Antonio Rodríguez Vicèns
En mis artículos he insistido casi obsesivamente en afirmar que nuestra sociedad, transgresora y permisiva, carece de cultura jurídica. La ley no tiene valor. La nueva consulta popular es un ejemplo. No se reflexiona sobre el procedimiento seguido para la convocatoria ni se analiza si las preguntas han sido elaboradas, con la inclusión de los anexos que muy pocos ciudadanos conocen, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes. Todo lo contrario: dirigentes políticos y gremiales, por ejemplo, se pronuncian a favor o en contra, sin estudio, renunciando a su obligación de guiar y orientar.
Todos los días, en los diferentes sectores y niveles políticos y administrativos, se manipula, distorsiona, tergiversa, irrespeta y viola, según las conveniencias coyunturales, el orden jurídico vigente. Cualquier empleado público, escudado en la autoridad y la impunidad de que goza, impone su interpretación personal de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. La indiferencia de los ciudadanos, que aceptan indolentes su indefensión, da pábulo a esa conducta transgresora. No vivimos un auténtico estado de derecho: el imperio de la ley ha sido sustituido por el imperio arbitrario del interés.
El irrespeto a la jerarquía de las normas vigentes es innegable. En los últimos años se ha multiplicado el número de organismos y funcionarios que, sin tener ninguna facultad, legislan sin coherencia y sin la más elemental técnica jurídica. Es frecuente observar que, desde el presidente de la república hasta el más ínfimo funcionario, mediante decretos o simples reglamentos, reforman y violan las leyes y, por qué no decirlo, hasta la Constitución. Ese irresponsable procedimiento ha contribuido a crear trabas en las actividades públicas y privadas y a convertir en un caos nuestro sistema legal. He pensado otra vez en este tema mientras revisaba el Registro Oficial del 18 de septiembre pasado. Un municipio, mediante una ordenanza, cuya jerarquía es inferior, deroga “todas las disposiciones legales y constitucionales” que se le opongan. Nada más y nada menos. Un procedimiento que, si fuera una excepción, no dejaría de ser ridículo y risible, se convierte, por ser la expresión de una práctica común, en hondamente preocupante. Ante la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos, ¿cómo podremos construir así, con esos grados de estulticia e ignorancia, un verdadero estado de derecho?