Rodrigo Contero Peñafiel
No hay mejor remedio que prevenir las enfermedades. Si los hechos de corrupción persisten luego de una época macabra en que todo tenía precio, es mejor evitar que estos actos continúen. Que las leyes sean más drásticas, que el perdón y el olvido terminen y el sistema de justicia funcione con jueces probos.
La mejor forma de luchar contra la corrupción es transformar el sistema de compras públicas y contrataciones en un instrumento legal que permita a las instituciones actuar con transparencia bajo normas precisas, que, al ser transgredidas, el castigo sea la cárcel y la incautación de todo lo robado.
En las investigaciones deberá aplicarse la Ley de forma clara y puntual; la imprescriptibilidad de los delitos, recuperar los activos, multas y cárcel para los delincuentes es la única fórmula que funciona en la justicia ante tanta ignominia. El crimen, el narcotráfico, la trata de personas y más formas de delinquir generan enormes ganancias que se reinvierten en los mercados lícitos: negocios inmobiliarios, haciendas, lujos, farra, viajes, etc.
La globalización de los mercados y el avance de la tecnología permiten que estas maniobras se realicen con rapidez y sin límites, intervienen novedosos vínculos societarios, se hacen transferencias electrónicas o se crean cuentas offshore.
La recuperación de activos tiene varias ventajas: atacar el producto de delitos económicos complejos, impedir la reinversión lícita e ilícita. La utilización de los bienes rescatados para fines públicos permitirá el Estado comenzar a recobrar la confianza perdida ante tantos saqueos.
Todos los proyectos de extinción de dominio requieren una acción judicial civil, independiente del proceso penal, por la cual un juez transfiera el producto del delito a favor del Estado, incluso cuando las personas nunca sean juzgadas ni condenadas. Muy pocos bienes han sido recuperados, el embargo, el congelamiento de cuentas, la intervención de empresas ha resultado insuficientes, permitiendo a los imputados desprenderse de los bienes o lavarlos lo antes posible. Son necesarias y urgentes las reformas integrales en el sistema legal para erradicar el robo del dinero.
Rodrigo Contero Peñafiel
No hay mejor remedio que prevenir las enfermedades. Si los hechos de corrupción persisten luego de una época macabra en que todo tenía precio, es mejor evitar que estos actos continúen. Que las leyes sean más drásticas, que el perdón y el olvido terminen y el sistema de justicia funcione con jueces probos.
La mejor forma de luchar contra la corrupción es transformar el sistema de compras públicas y contrataciones en un instrumento legal que permita a las instituciones actuar con transparencia bajo normas precisas, que, al ser transgredidas, el castigo sea la cárcel y la incautación de todo lo robado.
En las investigaciones deberá aplicarse la Ley de forma clara y puntual; la imprescriptibilidad de los delitos, recuperar los activos, multas y cárcel para los delincuentes es la única fórmula que funciona en la justicia ante tanta ignominia. El crimen, el narcotráfico, la trata de personas y más formas de delinquir generan enormes ganancias que se reinvierten en los mercados lícitos: negocios inmobiliarios, haciendas, lujos, farra, viajes, etc.
La globalización de los mercados y el avance de la tecnología permiten que estas maniobras se realicen con rapidez y sin límites, intervienen novedosos vínculos societarios, se hacen transferencias electrónicas o se crean cuentas offshore.
La recuperación de activos tiene varias ventajas: atacar el producto de delitos económicos complejos, impedir la reinversión lícita e ilícita. La utilización de los bienes rescatados para fines públicos permitirá el Estado comenzar a recobrar la confianza perdida ante tantos saqueos.
Todos los proyectos de extinción de dominio requieren una acción judicial civil, independiente del proceso penal, por la cual un juez transfiera el producto del delito a favor del Estado, incluso cuando las personas nunca sean juzgadas ni condenadas. Muy pocos bienes han sido recuperados, el embargo, el congelamiento de cuentas, la intervención de empresas ha resultado insuficientes, permitiendo a los imputados desprenderse de los bienes o lavarlos lo antes posible. Son necesarias y urgentes las reformas integrales en el sistema legal para erradicar el robo del dinero.
