Diego Cazar Baquero
Lector, lectora, ¿cuántas veces a la semana recibe usted una llamada promocional de una operadora de telefonía celular? ¿Sabía que esas llamadas que usted recibe a cualquier hora son prácticas abusivas que violan sus derechos?
El 28 noviembre del 2018, el Estado ecuatoriano anunció que las operadoras móviles y las empresas proveedoras debían registrar los números de teléfonos de los Centros de Atención a Usuarios o call centers, para que los usuarios pudiéramos identificar una llamada entrante y decidir si la contestamos o no.
Se cumplieron ya los tres meses de plazo que otorgó la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) a las empresas para entregar la lista de esos números que emplean al llamarnos. Sin embargo, continuamos acosados a diario por sus prácticas agresivas de fidelización comercial. ¿Sabe usted cómo obtuvieron ellos su número telefónico? Nuestra información circula libremente entre empresas sin nuestro consentimiento.
Las relaciones entre proveedores y consumidores en Ecuador son tan desequilibradas que las denuncias ciudadanas sobre incrementos unilaterales, cobros duplicados, facturación confusa y publicidad engañosa se multiplican. La calidad de bienes y servicios que recibimos es muchas veces distinta a la que ofrece la publicidad. Todo esto es ilegal. Y es tanto o más grave que las empresas trafiquen nuestros datos personales a nuestras espaldas. Las operadoras atentan contra nuestra privacidad y contra el derecho de no ser partícipes de prácticas abusivas de mercado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho a la protección de nuestros datos personales como una responsabilidad de los estados. La publicidad engañosa o abusiva y los “métodos comerciales coercitivos o desleales” son prácticas ilegales que se han naturalizado. No conocer nuestros derechos como usuarios nos hace proclives a los abusos. ¿Cómo el Estado y las empresas operadoras garantizarán la protección de nuestros datos personales, más allá de las firmas sobre los papeles? ¿Seremos capaces los usuarios de atender esas llamadas por última vez para exigir libremente que no se repitan?