Roque Rivas Zambrano
Los policías se abrazan, se consuelan entre ellos. Acaban de vivir, probablemente, los 20 minutos más difíciles de su existencia. Esta vez no se enfrentaron a un ladrón o un asesino en serie. Su batalla fue librada, sin éxito, contra la depresión.
En Ibagué, Colombia, una mujer tomó la decisión de quitarse la vida, lanzándose con su hijo de 10 años desde el puente La Variante.
Jessy Moreno tenía 32 años y estudió Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa del Tolima. Estaba desempleada y hace poco se había separado de su pareja. La difícil situación económica por la que a travesaba la obligó a recurrir a préstamos a través del sistema ilegal, conocido como “gota a gota”.
Los intereses son altísimos; la ventaja es que se puede pagar el valor de la deuda en pequeñas partes. Según la información publicada en otros medios, la cosa funciona así: después de recibir el dinero, el deudor, por lo general, tiene 20 o 30 días para devolver el monto más un interés que oscila entre el 10% al 40% (15 veces por encima de la tasa de usura definida por la Superintendencia Financiera en el país). Si no se cumple con las cuotas, que pueden ser diarias, semanales o mensuales, es muy posible que la persona, o incluso sus familiares, corra peligro físico. Jenny se suma al número de casos que encontraron en la muerte la única salida para escapar de la extorsión y de las amenazas.
El hecho que conmocionó a Colombia y al mundo entero, ha suscitado debates sobre estas prácticas ilegales y sobre la necesidad de que el Estado invierta más presupuesto en brindar apoyo y acompañamiento a quienes padecen enfermedades como la depresión. La noticia, que se viralizó en redes sociales, nos enfrenta como periodistas a tener un manejo más responsable de la información.