¡Habemus paz!

Mayra Aguirre Robayo

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU apela contra el uso excesivo de la fuerza policial. María Paula Romo (ministra de Gobierno) no encontró el hilo de Adriana en el laberinto caótico del paro de 12 días que convulsionó al país. Pese a las demandas de los indígenas de ser separada de su cargo, a las críticas de la asambleísta (PSC) Cristina Reyes y a su imagen de capa caída en el país.

El Presidente la apoya. Igual sucedió con la excanciller, la mantuvo hasta ubicarla en la presidencia de la Asamblea de la ONU. El diálogo previo solicitado por los indígenas no se dio. Fue patético mirarla en la rueda de prensa pedir disculpas porque la Policía lanzó bombas lacrimógenas a la PUCE donde los indígenas se resguardaban. ¿Retornará a la docencia proyectada con prácticas de defensa de los derechos de la mujer?

La violencia inusitada de la protesta: 8 muertos, 1.300 heridos, 1920 detenidos contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, que afecta al 75% más pobre de la población (receta neoliberal del FMI no transparentada por el gobierno y apoyada por economistas del libre mercado) para cubrir parte del déficit estatal. Sin embargo, el Gobierno perdonó 2 mil millones por concepto de intereses al SRI de la empresa privada.

Se presume de intento de golpe de Estado de la fracción correísta con apoyo regional de Maduro (en redes había un IP de Rusia), derivó en el apresamiento de la Prefecta de Pichincha, la solicitud de asilo político de asambleístas y funcionarios en México y la protesta de quiteños por la aceptación diplomática.

El incendio de la Contraloría, ataques a la Fiscalía, participación de extranjeros en la convulsión nacional. Los incendios de El Comercio, Teleamazonas (Fredy Paredes terminó en el hospital), más de 131 periodistas atacados. La idea de la prensa corrupta que cuajó el anterior gobierno permanece. No a la impunidad de la corrupción ni del terrorismo. La denuncia (OEA) del canciller José Valencia contra un coctel internacional guerrerista son buenos augurios en busca de la resiliencia regional.

[email protected]

Mayra Aguirre Robayo

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU apela contra el uso excesivo de la fuerza policial. María Paula Romo (ministra de Gobierno) no encontró el hilo de Adriana en el laberinto caótico del paro de 12 días que convulsionó al país. Pese a las demandas de los indígenas de ser separada de su cargo, a las críticas de la asambleísta (PSC) Cristina Reyes y a su imagen de capa caída en el país.

El Presidente la apoya. Igual sucedió con la excanciller, la mantuvo hasta ubicarla en la presidencia de la Asamblea de la ONU. El diálogo previo solicitado por los indígenas no se dio. Fue patético mirarla en la rueda de prensa pedir disculpas porque la Policía lanzó bombas lacrimógenas a la PUCE donde los indígenas se resguardaban. ¿Retornará a la docencia proyectada con prácticas de defensa de los derechos de la mujer?

La violencia inusitada de la protesta: 8 muertos, 1.300 heridos, 1920 detenidos contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, que afecta al 75% más pobre de la población (receta neoliberal del FMI no transparentada por el gobierno y apoyada por economistas del libre mercado) para cubrir parte del déficit estatal. Sin embargo, el Gobierno perdonó 2 mil millones por concepto de intereses al SRI de la empresa privada.

Se presume de intento de golpe de Estado de la fracción correísta con apoyo regional de Maduro (en redes había un IP de Rusia), derivó en el apresamiento de la Prefecta de Pichincha, la solicitud de asilo político de asambleístas y funcionarios en México y la protesta de quiteños por la aceptación diplomática.

El incendio de la Contraloría, ataques a la Fiscalía, participación de extranjeros en la convulsión nacional. Los incendios de El Comercio, Teleamazonas (Fredy Paredes terminó en el hospital), más de 131 periodistas atacados. La idea de la prensa corrupta que cuajó el anterior gobierno permanece. No a la impunidad de la corrupción ni del terrorismo. La denuncia (OEA) del canciller José Valencia contra un coctel internacional guerrerista son buenos augurios en busca de la resiliencia regional.

