La Comisión de Legalización y Fiscalización del Municipio de Loja dio a conocer los resultados preliminares de la investigación llevada a cabo tras la denuncia presentada por Diana Aguilar, excomisaria de Ambiente y Minería, por presunto tráfico de influencias. Según los informes, el alcalde Franco Quezada no sería considerado responsable, aunque miembros cercanos de la autoridad cantonal podrían estar involucrados.
Pablo Quiñonez, miembro de la comisión, explicó que se actuó conforme al artículo 8 de la Ordenanza de Procedimiento Parlamentario, recopilando evidencias y solicitando un informe pericial para contrastar la denuncia. Tras analizar la información, se elaboró un informe con conclusiones y recomendaciones, entregándose copias a la Fiscalía General del Estado (FGE), que actualmente tiene el caso en investigación.
Implicados
John Espinoza, presidente de la comisión, detalló que la exfuncionaria Aguilar señaló a Franco Quezada (alcalde), Verónica Calva (asesora), Geovanny Jaramillo (coordinador general) y Montserrat Castillo (actual Comisaría de Ambiente) como implicados. La denuncia se basa en presiones para favorecer ciertos procesos administrativos, los cuales la comisión constató que tenían bases sancionatorias caducas.
El edil destacó la existencia de archivos de audio y mensajes de WhatsApp que involucran a Andrea Regalado, funcionaria municipal, consultando a Jaramillo sobre multas impuestas. Además, se revelaron comunicaciones de Verónica Calva. “Hay mensajes donde solicita a la excomisaria dejar los procedimientos y sanciones, sin efecto”.
Pablo Carrión, otro miembro de la comisión, resaltó que los peritajes realizados a los audios y chats indican que el alcalde no estaba directamente comprometido en el presunto tráfico de influencias. Sin embargo, señaló que, dado el compromiso de otros funcionarios en los mensajes mostrados, la denunciante podría presentar una nueva denuncia ante la Comisión de Mesa, apuntando directamente al burgomaestre con pruebas adicionales.