Gobiernos ilegales e ilegítimos
La legalidad de un acto se mide por su conformidad con la Ley; la legitimidad de ese acto parte de su legalidad, pero va más allá; se circunscribe en el ámbito de lo correcto, de lo ético, de lo moral, de lo digno. Un acto puede ser legal, pero no siempre puede ser legítimo. Por ejemplo, es legal que un candidato haga sus ofertas de campaña para captar el respaldo del electorado, incluyendo una alta dosis de demagogia en su discurso, pues la Ley no le prohíbe mentir.
No obstante, esa campaña electoral, a pesar de que sea legal, carece de legitimidad porque constituye un engaño para captar el voto de los electores ingenuos. Otro ejemplo lo tenemos en las tan publicitadas “rendiciones de cuentas” de las instituciones públicas, que eran legales, porque cumplían el mandato constitucional, pero no todas fueron legítimas, porque reunían a los empleados para aplaudir cualquier cosa que diga el representante institucional, sin que el pueblo tenga la oportunidad de pedirle cuentas de sus actos. Lo ideal de un acto es que sea legal y, a la vez, legítimo, con el fin de que tenga todo el peso ético y moral, que lo convierta en correcto y digno.
Si un candidato financia su campaña electoral con aportes de procedencia ilegal y gana las elecciones, estos resultados son ilegales e ilegítimos, así como el ejercicio de las funciones para las que ha sido elegido. Por lo tanto, si se trata de presidentes de la República que han financiado sus campañas electorales con dineros provenientes de la corrupción, su elección es ilegal e ilegítima, así como todos, absolutamente todos sus actos de gobierno. (O)
Dr. Camilo Espinosa Pereira,
Asesor Educativo Zonal-Loja