Autoridades de Gobierno cuestionaron el pronunciamiento del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien durante una asamblea indígena el fin de semana, en Macas, habló a sus bases sobre la necesidad de crear un Ejército: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria; tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, le recordó que crear un ejercitó es algo que está impedido para cualquier persona en el país, ya que es una competencia legal del Estado: “Cualquier intento de pretender (constituir) una organización armada o de fuerza por fuera de las Fuerzas Armadas o de la Policía, no solamente que no corresponde en un Estado de Derecho, sino que está tipificado en el Código Penal”.
El asambleísta Esteban Torres (PSC) confirmó que lo dicho por Vargas es un delito sancionado por el Código Penal, por lo que tiene que ser investigado: “Corroborarían lo que dijo el Ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), de que en efecto hay grupos con armas, grupos insurgentes que se quieren revelar contra el Estado”.
Investigación en marcha
El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan, agregó que cualquier anuncio sobre la creación de un ejército paralelo es un delito y le corresponde a la Fiscalía y a los jueces actuar al respecto. Agregó que al Ejecutivo le preocupa lo manifestado por el líder indígena ya que Ecuador cuenta con un Ejército enmarcado en las Leyes y la Constitución.
El Dato
Vargas, durante las manifestaciones, pidió a las Fuerzas Armadas que desconozcan al Gobierno de Moreno. Lo anunciado por Vargas ya tiene repercusiones. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta Twitter, emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado una investigación previa en base al Art. 349 del Código Penal.
El mencionado artículo se relaciona a los grupos subversivos y establece: “La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de la libertad de cinco a siete años”.
Sin embargo, también a través de un comunicado, la Conaie aseguró que lo manifestado por su presidente tenían relación a la formación de la guardia indígena que nace de su “derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”. Agrega que el objetivo de esta guardia es la vigilancia, alarma, control, protección y defensa de sus territorios. (HCR)
Autoridades de Gobierno cuestionaron el pronunciamiento del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien durante una asamblea indígena el fin de semana, en Macas, habló a sus bases sobre la necesidad de crear un Ejército: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria; tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, le recordó que crear un ejercitó es algo que está impedido para cualquier persona en el país, ya que es una competencia legal del Estado: “Cualquier intento de pretender (constituir) una organización armada o de fuerza por fuera de las Fuerzas Armadas o de la Policía, no solamente que no corresponde en un Estado de Derecho, sino que está tipificado en el Código Penal”.
El asambleísta Esteban Torres (PSC) confirmó que lo dicho por Vargas es un delito sancionado por el Código Penal, por lo que tiene que ser investigado: “Corroborarían lo que dijo el Ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), de que en efecto hay grupos con armas, grupos insurgentes que se quieren revelar contra el Estado”.
Investigación en marcha
El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan, agregó que cualquier anuncio sobre la creación de un ejército paralelo es un delito y le corresponde a la Fiscalía y a los jueces actuar al respecto. Agregó que al Ejecutivo le preocupa lo manifestado por el líder indígena ya que Ecuador cuenta con un Ejército enmarcado en las Leyes y la Constitución.
El Dato
Vargas, durante las manifestaciones, pidió a las Fuerzas Armadas que desconozcan al Gobierno de Moreno. Lo anunciado por Vargas ya tiene repercusiones. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta Twitter, emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado una investigación previa en base al Art. 349 del Código Penal.
El mencionado artículo se relaciona a los grupos subversivos y establece: “La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de la libertad de cinco a siete años”.
Sin embargo, también a través de un comunicado, la Conaie aseguró que lo manifestado por su presidente tenían relación a la formación de la guardia indígena que nace de su “derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”. Agrega que el objetivo de esta guardia es la vigilancia, alarma, control, protección y defensa de sus territorios. (HCR)
Autoridades de Gobierno cuestionaron el pronunciamiento del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien durante una asamblea indígena el fin de semana, en Macas, habló a sus bases sobre la necesidad de crear un Ejército: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria; tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, le recordó que crear un ejercitó es algo que está impedido para cualquier persona en el país, ya que es una competencia legal del Estado: “Cualquier intento de pretender (constituir) una organización armada o de fuerza por fuera de las Fuerzas Armadas o de la Policía, no solamente que no corresponde en un Estado de Derecho, sino que está tipificado en el Código Penal”.
