23 de ellas murieron con armas de fuego y blancas, y otras 23 fueron quemadas. Las muertes revelan la falta de seguridad en los centros penitenciarios.
La Policía Militar de Orden Público (PMO) asumirá a partir del 1 de julio el control de todas las cárceles de Honduras, tras la muerte el martes de al menos 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cuya identificación continúa este jueves.
No será la primera vez que las Fuerzas Armadas de Honduras asuman el control de las cárceles, las que algunos sectores las definen como «universidades del crimen» y altamente peligrosas, porque en muchas de ellas el control lo ejercen bandas criminales.
Una muestra de la inseguridad, la violencia y el control que ejercen las bandas criminales en la prisiones hondureñas, son los más de 1.000 privados de libertad asesinados en las últimas tres décadas.
Las cárceles con más crímenes registrados son las de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país; seguidas de las de las granjas penales de Comayagua y El Porvenir, en las que murieron más de 600 reclusos entre 2003 y 2012.
A raíz de la muerte de al menos 46 mujeres en el Cefas, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruyó el miércoles a las Fuerzas Armadas para que la Policía Militar de Orden Público asuma a partir del 1 de julio el control de todas las cárceles del país, durante un año.
En ese tiempo, la PMOP deberá «reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)».
Castro también instruyó a las Fuerzas Armadas para que habilite las Islas del Cisne, en el Caribe, «como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados».
Las Islas del Cisne se localizan al oeste de Honduras, en el Caribe, muy distantes de tierra, lo que mantendría a los privados que sean enviados a ese lugar, alejados de todo.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21.000 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es para unos 15.000 reclusos, según fuentes oficiales.
En la mayoría de las prisiones, con edificios obsoletos, hay hacinamiento, lo que también contribuye a que sean de alta peligrosidad.
Viceministra de Seguridad dice que no tuvo apoyo
La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 restantes calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien el miércoles fue separada como titular de la Comisión Interventora de los centros penales, creada en abril por la presidenta hondureña, dijo hoy al Canal 5 de televisión, en Tegucigalpa, que el crimen múltiple en el Cefas fue planificado «adentro y afuera» de la prisión.
Añadió que en las cárceles impera una red de corrupción y tráfico, y que no contó con el apoyo que esperaba de parte de un sector de la Policía Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad.
La corrupción en las prisiones, según Villanueva, se extiende a las compras que se hacen para su funcionamiento.
Señaló además que cuando quiso intervenir la cárcel de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país, conocida como El Pozo y de «máxima seguridad», el acompañamiento que tuvo fue «escaso, casi nulo».
Continúa la identificación de las mujeres quemadas
Mientras las autoridades investigan lo ocurrido en el Cefas y los familiares de las 46 mujeres muertas exigen justicia y castigo a los culpables, el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público continuaba este jueves con la identificación de las 20 que restan.
«Hasta ahora han sido plenamente identificadas 26 de las 46 mujeres fallecidas«, dijo a los periodistas la portavoz del Ministerio Público, Issa Alvarado.
Añadió que no se sabe cuándo estarán identificados los 20 cuerpos calcinados que restan y que equipos de especialistas trabajan con sus familiares para hacer el reconocimiento lo más pronto posible. (EFE)