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Mayra Aguirre Robayo

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU apela contra el uso excesivo de la fuerza policial. María Paula Romo (ministra de Gobierno) no encontró el hilo de Adriana en el laberinto caótico del paro de 12 días que convulsionó al país. Pese a las demandas de los indígenas de ser separada de su cargo, a las críticas de la asambleísta (PSC) Cristina Reyes y a su imagen de capa caída en el país.

El Presidente la apoya. Igual sucedió con la excanciller, la mantuvo hasta ubicarla en la presidencia de la Asamblea de la ONU. El diálogo previo solicitado por los indígenas no se dio. Fue patético mirarla en la rueda de prensa pedir disculpas porque la Policía lanzó bombas lacrimógenas a la PUCE donde los indígenas se resguardaban. ¿Retornará a la docencia proyectada con prácticas de defensa de los derechos de la mujer?

La violencia inusitada de la protesta: 8 muertos, 1.300 heridos, 1920 detenidos contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, que afecta al 75% más pobre de la población (receta neoliberal del FMI no transparentada por el gobierno y apoyada por economistas del libre mercado) para cubrir parte del déficit estatal. Sin embargo, el Gobierno perdonó 2 mil millones por concepto de intereses al SRI de la empresa privada.

Se presume de intento de golpe de Estado de la fracción correísta con apoyo regional de Maduro (en redes había un IP de Rusia), derivó en el apresamiento de la Prefecta de Pichincha, la solicitud de asilo político de asambleístas y funcionarios en México y la protesta de quiteños por la aceptación diplomática.

El incendio de la Contraloría, ataques a la Fiscalía, participación de extranjeros en la convulsión nacional. Los incendios de El Comercio, Teleamazonas (Fredy Paredes terminó en el hospital), más de 131 periodistas atacados. La idea de la prensa corrupta que cuajó el anterior gobierno permanece. No a la impunidad de la corrupción ni del terrorismo. La denuncia (OEA) del canciller José Valencia contra un coctel internacional guerrerista son buenos augurios en busca de la resiliencia regional.

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Mayra Aguirre Robayo

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU apela contra el uso excesivo de la fuerza policial. María Paula Romo (ministra de Gobierno) no encontró el hilo de Adriana en el laberinto caótico del paro de 12 días que convulsionó al país. Pese a las demandas de los indígenas de ser separada de su cargo, a las críticas de la asambleísta (PSC) Cristina Reyes y a su imagen de capa caída en el país.

El Presidente la apoya. Igual sucedió con la excanciller, la mantuvo hasta ubicarla en la presidencia de la Asamblea de la ONU. El diálogo previo solicitado por los indígenas no se dio. Fue patético mirarla en la rueda de prensa pedir disculpas porque la Policía lanzó bombas lacrimógenas a la PUCE donde los indígenas se resguardaban. ¿Retornará a la docencia proyectada con prácticas de defensa de los derechos de la mujer?

La violencia inusitada de la protesta: 8 muertos, 1.300 heridos, 1920 detenidos contra la eliminación de los subsidios a los combustibles, que afecta al 75% más pobre de la población (receta neoliberal del FMI no transparentada por el gobierno y apoyada por economistas del libre mercado) para cubrir parte del déficit estatal. Sin embargo, el Gobierno perdonó 2 mil millones por concepto de intereses al SRI de la empresa privada.

Se presume de intento de golpe de Estado de la fracción correísta con apoyo regional de Maduro (en redes había un IP de Rusia), derivó en el apresamiento de la Prefecta de Pichincha, la solicitud de asilo político de asambleístas y funcionarios en México y la protesta de quiteños por la aceptación diplomática.

El incendio de la Contraloría, ataques a la Fiscalía, participación de extranjeros en la convulsión nacional. Los incendios de El Comercio, Teleamazonas (Fredy Paredes terminó en el hospital), más de 131 periodistas atacados. La idea de la prensa corrupta que cuajó el anterior gobierno permanece. No a la impunidad de la corrupción ni del terrorismo. La denuncia (OEA) del canciller José Valencia contra un coctel internacional guerrerista son buenos augurios en busca de la resiliencia regional.

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