Redacción QUITO
A través de un comunicado oficial, el ministerio de Economía y Finanzas defendió la gestión realizada durante 2018, sobre todo con respecto a la reducción del déficit fiscal. Además puntualizó que se heredó una situación económica insostenible.
“El Gobierno Nacional heredó una economía enferma, con grandes desbalances y al borde del colapso. Sanarla y poner los números en orden fueron los principales objetivos, en materia económica, que se planteó el Régimen al inicio de su administración. Todo, para recuperar confianza, atraer nuevas inversiones y generar empleo”, dijo.
Así, al cierre del 2018, según el ministerio, el déficit fiscal llegó a 3.332,9 millones de dólares (3,0% del PIB), es decir, 42,9% menor al registrado en el 2017. “Si no se hubiera hecho nada, el déficit habría bordeado el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero, a través de un manejo responsable, transparente y disciplinado de los recursos públicos, se logró reducirlo a un nivel que es el más bajo de los últimos seis años”, añadió el comunicado.
Este positivo resultado se explica de acuerdo a la dependencia estatal. Por un lado, por el incremento de los ingresos, principalmente de la recaudación tributaria, derivado del proceso de remisión de deudas e intereses, contemplado en la Ley de Fomento Productivo. Por el otro lado, los gastos se manejaron bajo un esquema de optimización, priorizando todos los recursos necesarios para los sectores de Bienestar Social, Educación, Salud y Defensa.
Por esa razón, si bien el gasto en personal y bienes y servicios de consumo aumentó, esto se debió a la importancia de estas áreas en cuanto a sus insumos y personal médico, docente y de seguridad que satisfagan los programas y nueva infraestructura social.
En cuanto al Plan Anual de Inversiones, se resaltó el reordenamiento de los proyectos de inversión, ya que una parte significativa de ellos no tenía financiamiento para su ejecución. Sin embargo, según el ministerio se priorizó la inversión en el sector social, cumpliendo con todos los programas previstos en Educación, Salud y Bienestar Social. Adicionalmente, se efectuaron transferencias de capital por 4.000 millones, entre las que se incluyeron asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), conforme el modelo de equidad territorial. (JS)