Roque Rivas Zambrano
Regresaba a su casa después de una fiesta. Era de madrugada y, en las calles de su barrio Azcapotzalco, ubicado en el norte de Ciudad de México, reinaba el silencio. A pocas cuadras de llegar fue interceptada por una patrulla de policías. Se apresuró a tocar el timbre de la primera vivienda que encontró.
Los uniformados ofrecieron acercarla a su domicilio. Tenía 17 años y fue violada por cuatro oficiales en el interior del auto. Es lo que relató cuando, junto a sus familiares, presentó la denuncia el 3 de agosto de 2019.
Cinco días después, en la misma ciudad, en el Museo Archivo de la Fotografía, un agente de la Policía Bancaria e Industrial fue detenido por abusar sexualmente de una chica de 16 años, en uno de los baños del edificio.
El 10 de julio, cuando aún no se reportaban los casos descritos, dos policías violaron a una mujer de 27 años en situación de calle. La encontraron inhalando “activo” y le dijeron que la presentarían ante el Ministerio Público. Después de subirla a la parte trasera de la patrulla, condujeron hasta un hotel, en el que -sin registrarse, ni pagar- la violaron. Uno de los culpables es procesado por el delito flagrante; el otro, está prófugo de la justicia.
Lo que tienen en común estas historias es que fueron perpetradas por “profesionales” encargados de velar por la integridad y seguridad de las personas. Este hecho, que ha causado conmoción en México, desató de protestas bajo la consigna: “No me cuidan, me violan”.
Mientras la impunidad hace su parte, los titulares se concentran en hablar sobre cómo las activistas “pintaron” de morado a Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad mexicana, apuntando que se trata de un acto de “provocación” a una autoridad que lo único que intentaba era “dialogar con la prensa”.