El Ministerio de Educación confirma 882 denuncias en tres años, pero Unicef dice que esa es una ínfima muestra de la verdad.
Entre 2010 y 2011, 41 niños fueron violados y agredidos físicamente por su profesor en la academia Pedro Traversari (Aampetra), de Quito. Todo pasó en el aula de clases. Dos casos en el colegio La Condamine han horrorizado a todo el país. Y en esta semana, la Fiscalía reveló que presume que unos 100 niños podrían haber sido violados por dos profesores y un inspector en el baño del colegio réplica Aguirre Abad, de Guayaquil. Un colegio público, bajo la rectoría directa del Ministerio de Educación.
La directora del Plan Internacional, Rossana Viteri, dice que estos casos se vuelven emblemáticos por la cobertura periodística o por las luchas de los familiares, pero que, en realidad existen muchos más. “Tenemos casos Aampetra o casos Aguirre Abad todos los días”.
Viteri lanza la pregunta que muchos se están haciendo en este preciso momento: “¿En cuántos colegios más ha pasado? ¿Por qué las autoridades de esos colegios no se dieron cuenta?”.
Entre 2014 y 2017, el Ministerio de Educación ha receptado 882 denuncias por delitos sexuales en los colegios del país. Son 220 denuncias por año. El 63,6% (561) cometidos por personas vinculadas al sistema educativo y el 46,4 % (321) por personas externas.
De estos casos, 445 son por acoso sexual, 321 por abuso sexual, 97 por violación, 10 por estupro, cuatro por distribución de material pornográfico, dos por explotación sexual, entre otros, refiere un estudio de esta cartera.
“Estamos hablando de un flagelo a nuestra niñez y adolescencia. El momento en que un niño es violentado, nos sentimos violentados como sistema educativo, como sociedad”, reconoció ayer el ministro de Educación, Fánder Falconí.
40%
de los familiares que abusan de un menor, lo hace varias veces, según Unicef. La información recopilada por el Ministerio da cuenta de que solo en lo que va de 2017 han ingresado 391 denuncias por presunción de delitos sexuales, el año pasado se recogieron 389 y 88 en 2015.
“La tendencia con crecimiento de los datos no necesariamente responde a casos que se han generado este año, sino que son muchos casos que ya estuvieron dentro del sistema educativo en años posteriores”, adujo Pablo Ormaza, asesor de la institución.
Pero Viteri va más allá. Para ella, estos casos evidencian “una vulnerabilidad del sistema educativo”. “El Ministerio de Educación seguramente dirá que ya existen las rutas y las normativas. Pero, en la práctica, esto toma mucho tiempo”.
Según explica Ludimila Palazzo, especialista en protección de Unicef, en Quito, si una víctima puede pagar un abogado privado de primera, lo cual le costaría alrededor de 20.000 dólares, puede llegar a obtener una sentencia en unos tres años. Pero si no tiene ese dinero, debe recurrir a un defensor público y ese defensor público resulta “bueno”, el caso puede durar hasta cinco años. Ahora si ese defensor público no es bueno, quién sabe cuánto puede llegar a durar.
1
de cada 3 víctimas asegura que nunca le creyeron al denunciar, dice Unicef. “Hoy, la impunidad o el silencio protege a los abusadores, no a los niños. La Justicia debe priorizar los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes. No hay nada más grave que eso. Que los abusadores sepan que sí van a ser sancionados”, declara.
Como una de las primeras medidas, sugiere que se empiece a validar ágilmente la única prueba que, generalmente, puede haber en estos casos: el testimonio de la víctima.
La Hora consultó en el Consejo de la Judicatura sobre cuántas sentencias se han dado por este tipo de casos, pero hasta el cierre de esta edición, la respuesta fue que no contaban con esa información.
Sin embargo, según Unicef, pese a que las cifras entregadas son alarmantes, representan apenas una mínima parte de los casos reales, porque la gran mayoría no se denuncia.
Medidas
Por estos casos, según el Ministerio, se han levantado 453 sumarios administrativos en los últimos tres años. Desde mediados de este año, dispuso protocolos para la selección de nuevos docentes, de tal forma que no solo se evalúen los conocimientos del aspirante, sino que cumplan con una prueba sicométrica, con sus componentes de razonamiento y personalidad.
15%
del total de casos de abuso es denunciado. Pero, desde la Comisión especial de la Asamblea que analiza esta problemática y que lleva por nombre Aampetra y desde la organización Rescate Escolar Civil se exige un “resultado más frontal” al Ministerio, más allá de los acuerdos y lineamientos que se han adoptado hasta ahora.
El legislador Franklin Samaniego (PAIS) cuestionó que algunos profesores acusados de abusos sean reubicados, mientras Héctor Muñoz, otro asambleísta, sugirió que se pidan los antecedentes personales a quienes ingresan al Magisterio.
