Abuso de autoridad

Roque Rivas Zambrano

La imagen parece de archivo. Oficiales de la Policía Nacional forman un círculo y patean simultáneamente a Julio Estrella, fotoperiodista de El Comercio. La reportera que graba la escena les grita: “¡Ey, somos prensa”, pero los uniformados hacen caso omiso a la declaración y continúan propinándole golpes a quien, minutos antes, realizaba su trabajo: documentar las protestas en contra de las medidas económicas impuestas por el gobierno de Lenín Moreno.

En medio del caos se escucha reclamos de los reporteros que cuestionan a las fuerzas del orden: “Estamos haciendo nuestro trabajo ¿Por qué nos agreden?”. Los reportes de los ciudadanos del paro nacional dibujan una ciudad como la 1983, cuando el mandatario Oswaldo Hurtado adoptó medidas que incluían el incremento del precio de productos básicos como la leche y la devaluación del sucre. Al igual que en aquel entonces, las calles lucen desoladas; la gente no se puede movilizar, porque no hay transporte público; los locales están cerrados y la violencia se impone en las protestas.

Es el Quito de León Febres Cordero (1984 y 1988), cuando los ciudadanos luchan en contra del autoritarismo, de las políticas neoliberales, del alza de la gasolina y la precarización laboral. La historia se repite y, con ella, las acciones de represión policial contra ciudadanos que reclaman sus derechos. Golpear periodistas, quitarles sus herramientas de trabajo, obstaculizar el registro de los acontecimientos, no es suficiente para esconder la brutalidad con la que ejercen el poder, es solo un atentado más contra la libertad de expresión.

El comunicado que se difundió desde la Secretaría General de Comunicación, en el que se rechazan los actos violentos contra la prensa, no es más que un formalismo que debe traducirse en sanciones reales para quienes se valieron de su autoridad para ultrajar.

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