El organismo de control encontró irregularidades en las recaudaciones por el servicio de agua potable, en la Empresa de Saneamiento de Babahoyo, y en la entrega de recursos para un contrato suscrito por el Municipio de Valencia.
La Contraloría remitió a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) para tres funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo (Emsaba), que se desprenden del examen a la recaudación, depósito y registros por el suministro de agua potable.
La segunda resolución es para el gerente general y un exaccionista de la contratista a cargo de los estudios de infraestructura de agua potable, que se desprende del examen a los procesos de contratación de bienes, obras y servicios realizados por el Municipio de Valencia. Tres funcionarios de Emsaba han sido procesados por el presunto delito de peculado, se habrían ‘llevado’ casi un millón de dólares.
Como pólvora se regó la noticia de un presunto perjuicio económico a Emsaba EP, de casi un millón de dólares, por parte de tres funcionarios de dicha empresa, los cuales, dos de ellos ya no laboran en la institución, sin embargo, uno aún está trabajando desde el año en que ocurrieron estas presuntas anomalías.
En referencia al boletín de prensa #028 emitido el 03 de junio del 2022 por la Dirección Nacional de Comunicación de la Contraloría General del Estado (CGE), cabe destacar que este es el segundo examen, el cual refiere el hallazgo de indicios de responsabilidad por acciones de supuestos perjuicio económicos ocasionados a Emsaba EP.
Dicho prejuicio habrían sido ejecutados desde las áreas de Sistemas y Recaudación (caja #4) por funcionarios de la empresa en el periodo 2011 al 2017. “Este boletín corresponde a una segunda parte de una investigación que dio inicio en el 2014, donde se hace una revisión interna de los procesos que se encontraron, y se detectan que habían anomalías en la recaudación de una de las cajas. Cuando esto sucede, se toma contacto con la Contraloría y se hace la contratación de una auditoría externa, la cual contó con el aval de la CGE, la cual realiza los exámenes desde el año 2011 al 2015, donde se encuentra que en el área de sistemas y en una de las cajas de recaudación de la empresa, se detectan movimientos anómalos, de un aproximado de 800 mil dólares”, sostuvo Rosalía Ordóñez gerente Emsaba EP.
Según la funcionaria, dichos valores no ingresaron a las cuentas de la empresa, pero esto ya se estaba investigando años atrás, lo que ha hecho conocer ahora la CGE es la segunda parte de la investigación, la cual corresponde a los años 2016 – 2020, y es aquí donde se hace el hallazgo de más pruebas entre el año 2016 y 2017, lo cual no constaba en el primer informe.
Se le consultó a la titular de la empresa sobre qué se sabe de todo este dinero y a donde fue a parar, y ella mencionó. “La presunción de inocencia es un derecho, el cual todos tenemos, sin embargo, estos hallazgos demuestran que hubieron tres funcionarios involucrados en este asunto”, sostuvo.
¿Cómo operaban?
Lo que se presume es que, llegaba el usuario, cancelaba su planilla, se generaba un recibo de pago, pero a la caja de la empresa no ingresaba el valor total del dinero. Cabe indicar que el usuario no era perjudicado, pero sí Emsaba.
“Había una puerta trasera en el sistema informático, (así se denomina cuando hay estas irregularidades), el cual permitía esta doble comprobante de pago, todo en complicidad con la caja número 4, como lo dice Contraloría”, refirió Rosalía Ordóñez.
Detalles del proceso jurídico
De su lado, Guillermo Falconí, director jurídico de Emsaba, aseguró que se está llevando el proceso como lo indica la ley, y que ya se ha presentado una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado (FGE), para llevar el tema a instancias legales.
“Esta es una obligación que tiene la Contraloría luego de que hacen los exámenes a las instituciones públicas, es decir, cuando existen indicios de responsabilidad pecuniaria. Ellos tienen la obligación en este caso por ser un acto doloso de pasarlo a la Fiscalía”, acotó el funcionario.
El tema habría empezado supuestamente en la administración de la exalcaldesa Kharla Chávez, posteriormente, cuando estuvo a cargo el exalcalde Johnny Terán, el presunto peculado habría continuado, y es ahí donde se contrata la auditoría para investigar este caso.
“Es aquí donde se pide este examen, porque siempre es bueno que, cuando uno empieza una administración ver como han dejado una institución. Ante esto se contrató a la empresa que hizo la auditoría. Estos informes fueron aprobados por la dirección provincial de la Contraloría y luego en Quito. Tenemos la plena convicción de que vamos a salir victoriosos en esta batalla jurídica. En este proceso investigativo hemos lograremos que sean sancionados, como señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la prisión para los que están inmersos en esto, adicional recuperar el dinero que le pertenece a la empresa”, puntualizó Falconí.
Cabe mencionar que los presuntos funcionarios involucrados en este tema fueron dos de sistema y una cajera del arca número cuatro. Dos de ellos renunciaron de manera voluntaria, y uno aún labora en la institución, asignado a la zona rural del cantón Babahoyo.
Observación al Municipio de Valencia
La Contraloría examinó también el proceso de contratación para el desarrollo de estudios y diseños de infraestructura del sistema de agua potable, para tres comunidades del cantón Valencia, que tuvo un costo de USD 85.193.
La auditoría habría determinado que el proceso no contó con evidencia de ofertas técnicas y económicas con las que se definió el presupuesto referencial. Se identificó que el contrato no fue supuestamente suscrito por el gerente general de la contratista, sino a través de un intermediario que no fue parte de la empresa consultora.
Por este proyecto se habría entregado injustificadamente USD 57.087, en calidad de anticipo y pago de planilla de www.contraloria.gob.ec @ContraloriaECU Contraloría General del Estado Ecuador avance, debido a que no se verificó la autenticidad de los certificados de garantías de fiel cumplimiento y a que los productos del contrato se entregaron incompletos y fuera de plazo.
La Hora buscó también la versión del alcalde del cantón Valencia o de otro funcionario, para hablar sobre este tema, pero extraoficialmente se nos informó que el proceso está en indagación previa, que por eso no se pueden pronunciar. (DLH)