No se han equivocado los investigadores del comportamiento social de las naciones, cuando en sus evaluaciones han colocado al Ecuador entre los países más corruptos del planeta. Lo que acaba de acontecer con el contrato entre el Tribunal Supremo Electoral y la empresa brasileña E-VOTE, para verificar el conteo rápido de las últimas elecciones no puede ser más elocuente. Un atraco al erario nacional sin el menor rubor. Pero lo más grave viene ocurriendo en la educación, segmento que se supone es el más importante de todo Estado.
La Ley de Carrera Docente y Escalafón, expedida por el Congreso Nacional y avalada por Rodrigo Borja, a la sazón presidente de la República, quiso preservar el derecho de los niños y jóvenes a prepararse, tanto del campo como de los sectores menos protegidos y dispuso que “las partidas asignadas en el presupuesto para autoridades, docentes, personal administrativo y de servicio, se crean exclusivamente destinadas a las instituciones educativas, según sus necesidades debidamente programadas, por lo que si algún docente u otro personal se cambiare, deberá optar por otra partida, preservando el derecho de los estudiantes y de la institución educativa” (Art. 27). Para complementar esta disposición, el Art. 28 de la referida Ley dice: “Prohíbese los pases administrativos en todos los niveles del sistema educativo. Cuando un docente sea requerido para cumplir otros servicios, deberá ser declarado en comisión de servicios”.
Estas disposiciones no se han venido respetando y los directivos de turno del país se han burlado de ella, para favorecer a amigos o recibir “algo” a cambio. El Ministerio de Educación, ante tal corrupción, pidió al presidente Palacio la reforma al Reglamento, recientemente, y dispuso que se sancione con separación del cargo a los infractores de la Ley de Carrera Docente y Escalafón. Sin embargo, el errado comportamiento -por decir lo menos- de ciertos “interesados en servir” ha conducido a que las personas que respetan la Constitución, la Ley y los reglamentos sean calificadas de obstruccionistas y se ha llegado al extremo de separar de su legítimo cargo a quienes cumplen las normas jurídicas que rigen a la nación.
Nos hallamos ante el peor de los males: la desvergüenza. Cuando los corruptos no se detienen ante nada ni ante nadie, apuñalan por la espalda a sus amigos y queriendo sacar provecho económico de un derecho fundamental de la humanidad: la educación, estamos a un paso de desplomarnos como los viejos imperios pervertidos del pasado que asolaron al universo, antes de caer ante la fuerza de la verdad.