César Ulloa Tapia
La estatización de la participación ciudadana es una de las tantas herencias malditas de la revolución ciudadana. Es un contrasentido de cualquier proceso que se autodenomine progresista controlar, regular y, peor aún, sancionar a quienes hacen vida pública por fuera de los patrones ideológicos de cualquier partido o movimiento que esté en el Gobierno.
Esta pirueta ideológica se generó en Venezuela con Hugo Chávez y llegó al Ecuador en el 2008 como franquicia y culto a la novelería de quienes pusieron en contraposición a la democracia participativa con la representativa. Ahora quienes pontificaron la figura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se arrepienten. La historia hará lo suyo con los creadores de este esperpento.
Bajo el criterio de ciudadanizar la política, el gobierno de la revolución desnaturalizó y desacreditó el papel de los partidos en su objetivo histórico de tender puentes entre la sociedad y el Estado. Contradictoriamente, en el proyecto de Alianza PAIS del 2006 se lee que uno de los propósitos de este movimiento era fortalecer el sistema político a partir del papel de los partidos, sin embargo se puso en marcha una estrategia para configurar un sistema de partido predominante con el afán de anular al adversario y homogeneizar en la opinión pública la idea de que todo lo malo estaba representado por la partidocracia. Hasta la actualidad, no hay otra manera de organización política que haya rebasado el rol de los partidos.
A 10 años de la Constitución de Montecristi, el tema más crucial es el análisis y, por consiguiente, las decisiones que se deben tomar acerca del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo que se refiere a replantear sus competencias y atribuciones, así como su existencia.
Para los dos casos, las vías deben surgir de las iniciativas que podrían venir del Ejecutivo, la Asamblea y la ciudadanía organizada. Un gran porcentaje de ecuatorianos está a favor de que la participación no puede ni debe ser estatizada y eso significa repensar la democracia que queremos más allá de borrar el correísmo y su concepción del Estado-partido único.