En sintonía con la pregunta de la consulta popular para declarar como imprescriptibles los procesos por delitos sexuales en el ámbito educativo, Falconí sugirió una reforma legal para que también lo sean en la parte administrativa. (ASC/RVD/DAB/IFP)
Las denuncias Entre 2014 y 2017
Casos vinculados con el contexto escolar
450 docentes los involucrados
45 compañeros de la institución educativa de la víctima
38 compañeros de colegio, pero no necesariamente de la misma aula
13 personal de limpieza o conserjes
9 personal administrativo
6 autoridades institucionales
Casos externos al sistema educativo
180 se relacionan con parientes como padres, madres, padrastros o tíos
69 no se conoce la identidad de los autores
57 acusados son conocidos de la víctima, amigos de la familia, vecinos
5 amigos directos de la víctima que estudian en planteles distintos
4 enamorados
4 choferes de buses escolares
2 otros
Rectora del Aguirre Abad despedida e investigada
Redacción GUAYAQUIL
El Ministerio de Educación ordenó una intervención integral al colegio réplica Aguirre Abad, ubicado en el sector de Mapasingue, en el norte de Guayaquil. La acción implica a todo el personal docente y. Esto, luego de los casos de abuso sexual que varios profesores cometieron contra algunos niños de la sección básica.
El ministro de Educación, Fander Falconí, confirmó la separación de la Rectora del plantel por no denunciar a tiempo los casos, que los padres de familia pusieron en su conocimiento.
Además, la Fiscalía abrió contra ella una indagación por impedir el acceso al fiscal César Peña y a la Policía, la mañana del miércoles, cuando acudieron a cumplir con una diligencia. Según el fiscal Peña, la acción de la rectora favoreció a la fuga de uno de los sospechosos.
Por este caso existe un detenido. Patricia Morejón, fiscal de Guayas, aseguró que el procesado no está en indefensión y que se le seguirá el debido proceso. Se hará una pericia a su teléfono celular, donde había imágenes de los niños. En los próximos días, el docente deberá rendir su versión sobre los hechos.
La Fiscalía investiga 10 denuncias, hasta el momento y que 3 niños más serán sometidos a exámenes médicos. “Mientras no hagamos la pericia no podemos tener datos ciertos”, explicó.
No obstante, la subsecretaria Érika Laínez se reunió con los padres y ofreció sanciones y apoyo sicológico a las víctimas y a sus familiares.
Responsabilidades
5,3%
de los casos denunciados recibe sanción. Gino Escobar, sicólogo clínico, opina que alrededor de estos casos existe una responsabilidad compartida. “Habría que intervenir a todo el entorno social y la revictimización debe ser vigilada porque lo que hace es seguir agrandando el impacto del evento y se la debe detener, por el susto y el miedo que provoca a los niños y a los padres”. Cree que el problema se deriva de una mala formación de la estructura social. “Habría que ver si la sanción legal ayuda a resarcir la parte sicológica afectada”, agregó.
Escobar estimó que los casos denunciados son consecuencia de una falla integral debido a la falta de parámetros de prevención en el plantel. “Los protocolos sobre educación sexual no solo deben ser dirigidos a los alumnos, también a los maestros, para que se autocontrolen emocionalmente. La evaluación semestral o anual al maestro es otro punto vital, para definir si el educador está preparado para controlar temas afectivos o de sexualidad”.
MI OPINIÓN EN 30 SEGUNDOS
‘Violar un niño es equivalente a asesinarlo’
Pedro Granja, abogado guayaquileño
Lo que ha pasado es monstruoso. En el caso existen registros de denuncias previas que reposaban en el Distrito en contra del violador. Aquí hay cómplices. Aquí deben ser procesados penalmente. Pues hay, por lo menos, la omisión del deber de socorro.
Quien abusa sexualmente de un niño debe ser neutralizado mediante un circuito de custodia cognitiva porque su accionar es un foco de peligro para otras potenciales víctimas y eso no se soluciona haciendo sus aberraciones imprescriptibles porque si sigue en la calle seguirá violando todos los días otro menor.
A estos sujetos tampoco se los neutraliza con la castración porque si usted les amputa el pene y los deja salir van a seguir dañando criaturas con los dedos, con la boca, con lo que encuentren y pueda hacer las veces de un falo.
Por eso, desde el lunes 16 vamos a arrancar a receptar firmas de personas que realmente estén dispuestos a que se produzca una reforma en el COIP. El violador de niños debe ser tratado así: 1. Adelantando la punibilidad (en perspectiva de hecho futuro). Es decir, lo mantenemos encerrado para evitar que viole al salir. 2. Las penas deben ser mayores a 80 años y los cómplices deben ser condenados al menos a 25 años de cárcel. 3. Determinadas garantías procesales deben ser relativizadas o incluso suprimidas.
¿ Cómo prevenir el abuso sexual?
