El fiscal subrogante Wilson Toainga solicitó la pena máxima de 4 años de prisión, establecida en el Código Orgánico Integral Penal, contra la exlegisladora lojana Nívea Vélez, quien es procesada por el presunto delito de concusión.
«Las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Vélez exigió, en otro sonado caso de diezmos en la Asamblea, contribuciones indebidas a sus subalternos, mismas que provenían de sus salarios como funcionarios de su despacho«, manifestó Toainga en el quinto día de audiencia de juicio.
Antecedentes
El proceso judicial inició en el 2019 por una denuncia que hizo el ex asesor de Vélez, Vicente Ogoño Granda, acusándole por el presunto delito de concusión, por cobros que habría realizado cuando fue asambleísta de la provincia de Loja en el período 2009-2013.
En ese entonces, Ogoño fue asesor de la exlegisladora, y, según la denuncia, se le habría obligado a depositar la mitad de su sueldo durante el tiempo que laboró para la acusada. Ese dinero, más de 28 mil dólares, habría ido a cuentas del partido político de Vélez para temas de logística.
Tras conocerse el caso, se impusieron medidas cautelares contra la acusada como: prohibición de salida del país, la presentación periódica, es decir, una vez a la semana ante la Corte Provincial de Justicia, prohibición de enajenar sus bienes y la retención de fondos de hasta 32 mil dólares. Por su parte, la Fiscalía solicitó la colocación del grillete electrónico, pero el juzgado no acogió este pedido.
EL DATO
Un exfuncionario de su despacho la acusó de haberle pedido 40 mil dólares para conservar su empleo.