El asambleísta Esteban Torres (PSC) confirmó que lo dicho por Vargas es un delito sancionado por el Código Penal, por lo que tiene que ser investigado: “Corroborarían lo que dijo el Ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), de que en efecto hay grupos con armas, grupos insurgentes que se quieren revelar contra el Estado”.
Investigación en marcha
El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan, agregó que cualquier anuncio sobre la creación de un ejército paralelo es un delito y le corresponde a la Fiscalía y a los jueces actuar al respecto. Agregó que al Ejecutivo le preocupa lo manifestado por el líder indígena ya que Ecuador cuenta con un Ejército enmarcado en las Leyes y la Constitución.
El Dato
Vargas, durante las manifestaciones, pidió a las Fuerzas Armadas que desconozcan al Gobierno de Moreno. Lo anunciado por Vargas ya tiene repercusiones. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta Twitter, emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado una investigación previa en base al Art. 349 del Código Penal.
El mencionado artículo se relaciona a los grupos subversivos y establece: “La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de la libertad de cinco a siete años”.
Sin embargo, también a través de un comunicado, la Conaie aseguró que lo manifestado por su presidente tenían relación a la formación de la guardia indígena que nace de su “derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”. Agrega que el objetivo de esta guardia es la vigilancia, alarma, control, protección y defensa de sus territorios. (HCR)
Autoridades de Gobierno cuestionaron el pronunciamiento del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien durante una asamblea indígena el fin de semana, en Macas, habló a sus bases sobre la necesidad de crear un Ejército: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria; tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, le recordó que crear un ejercitó es algo que está impedido para cualquier persona en el país, ya que es una competencia legal del Estado: “Cualquier intento de pretender (constituir) una organización armada o de fuerza por fuera de las Fuerzas Armadas o de la Policía, no solamente que no corresponde en un Estado de Derecho, sino que está tipificado en el Código Penal”.
El asambleísta Esteban Torres (PSC) confirmó que lo dicho por Vargas es un delito sancionado por el Código Penal, por lo que tiene que ser investigado: “Corroborarían lo que dijo el Ministro de Defensa (Oswaldo Jarrín), de que en efecto hay grupos con armas, grupos insurgentes que se quieren revelar contra el Estado”.
Investigación en marcha
El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan, agregó que cualquier anuncio sobre la creación de un ejército paralelo es un delito y le corresponde a la Fiscalía y a los jueces actuar al respecto. Agregó que al Ejecutivo le preocupa lo manifestado por el líder indígena ya que Ecuador cuenta con un Ejército enmarcado en las Leyes y la Constitución.
El Dato
Vargas, durante las manifestaciones, pidió a las Fuerzas Armadas que desconozcan al Gobierno de Moreno. Lo anunciado por Vargas ya tiene repercusiones. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta Twitter, emitió un comunicado en el que informó que ha iniciado una investigación previa en base al Art. 349 del Código Penal.
El mencionado artículo se relaciona a los grupos subversivos y establece: “La persona que promueva, dirija o participe en organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos o células terroristas destinadas a subvertir el orden público, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o interferir su normal desempeño, será sancionada con pena privativa de la libertad de cinco a siete años”.
Sin embargo, también a través de un comunicado, la Conaie aseguró que lo manifestado por su presidente tenían relación a la formación de la guardia indígena que nace de su “derecho a la autodeterminación y es una parte constitutiva del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente”. Agrega que el objetivo de esta guardia es la vigilancia, alarma, control, protección y defensa de sus territorios. (HCR)