Rodrigo Contero Peñafiel
No hay mejor remedio que prevenir las enfermedades. Si los hechos de corrupción persisten luego de una época macabra en que todo tenía precio, es mejor evitar que estos actos continúen. Que las leyes sean más drásticas, que el perdón y el olvido terminen y el sistema de justicia funcione con jueces probos.
La mejor forma de luchar contra la corrupción es transformar el sistema de compras públicas y contrataciones en un instrumento legal que permita a las instituciones actuar con transparencia bajo normas precisas, que, al ser transgredidas, el castigo sea la cárcel y la incautación de todo lo robado.
En las investigaciones deberá aplicarse la Ley de forma clara y puntual; la imprescriptibilidad de los delitos, recuperar los activos, multas y cárcel para los delincuentes es la única fórmula que funciona en la justicia ante tanta ignominia. El crimen, el narcotráfico, la trata de personas y más formas de delinquir generan enormes ganancias que se reinvierten en los mercados lícitos: negocios inmobiliarios, haciendas, lujos, farra, viajes, etc.
La globalización de los mercados y el avance de la tecnología permiten que estas maniobras se realicen con rapidez y sin límites, intervienen novedosos vínculos societarios, se hacen transferencias electrónicas o se crean cuentas offshore.
La recuperación de activos tiene varias ventajas: atacar el producto de delitos económicos complejos, impedir la reinversión lícita e ilícita. La utilización de los bienes rescatados para fines públicos permitirá el Estado comenzar a recobrar la confianza perdida ante tantos saqueos.
Todos los proyectos de extinción de dominio requieren una acción judicial civil, independiente del proceso penal, por la cual un juez transfiera el producto del delito a favor del Estado, incluso cuando las personas nunca sean juzgadas ni condenadas. Muy pocos bienes han sido recuperados, el embargo, el congelamiento de cuentas, la intervención de empresas ha resultado insuficientes, permitiendo a los imputados desprenderse de los bienes o lavarlos lo antes posible. Son necesarias y urgentes las reformas integrales en el sistema legal para erradicar el robo del dinero.
Rodrigo Contero Peñafiel
No hay mejor remedio que prevenir las enfermedades. Si los hechos de corrupción persisten luego de una época macabra en que todo tenía precio, es mejor evitar que estos actos continúen. Que las leyes sean más drásticas, que el perdón y el olvido terminen y el sistema de justicia funcione con jueces probos.
La mejor forma de luchar contra la corrupción es transformar el sistema de compras públicas y contrataciones en un instrumento legal que permita a las instituciones actuar con transparencia bajo normas precisas, que, al ser transgredidas, el castigo sea la cárcel y la incautación de todo lo robado.
En las investigaciones deberá aplicarse la Ley de forma clara y puntual; la imprescriptibilidad de los delitos, recuperar los activos, multas y cárcel para los delincuentes es la única fórmula que funciona en la justicia ante tanta ignominia. El crimen, el narcotráfico, la trata de personas y más formas de delinquir generan enormes ganancias que se reinvierten en los mercados lícitos: negocios inmobiliarios, haciendas, lujos, farra, viajes, etc.
La globalización de los mercados y el avance de la tecnología permiten que estas maniobras se realicen con rapidez y sin límites, intervienen novedosos vínculos societarios, se hacen transferencias electrónicas o se crean cuentas offshore.
La recuperación de activos tiene varias ventajas: atacar el producto de delitos económicos complejos, impedir la reinversión lícita e ilícita. La utilización de los bienes rescatados para fines públicos permitirá el Estado comenzar a recobrar la confianza perdida ante tantos saqueos.
Todos los proyectos de extinción de dominio requieren una acción judicial civil, independiente del proceso penal, por la cual un juez transfiera el producto del delito a favor del Estado, incluso cuando las personas nunca sean juzgadas ni condenadas. Muy pocos bienes han sido recuperados, el embargo, el congelamiento de cuentas, la intervención de empresas ha resultado insuficientes, permitiendo a los imputados desprenderse de los bienes o lavarlos lo antes posible. Son necesarias y urgentes las reformas integrales en el sistema legal para erradicar el robo del dinero.