Luego de la denuncia hecha por LA HORA sobre la construcción de camaroneras a orillas del canal artificial By pass 3, en el cantón Naranjal de la provincia de Guayas, han llegado documentos de otras adjudicaciones irregulares.
Poblaciones, cultivos y bosque protegido de manglar están en riesgo por la construcción de camaroneras en la zona de amortiguamiento del By pass 3, un canal artificial que se construyó en la década de 1990 para controlar las inundaciones en época de lluvia.
LA HORA expuso el caso de la adjudicación 2012G00654, del 7 de diciembre de 2020, en el que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) cedió 192,79 hectáreas del margen derecho del By pass 3 a Henmer Eugenio Garzón Vera, por $5.899,41.
Luego de conocer esta denuncia. LA HORA recibió documentación sobre dos adjudicaciones más, que también comprometen la zona de amortiguamiento de esta construcción y que se dieron de forma irregular e ilegal, ya que son parte del dominio hídrico público, según establece el artículo 10 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos.
Pidió las tierras y se las concedieron
La primera se encuentra en el margen derecho del By pass 3. Con la providencia de adjudicación 2021G00653, el 14 de diciembre de 2020, el Estado le otorgó a Lenin José Torres Alvarado 199,17 hectáreas de tierra por un valor de 6094, 20 dólares.
En la inspección técnica que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó el 27 de noviembre de 2020 se aseguró que las tierras serían para uso agrícola. Esto fue antes de que se determinara si era viable entregar esas tierras a Torres. Sin embargo, en la inspección técnica que el Ministerio de Ambiente realizó el 31 de julio de 2021 “se encontró una infraestructura completa para el desarrollo de actividad acuícola”.
LA HORA habló telefónicamente con el dueño de esta adjudicación, Lenin José Torres Alvarado, quien se negó a dar detalles de la adjudicación. Solo se limitó a comentar que hace cinco años hizo el pedido de las tierras y el Magap se las concedió.
La segunda adjudicación es más reciente. Se registró el 9 de febrero de 2022. En esa fecha, el Ministerio de Agricultura y Ganadería otorga 101,79 hectáreas a Indira Leylin Arias Ceferino por 2.941,63 dólares. Cinco días más tarde, el Municipio de Naranjal emitió la inscripción catastral.
Riesgo inminente
El By pass 3 es un canal de 21 kilómetros de longitud. Es la parte final del Proyecto de Control de Inundaciones de la Cuenca Baja del Guayas, que protege 173.000 hectáreas y que beneficia a 58 mil personas. Esta obra es administrada por la Empresa Pública de Agua (Epa).
La Epa ha emitido varios informes y avisos de riesgos importantes si se sigue destruyendo las llanuras de inundación de este canal artificial.
Esto, precisamente, ocurre en las zonas que fueron cedidas a Torres y a Garzón, pues hubo deforestación de manglares. Esta es una especie protegida, cuya tala es prohibida y sancionada con 89 mil dólares por hectárea por daños ambientales. En los expedientes no hay constancia de que se haya aplicado una sanción de este tipo.
Desde el 6 de agosto de 2021, la EPA ha enviado información y alertas al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Naranjal.
LA HORA accedió a estos informes. En uno que se emitió el 8 de diciembre de 2021, por ejemplo, la empresa advierte que “cualquier cambio en las características del río artificial ocasionará graves consecuencias en la estabilidad del cauce” con el riesgo de que “colapse el proyecto”.
En el documento se destaca que el 60% de las descargas del By pass 3 está afectada por construcciones en “adjudicaciones irregulares” y se pide que se paralicen las actividades en esas zonas.
Respuestas a medias
Funcionarios del Municipio de Naranjal han señalado a la Dirección de Planificación Rural como responsable de este tema. Hace dos semanas Jefferson Parra, director de Comunicación, se comunicó con LA HORA en representación de dicha institución y ofreció entregar información sobre el tema; pero eso no ocurrió hasta el cierre de esta edición.
Las adjudicaciones han sido firmadas por distintos directores provinciales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes luego dejaron el cargo. LA HORA solicitó información sobre la legalidad de estas adjudicaciones en la cartera de Estado, pero hasta el cierre de esta edición tampoco hubo respuesta.
El Ministerio de Ambiente ya ha pedido la revocatoria de las adjudicaciones, pero tampoco tienen respuesta por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Mal uso del recurso de adjudicación
Gustavo Redin, abogado especializado en temas ambientales de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), ha seguido varios casos de adjudicaciones irregulares.
Él explica que esta transferencia de terreno está dirigida para asociaciones campesinas, personas vulnerables y comunidades ancestrales que, por derecho, deberían exigir el título de las tierras que por historia les pertenece. “Lamentablemente las adjudicaciones han sido utilizadas de manera corrupta y mafiosa” dijo.
En el caso de las adjudicaciones en los márgenes del By pass 3, Redin cree que se estarían vulnerando los principios básicos con los que nació el concepto de adjudicación y da otro ejemplo que él mismo está auspiciando.
En San Lorenzo, Esmeraldas, existe la comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier. Hace 500 años que sus pobladores se asentaron en ese bosque primario costero. En el año 2000, el Estado les adjudicó 1500 hectáreas de terreno. Ahí cazaban y desarrollaban sus actividades ancestrales. En 2006, parte de esas tierras se volvieron a adjudicar. Esta vez, a personas que luego vendieron su parte a una empresa palmicultora. “Existen daños y perjuicios a esta comunidad que actualmente no tiene ni acceso al agua porque sus ríos están contaminados”, informó Redín.
Tierras rurales y ancestrales
Uso y acceso a la tierra
La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales plantea la adjudicación como una acción de redistribución equitativa de suelo.
El artículo 2 dice que el objeto de la Ley es “normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural (…) que deberá cumplir la función social y ambiental”