que pasar por un proceso previo para la reasignación a las FF.AA. Si es que por ejemplo se hace una incautación de armamento, éste no tendría que pasar primero por la Fiscalía, sino que pasará a las FF. AA y Policía Nacional para su uso interno. Esta modificación la debe establecer la Asamblea según el proyecto de ley que presente el jefe de Estado.

Pregunta 6 

¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? En la Asamblea tendrá el mismo tratamiento y plazos que las preguntas anteriores.

Luis García resaltó como una de las preguntas más importantes porque permitirá un proceso de extinción de dominio a personas vinculadas a la criminalidad. De aprobarse la pregunta, el presidente podría presentar un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que aprobó la Asamblea el 8 de febrero de 2024. La iniciativa del Ejecutivo tendría que modificar la ley en el sentido de que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito.

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