Acusación fiscal a exvocales de la Judicatura incluye más de 150 pruebas documentales, testimoniales y periciales

ACUSACIÓN. El 27 de septiembre de 2023, Diana Salazar emitió dictamen acusatorio en la CNJ.
ACUSACIÓN. El 27 de septiembre de 2023, Diana Salazar emitió dictamen acusatorio en la CNJ.

La investigación por presunto tráfico de influencias inició el 15 de junio de 2022. Según la Fiscal, se habría registrado un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa (que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional).

Más de 150 pruebas sustentarán las partes procesales una vez que se instale la audiencia de juicio ordenada por Walter Macías, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en contra de Maribel Barreno, y Juan José Morillo, exvocales del Consejo de la Judicatura, y Vladimir Jhayya, exjuez de la Corte de Justicia de Pichincha, por el presunto delito de tráfico de influencias.

En la CNJ aún no se ha definido el día y la hora del inicio del juicio. Sin embargo, en cuanto a los elementos anunciados, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, -durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del 27 de septiembre de 2023- adelantó que su acusación en esta etapa, incluye alrededor de 90 pruebas entre testimoniales, periciales y documentales.

En una lista individualizada de sus 28 testigos entregada a la CNJ, constan, por ejemplo, el nombre de exasambleísta  Ricardo Vanegas (Pachakutik), denunciante; y del juez Gustavo Osejo.

La Fiscal -quien en este caso ejerce la titularidad de la acción penal–  también pidió al juez Walter Macías, que se recepte la versión de Luis Muñoz, y se vuelva a retomar el testimonio  anticipado de la funcionaria judicial, actualmente testigo protegida.

Cadenas de custodia

En relación a la prueba pericial, Salazar solicitó que se recepte el testimonio de 24 personas,  y que se oficie la director del laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional para que disponga al encargado del centro de acopio -para los días de la audiencia de juicio- el traslado  de 18 evidencias constantes en las cadenas de custodia.

Entre la prueba documental que será usada en el juicio y que fue anunciada por la Fiscal, se incluyen unos 14 oficios suscritos entre marzo, junio, julio y agosto de 2022,  y otros firmados entre marzo, abril, mayo y julio de 2023.

La Fiscal también incluye la documentación obtenida de la Superintendencia de Compañías del 7 de agosto de 2023, y una copia certificada del acta de la diligencia en la recepción del testimonio anticipado de la testigo protegida; diligencia realizada el 17 de marzo de 2023, cuyo audio y acta original constan en el expediente de la causa.

Exasambleístas

El abogado Alberto López, en el anuncio de los medios de prueba para sustentar la defensa de su cliente, el juez de la Corte de Pichincha, Vladimir Jhayya, presentó una lista de 70 personas  entre testigos y peritos.

Entre ellos, pide la comparecencia de Guillermo Lasso, presidente de la República, del exasambleísta  Ricardo Vanegas (denunciante),  de los exasambleístas cercanos al correísmo, Viviana Veloz, Pamela Aguirre y Fausto Jarrín.

También pide que se vuelva a receptar el testimonio de la testigo protegida. Además, solicita la presentación en el juicio de Iván Saquicela, presidente de la CNJ, de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, a  los periodistas Andersson Boscán, Fabricio Vela, entre otros. (SC)

Difusión de la grabación

La presunta trama que deriva en un presunto delito de tráfico de influencias,  denominado por la Fiscalía como ‘Caso Vocales’, partió de la difusión de una grabación por parte de una funcionaria judicial (actual testigo protegida) en la que aparentemente habrían participado Morillo, Barreno y el juez Gustavo Osejo, quien habría sido delegado por Jhayya.

En esa reunión, que se habría producido el 2 de junio de 2022 en un edificio cercano a la Corte de Pichincha, se habría discutido sobre otorgar un beneficio a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a través de una acción constitucional para evitar que sea destituida del cargo, la cual terminó efectuándose.