La implementación de medidas como la virtualidad en las instituciones y el toque de queda ha provocado una disminución del uso de los servicios en un 30%.
Desde el 8 de enero de 2024, día en el que empezó a regir en el país un estado de excepción, el sector del taxismo lojano ha presentado bajas en términos económicos debido a que la medida incluye restricción a la libertad de tránsito o toque de queda desde las 23:00 a 5:00.
Germán Tamayo, presidente de la Unión Provincial de Taxistas, expone que la disminución en la demanda de sus servicios comenzó cuando las instituciones públicas adoptaron la virtualidad debido a la emergencia nacional. «Es preocupante porque, a pesar que volvieron a sus labores presenciales, el uso de nuestro servicio es bajo en estos días”.
Agregó que otro golpe significativo proviene de las escuelas, colegios y universidades, ya que suelen ser usuarios frecuentes de sus unidades para movilizarse diariamente. “Con este cambio de modalidad en las clases, el perjuicio es grande para nosotros”.
El dirigente dio a conocer que se han reunido con autoridades provinciales y cantonales para analizar la posibilidad de circular libremente durante el horario de restricción, considerando que la ciudad se encuentra resguardada por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. “Nos indicaron que, de acuerdo al análisis realizado en horas de la noche, hay bajos niveles de inseguridad, por ello están evaluando la situación con la posibilidad de poder circular en este horario”.
En relación con la reducción del servicio, Tamayo informó que ha sido de aproximadamente el 30% en los últimos días. “Tenemos la esperanza que en los siguientes días se pueda volver a la normalidad. En nuestra provincia no se han registrado mayores novedades, por ello es necesario que las autoridades transmitan calma a la ciudadanía y nos brinden garantías para realizar nuestro trabajo tanto en el día como en la noche”.
Excepciones
El decreto 110 exceptúa de la restricción a:
- Servicios de salud de la red de salud pública integral y de la red privada complementaria.
- Seguridad y fuerza pública, seguridad privada complementaria y los servicios de gestión de riesgos y atención de emergencias.
- Servicios de emergencia vial.
- Servidores públicos de Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, cuerpo diplomático acreditado.
- Servidores públicos o personal contratista de entidades públicas que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de servicios públicos.
- Personas que formen parte de una cadena logística.
- Quienes se deben trasladar desde y hacia aeropuertos por vuelos programados.
- Abogados que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial, funcionarios de la Corte Constitucional y servidores de la Función Judicial.
- Trabajadores de medios de comunicación social.
- Trabajadores de sectores estratégicos y servicios públicos definidos como tales en la Constitución.
- Personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva.
EL DATO
La medida dura 60 días, desde el 8 de enero hasta el 8 de marzo, a menos de que las autoridades decidan extenderla por 30 días adicionales.